La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a la transnacional Enron Corporation de mentir al negar los abusos cometidos en una planta de energía que la compañía de Estados Unidos posee en India.
HRW, con sede en Nueva York, y otros grupos afirman que Enron le pagó a las autoridades indias para que detuvieran y torturaran a manifestantes de la planta de energía en Dabhol, estado de Maharashtra.
En respuesta a las acusaciones, un funcionario de Enron declaró que todos los "problemas" de Dabhol eran un asunto "terminado".
"No toleramos los abusos a los derechos humanos de nuestros empleados o contratistas. HRW trae a colación un asunto que terminó hace cuatro años", informó a IPS Kelly Kimberly, en la sede de Enron, en Texas.
Por su parte, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, expresó que las protestas fueron acalladas en India, no porque la inquietud haya desaparecido sino porque la policía, pagada por Enron, prohibió las manifestaciones.
"Este no es un problema del pasado, es un problema actual. Las personas que protestaron contra el proyecto todavía están en la cárcel o enfrentan cargos en su contra", comentó.
La planta de Dabhol, que opera con gas y cuyo valor asciende a 2.800 millones de dólares, siendo la mayor inversión extranjera en India, está diseñada para generar 2.015 megavatios cuando comience a operar el mes próximo.
La instalación es propiedad de Dabhol Power Corporation, una empresa de riesgo compartido entre Enron, General Electric Corporation, Bechtel Incorporated y el gobierno de Maharashtra. Enron posee 50 por ciento del proyecto.
De acuerdo con HRW, las protestas contra la planta comenzaron en 1994. Los habitantes del lugar temían que el precio de la electricidad subiera demasiado para los consumidores locales, debido a que el contrato de Enron exigía al estado el pago en dólares.
Las personas de la zona también se quejaron de que la tierra y el agua eran acaparadas por la compañía, lo que perjudicaba al consumo local.
A ello se agregó el hecho de que los residentes temían que los efluentes de la planta degradaran la pesca, según se afirmó en un informe de 166 páginas de HRW, publicado en enero.
Las autoridades locales, a quienes Enron les pagaba para obtener seguridad, comenzaron una ofensiva contra los manifestantes cerca de la planta de Dabhol en 1996 y 1997, según HRW.
Los manifestantes denunciaron que fueron detenidos y golpeados por la policía, que azotó a la multitud con lathis, bastones largos y pesados.
"Los arrestos violan los derechos internacionalmente reconocidos de libertad de expresión, reunión, movimiento, protección bajo arresto, y detención, y constituyen malos tratos de parte de la policía", sostuvo el grupo activista.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional informó de abusos similares a mujeres que se manifestaban y que luego fueron arrestadas o golpeadas por la policía.
"La policía se dirigió a las mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad, y los arrestos fueron violentos, contraviniendo los principios legales y humanitarios", informó.
Cuando se llamó la atención de la compañía acerca de estas actividades, la Dabhol Power Corporation se negó a reconocer que sus contratistas eran responsables de actos delictivos, y no investigó adecuadamente, no condenó, ni cesó sus relaciones con estos individuos, sentenció el informe de HRW.
"La compañía no se pronunció acerca de las violaciones a los derechos humanos y, cuando fue interrogada sobre las mismas, las descartó de plano", agregó el grupo activista.
La firma "se benefició de la política oficial para suprimir el disenso a través de una mala utilización de la ley, el acoso a quienes manifestaban contra Enron y a los activistas ambientales, y las prácticas policiales" arbitrarias y brutales destacó HRW.
Kimberly, la portavoz de la compañía, expresó que Enron "no posee el control sobre la policía local y una afirmación de este tipo es falsa". Agregó que ninguna persona de la planta de Dabhol fue interrogada al respecto.
La contienda en la que se vio involucrada Enron es el último incidente protagonizado por las compañías estadounidenses de gas y petróleo, que cada vez son objeto de mayor vigilancia de parte de los grupos de derechos humanos por invertir en países con regímenes opresivos, como Birmania y Nigeria.
Las grandes compañías, incluyendo a Shell, Chevron y Mobil, sostienen, sin embargo, que sus respectivas inversiones contribuyen al desarrollo de la economía local y por ende, a mejorar la situación de los derechos humanos.
Pero en el caso de Enron, Roth argumentó que la compañía había invertido en una nación democrática, en una región donde no había conflictos significativos, y sin embargo se produjo un aumento de los abusos a los derechos humanos.
"Enron no mejoró las cosas desde el punto de vista de los derechos humanos. Todo lo contrario, las empeoró. A través del mal uso de las leyes y del abuso de poder, la policía sembró un clima de disenso contra la compañía", comentó.
HRW y otras organizaciones afirmaron que el gobierno de Estados Unidos también es responsable de los abusos, ya que el Departamento de Estado (cancillería) y las autoridades de Energía presionaron al gobierno indio para que apoyara a las grandes compañías.
Washington también proporcionó respaldo financiero para el proyecto a través de dos de sus agencias.
En 1996, El Banco Estadounidense de Exportación-Importación (Ex- Im) y el Consejo de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) aportaron 400 millones de dólares para el proyecto.
En cambio, otras instituciones financieras, incluso el Banco Mundial, se negaron a financiar el proyecto. La entidad multilateral afirmó que la planta no era viable desde el punto de vista económico, con lo que contribuyó a afianzar el clima de discordia.
Las autoridades del Departamento de Estado, Ex-Im y OPIC aseguraron que no estaban al tanto de ninguno de los abusos mencionados y relacionados con el proyecto, pese a que las tres instituciones tenían como cometido vigilar si el proyecto implicaba violaciones a los derechos humanos.
"Nunca tuve acceso a ningún tipo de información sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con Dabhol y no puedo decir nada al respecto", comentó a HRW Frank Wisner, ex embajador estadounidense ante India.
Sin embargo, el grupo sostiene que es muy difícil que Wisner, responsable de informar al Departamento de Estado sobre abusoa a los derechos humanos en India, no supiera de tales violaciones ya que estas se denunciaban habitualmente en la prensa local y nacional.
El informe de HRW denunció que esto "sugiere la voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de cerrar los ojos ante los derechos humanos cuando hay intereses comerciales en juego".
En octubre de 1997, unos pocos meses después de dejar su cargo en India, Wisner pasó a integrar el directorio de Enron Oil and Gas, una subsidiaria de Enron Corporation. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/mvf/aq/hd-if/99)
