Las autoridades de Estados Unidos instan a los inmigrantes ilegales a incursionar en áreas donde arriesgan la vida, según dos organizaciones de este país que demandaron a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta demanda sin precedentes fue presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y la organización Asistencia Legal Rural de California (CRLA).
Según la denuncia, la Operación Portero de la patrulla fronteriza, que ha sido implementada durante cinco años y se aplica en el linde de California con México, viola los derechos de los inmigrantes de acuerdo con las leyes internacionales.
Si la demanda tiene éxito, la CIDH, organismo que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría instar formalmente a Washington a cambiar sus prácticas.
La demanda da cuenta de que 360 inmigrantes, incluso mujeres y niños, murieron en la frontera con California desde que la Operación Portero comenzó en 1994.
La mayoría de las muertes se debieron al frío en las montañas Tecate o a la deshidratación en el desierto Imperial al este de San Diego. Varios inmigrantes murieron ahogados en las turbulentas aguas del Canal All American, que atraviesa los pueblos de Calexico y Mexicali, en el desierto.
La cantidad de muertos aumentó de 23 en 1994 a 145 el año pasado, número que supera el total de muertes ocurridas en la misma frontera en toda la década del 80.
ACLU y CRLA atribuyen este incremento a maniobras deliberadas de la patrulla fronteriza para dirigir el tránsito de inmigrantes desde los centros poblados cercanos a la costa del Pacífico hacia el este, a lugares donde, según un documento gubernamental, "los días son abrasadores y las noches heladas".
La Operación Portero es parte de un proyecto mayor lanzado en 1994 por la administración del presidente Bill Clinton para suprimir la inmigración ilegal a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
Entre otras medidas, la administración aumentó el personal de la patrulla fronteriza, un organismo con malos antecedentes en materia de derechos humanos.
En esa época, el sentimiento antiinmigratorio era muy fuerte, en especial en California, donde los votantes aprobaron ese mismo año la Iniciativa 187, legislación que privó a los inmigrantes legales e ilegales de una serie de servicios básicos prestados por el estado.
La Operación Portero, y una similar llamada "Mantén la línea", en el área de El Paso, estado de Texas, tienen el objeto de dificultar a los inmigrantes el cruce de la frontera en áreas pobladas. Eso los obligaba a tomar rutas más tortuosas en terrenos peligrosos.
El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que controla a la patrulla fronteriza, afirmó que esa estrategia disuadiría a los inmigrantes incluso de realizar el intento.
Quienes cuestionan el accionar de las autoridades de migración advirtieron que estas operaciones constituyen también medidas tendientes a disminuir la visibilidad del problema y, en consecuencia, sus derivaciones políticas.
Las propias estadísticas del INS, por ejemplo, revelan que el flujo total de inmigrantes ilegales a través de la frontera no se redujo desde que se implementaron estas medidas.
Aunque el número de inmigrantes detenidos en el área costera de San Diego se redujo a la mitad, el número total de detenciones en la frontera de California se mantuvo básicamente igual desde 1994.
"La Operación Portero fue pensada para ocultar la inmigración y suavizar la presión sobre el gobierno", dijo Jordan Budd, abogado a cargo de la oficina de la ACLU de San Diego y el Valle Imperial, que presentó la demanda.
Mientras la inmigración desaparecía de la agenda nacional, en particular después de que la economía de California se recuperara de una larga recesión, el impacto de la Operación Portero se hizo sentir con toda su fuerza sobre los inmigrantes, que eran forzados a trasladarse a territorios cada vez más peligrosos.
Una ruta lleva a los inmigrantes a través de las montañas Tecate, descritas por el gobierno como un área de "empinadas laderas montañosas, paredes de cañones, grandes cantos rodados y vegetación densa, que hacen que el viaje sea lento, difícil y peligroso".
"Los viajeros afrontan el desafío de la falta de alimento, agua y transporte", agrega el informe.
La segunda ruta, a través del desierto Imperial, también representa una seria amenaza a la vida humana, pues se trata de uno de los lugares más calurosos de Estados Unidos, que carece casi por completo de agua.
El juez de primera instancia e instrucción del Condado Imperial observó, incluso, que "una persona no puede llevar suficiente agua para atravesar los desiertos estadounidenses desde México".
El Canal All American, que se mantuvo sin cercas ni iluminación y que está muy contaminado, también fue considerado en extremo peligroso debido a su ancho, profundidad y la fuerza de su corriente.
Otra ruta llevaba a los viajeros a través de líneas de fuego militares donde artillería sin detonar yace desde la segunda guerra mundial sobre la superficie o a escasa profundidad.
El INS adjudica la creciente mortalidad a condiciones climáticas más extremas y a inescrupulosos contrabandistas que después de recibir su dinero abandonan a los pasajeros en medio del viaje.
"Nunca pensamos que los contrabandistas arriesgaran vidas humanas de esa manera. Nunca pensamos que podrían ser tan malos", dijo a IPS Sharon Gavin, encargada de relaciones públicas del INS, en una entrevista telefónica desde Laguna Niguel, California.
Pero eso pareció ser una felicitación para la patrulla fronteriza. Su política era "alterar dramáticamente el camino de los extranjeros indocumentados y forzarlos a adentrarse en terrenos mucho más inhóspitos y accidentados", dijo el año pasado al Congreso Alan Bersin, un alto funcionario.
"Cruzar la frontera ilegalmente no debería ser una sentencia de muerte. La cuestión no es si tenemos derecho a controlar la frontera. Debemos hacerlo de manera que los riesgos de vida se minimicen y no al revés", dijo Claudia Smith, directora del Proyecto Frontera para la Fundación CRLA.
Al reconocer los crecientes riesgos para los inmigrantes, las autoridades estadounidenses y mexicanas anunciaron un nuevo esfuerzo conjunto para reducir el número de muertes.
El programa incluía medidas como carteles con advertencias a ambos lados de la frontera, mejor iluminación, más entrenamiento de rescate y primeros auxilios para la patrulla fronteriza, y salvavidas y otros equipos de salvamento en los canales.
Pero desde que comenzaron esas gestiones hubo más de 96 muertes, más de 25 por ciento de la mortalidad total durante la Operación Portero, a lo largo de la frontera con California, según Budd. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/at/mj/hd pr/99
