Legisladores de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos exigen que Colombia reprima a los paramilitares de derecha que mataron y secuestraron a activistas colombianos la semana pasada.
Washington debe reconsiderar la ayuda militar por decenas de millones de dólares que se propone autorizar para el ejército colombiano, en virtud de que el gobierno del presidente Andrés Pastrana no tomó medidas contra los paramilitares ante lo que el Departamento de Estado (cancillería) calificó de "atrocidad".
"Los acontecimientos de la semana pasada ponen en tela de juicio la conveniencia de dar ayuda significativa al ejército colombiano en este momento", dijo Coletta Youngers, de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA).
WOLA, junto con Human Rights Watch y Amnistía Internacional, exigió al gobierno de Pastrana que tome medidas contra los paramilitares.
Las tres organizaciones de derechos humanos reaccionaron frente a lo ocurrido el 30 de enero cuando dos hombres fueron retirados de un ómnibus próximo a Bogotá y ejecutados, y ante el anterior secuestro y desaparición de dos hombres y dos mujeres el 28 de enero.
Todas las víctimas eran destacados dirigentes de derechos humanos.
El presidente Bill Clinton pretende brindar casi 300 millones de dólares en ayuda militar y de seguridad a Colombia, lo que convertiría a Bogotá en el mayor receptor de este tipo de ayuda fuera de la región de Medio Oriente.
La mayor parte del dinero y de los equipos se destinarán a la policía antinarcóticos, pero 40 millones irán al ejército que, hasta el año pasado, prácticamente no recibió ayuda de Washington por sus malos antecedentes en materia de derechos humanos y por sus vínculos con los grupos paramilitares.
Parte de los fondos para el ejército se utilizarán para entrenar y equipar a un batallón de 900 efectivos a partir de este mes, según informó la prensa, aunque Youngers aseguró a IPS que, cuando se reunió con altos oficiales en Bogotá el viernes, se le indicó que el dinero beneficiaría a tres batallones.
Según el Departamento de Estado, algunos altos oficiales muestran conformidad o tolerancia hacia los paramilitares, pero grupos humanistas de este país y de Colombia tienen en su poder lo que José Miguel Vivanco, de HRW, calificó de "evidencia muy sólida y creíble" sobre la colaboración activa entre militares y paramilitares.
Así mismo, el alto comando del ejército está dominado por oficiales cuyas conexiones con violaciones a los derechos humanos, incluso lazos con los paramilitares, son "muy cuestionables", según Vivanco.
Los asesinatos y los secuestros de los activistas ocurrieron en un momento crítico para Colombia, donde el mes pasado comenzaron históricas negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero más antiguo y poderoso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las FARC y dos grupos guerrilleros menores controlan amplias zonas del territorio colombiano.
Carlos Castaño, líder de una coalición de organizaciones paramilitares, indicó que quiere integrarse a las conversaciones de paz. Pero las FARC y otros grupos insisten que la paz definitiva sólo será posible cuando los paramilitares estén desarmados y disueltos.
El mes pasado, paramilitares dirigidos por Castaño asesinaron a 137 personas en una docena de incidentes.
A estos asesinatos les sucedieron los secuestros el 28 de enero en el departamento de Antioquía de cuatro dirigentes de derechos humanos del Instituto Popular de Capacitación, y dos días después, de las muertes de dos activistas del Comité en Solidaridad con los Prisioneros Políticos (CSPP).
Ambas instituciones gozan de prestigio entre las organizaciones de derechos humanos estadounidenses. Un ex director del CSPP fue uno de cuatro colombianos que recibió en 1998 el premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Castaño se responsabilizó por los secuestros en una carta fechada el día 1 en que acusó a los raptados de ser "tres parasubversivos y un guerrillero". Tras las protestas de influyentes legisladores estadounidenses, envió otra carta a HRW el martes en que anunció que liberaría a dos de los rehenes.
Las cartas de Castaño acusan a grupos de derechos humanos colombianos, incluso a la oficial Unidad de Derechos Humanos, de ser "fachadas" de la guerrilla, y sostienen que los secuestros son "una nueva etapa" del conflicto en que los grupos bajo su mando considerarán "objetivos militares" a los activistas.
El asesinato de activistas no es nuevo en el conflicto civil colombiano, ya que más de una decena murieron en 1997 y cinco más el año pasado. Pero la advertencia de Castaño "provocó el temor generalizado de la comunidad de derechos humanos" en el país sudamericano, según HRW, WOLA y Amnistía.
Las tres exigen que Bogotá tome las medidas necesarias para conseguir la libertad de los rehenes y que el propio Pastrana se reúna con representantes de grupos de derechos humanos y que garantice su protección, algo que el anterior presidente Ernesto Samper prometió en abril.
Así mismo, los grupos solicitaron al gobierno que "tome inmediatas medidas de emergencia para combatir a los grupos paramilitares".
Entre esas medidas se incluyen la expulsión de las fuerzas armadas de oficiales vinculados a los paramilitares o que toleren sus actividades, y la aplicación de "centenares de órdenes de arresto" pendientes contra dirigentes paramilitares, incluso contra Castaño.
Las tres organizaciones también exigen que el gobierno de Clinton, y especialmente su embajada en Bogotá, brinden más apoyo a los defensores de los derechos humanos.
Los activistas exhortaron al embajador Curtis Kamman, al que Youngers calificó de "muy callado" al respecto, que demuestre el respaldo de Washington visitando personalmente las oficinas de las instituciones de derechos humanos.
Los grupos también pretenden que Washington dé más dinero a la oficial Unidad de Derechos Humanos y que aplique la "enmienda Leahy", que prohíbe destinar ayuda militar estadounidense a unidades u oficiales militares o policiales colombianos que se cree violaron los derechos humanos.
WOLA, HRW y Amnistía apoyaron las gestiones de paz de Pastrana y también elogiaron el respaldo que Washington dio al presidente colombiano, que asumió el poder en agosto.
El gobierno de Clinton se divide entre quienes apoyan las gestiones de paz de Pastrana y la aplicación de la enmienda Leahy, y aquellos que creen que Washington debe reforzar el apoyo a los militares en la guerra contra la guerrilla, que también es acusada, junto a los paramilitares, de proteger el narcotráfico.
Los defensores de la opción militar cuentan con el apoyo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Jesse Helms, y su par en la cámara baja, el legislador Benjamin Gilman.
No obstante, Gilman calificó de "crímenes innombrables" los asesinatos y secuestros de los activistas colombianos. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/hd/99
