Organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional repudiaron el secuestro de cuatro activistas de derechos humanos a manos de paramilitares que los declararon "prisioneros de guerra".
Olga Rodas, directora administrativa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Claudia Tamayo, Jorge Salazar y Jairo Bedoya fueron secuestrados por varios hombres armados que los sacaron el 28 de enero al mediodía de la sede de esa organización no gubernamental (ONG) en la ciudad de Medellín (noroeste).
Carlos Castaño, líder de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmó en un comunicado que los cuatro activistas, a los que calificó de "parasubversivos (…) al servicio de la organización guerrillera", fueron tomados como "prisioneros de guerra".
Castaño afirmó también en su comunicado que el secuestro de los cuatro activistas marca el inicio de "una nueva etapa" que se caracterizará por la consideración de miembros de las ONG que supuestamente apoyan a la guerrilla como "objetivos militares" de las AUC.
Se trata de una etapa "lamentable, pero inevitable" que, según el líder de las AUC, deberá conducir al "inicio de un proceso de paz sin dilaciones".
El IPC es una ONG que hace 17 años se dedica a la defensa de derechos humanos, el desarrollo local, la gestión pública y el análisis del conflicto armado interno de Colombia.
El IPC afirmó el miércoles en un comunicado que la lógica de que "quien no está conmigo está contra mí" conduce a los paramilitares, la guerrilla y a las Fuerzas Armadas "a señalar a los defensores de los derechos humanos y constructores de paz como aliados de alguno de los actores armados".
La Red de Iniciativas por la Paz, que reúne a cerca de 30 ONG que promueven una solución negociada para el conflicto, la organización Mandato por la Paz y la Comisión Andina de Juristas condenaron el secuestro de los cuatro activistas.
Estas organizaciones pidieron al gobierno medidas para garantizar la vida y la seguridad de los secuestrados y de otros activistas.
Las ONG consideran que el secuestro de sus activistas es parte de la estrategia con que las AUC procuran alcanzar un reconocimiento político que le permita negociar la paz con el gobierno.
Carlos Rodríguez, presidente de la Comisión Andina de Juristas, sostuvo que el objetivo de los paramilitares ha sido atacar a la población civil desarmada, entre ellos a los activistas de derechos humanos.
"Cuando decimos que en la guerra no todo vale y que hay que respetar los derechos de la población civil somos un estorbo", afirmó Rodriguez.
El abogado explicó que la tarea de los defensores de los derechos humanos consiste "en exigirle al Estado que no trasgreda ni afecte los derechos de las personas" y a los demás actores armados que "no afecten la dignidad de los seres humanos", actividades que "molestan a algunos".
Estos secuestros y la muerte de dos miembros del Comité de Presos Políticos de Medellín, que es investigada por organismos de seguridad, fueron condenadas este martes por el gobierno y el Congreso de Estados Unidos y por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Julio González y Everardo Puerta fueron asesinados por personas no identificadas el domingo cuando viajaban de Medellín a Bogotá para participar en un seminario sobre derechos humanos.
"Estados Unidos deplora el asesinato de los defensores de los derechos hunmanos" y considera "especialmente repugnante" que hayan sido declarados objetivo militar, ya que son personas "que protegen los derechos de todos los colombianos", dijo el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), James Rubin.
Un grupo de congresistas estadounidenses exhortó al gobierno de Colombia a impedir "nuevos ataques contra organizaciones de derechos humanos.
Robinson manifestó desde Ginebra que se siente "profundamente consternada" por estos hechos, a los que condenó "en los términos más enérgicos". Las Naciones Unidas informaron que entre 1997 y 1998 fueron asesinados en Colombia 25 activistas de derechos humanos. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/99
