La primera ejecución de una condena a muerte en 23 años se cumplió esta semana en Filipinas, pero no pondrá fin al complejo debate que este tipo de sanciones origina en este país asiático.
Con la ejecución mediante la inyección de sustancias letales de Leo Echegaray, condenado en 1994 por violar en reiteradas ocasiones a su hija de 10 años, Filipinas vuelve a la lista de países que aplica la pena de muerte, de la que se había retirado tras la dictadura de Ferdinando Marcos.
Son pocos los países que prevén la pena capital en sus leyes, pero es aun más reducida la lista de los que aplican estas condenas y menor aún la de países que, como Filipinas, abolió la práctica y luego la restableció.
Una amplia cobertura en los medios de comunicación precedió la ejecución, que se cumplió el viernes a las 15.03 hora local (07.03 hora GMT) en la Penitenciaría Nacional, al sur de Manila. Las principales protestas correspondieron a la Iglesia Católica y activistas de derechos humanos.
Echegaray, cuya condena fue ratificada en reiteradas instancias judiciales a pesar de que se declaró inocente hasta el último minuto, fue declarado muerto por los funcionarios penitenciarios 16 minutos después de aplicada la inyección.
"Perdóname, pueblo filipino, por el pecado del que me acusan", fueron las últimas palabras de Echegaray, según el legislador Ralph Recto, quien presenció la ejecución.
El presidente Joseph Estrada había rechazado las solicitudes de perdón o suspensión de la ejecución formuladas al filo de la ejecución por el propio acusado, el papa Juan Pablo II, la Unión Europea y Canadá.
"Debo ser firme. Debo enviar un mensaje a los futuros violadores. Nadie cambiará mi forma de pensar", afirmó Estrada.
El mandatario afirmó que cortó el jueves la línea telefónica especial instalada entre su despacho y el recinto carcelario donde se ejecutó luego a Echegaray, para ratificar que no tenía intenciones de suspender la ejecución.
La segunda esposa de Echegaray, Zenaida, manifestó su pesar por el "corazón de piedra" del presidente. Su esposo era uno de los más de 900 condenados que esperan en el pabellón de la muerte, muchos de ellos acusados de violación.
Los opositores a la pena de muerte manifestaron su protesta en vigilias de oración. Grupos de religiosos católicos y de otras creencias se dirigieron al palacio presidencial con máscaras negras.
"No mate en nuestro nombre", rezaban algunos carteles fuera de la cárcel.
"Algo se ha roto hoy en nuestro interior", dijo el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, Ding Coronel.
"La ejecución de hoy marca un gran paso en la dirección equivocada y podría abrir una serie de asesinatos judiciales en Filipinas, cada uno de los cuales violaría el más básico de todos los derechos: el derecho a la vida", sostuvo la organización Ammistía Internacional.
La situación de Echegaray es un asunto emotivo en la sociedad filipina desde que quedó en evidencia el agotamiento de todas las instancias legales para la reconsideración de la condena.
La ejecución había sido fijada para el 4 de enero, pero la Corte Suprema la suspendió tres horas antes para dar al parlamento tiempo hasta junio de reconsiderar la ley sobre pena capital.
Sin embargo, los opositores a la derogación de la norma lograron frenar ese plan.
La Constitución de 1986 abolió la pena de muerte, que no se aplica desde 1976, cuando gobernaba el dictador Ferdinando Marcos. El parlamento restauró esta sanción hace cinco años con la intención de frenar la criminalidad en aumento.
El último filipino cuya condena a muerte había sido ejecutada fue Lim Seng, un narcotraficante que acabó en la silla eléctrica.
Echegaray vestía al morir el uniforme carcelario naranja y lucía un crucifijo en el cuello. Los testigos de su ejecución a través de una ventana fueron funcionarios carcelarios y policiales, legisladores, líderes religiosos, familiares del condenado y 10 representantes de medios de comunicación.
"Dicen que la pena capital detendrá el crimen. Entonces, ¿por qué los criminales continúan matando, violando y traficando drogas ilegales a pesar de la sanción?", preguntó el líder de la mayoría parlamentaria, Rodolfo Albano.
"Esperamos en que esto no se repita, y lucharemos por el fin de la pena de muerte", dijo el abogado Arno Sanidad.
Al menos seis condenados serán ejecutados el mes próximo, según informes periodísticos. (FIN/IPS/js/ral/mj/ip hd/99
