El director de Gendarmería de Chile, Hugo Espinoza, reconoció que se aplicó la fuerza al trasladar 56 presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago a otros recintos penales de la ciudad y del resto del país.
Familiares de los presos denunciaron el miércoles que durante el traslado, realizado el día 13, fueron torturados o duramente golpeados por negarse a abandonar el lugar. Varios de los reclusos iniciaron una huelga de hambre.
La CAS lleva cinco años de funcionamiento y fue construida para recluir a condenados y procesados por terrorismo. Varios cumplen cadena perpetua.
Espinoza afirmó que los presos fueron tratados con rigor dentro de los límites admitidos por la ley y negó que haya habido abuso de poder y tortura.
La CAS es notoriA en todo el mundo por la espectacular fuga en un helicóptero, en diciembre de 1996, de cuatro miembros del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Gendarmería afirmó que el traslado se debe a reparaciones y tareas de mantenimiento de rutina. Pero, según otras versiones sin confirmar, se habría encontrado un túnel, por lo que el desalojo responde a un reforzamiento de las medidas de seguridad.
Algunos familiares de presos atribuyeron el traslado a la movilización de un grupo de presos pertenecientes al ultraizquierdista Movimiento de Acción Popular Unitaria-Lautaro (MAPU-Lautaro) desarrollaba para presionar por la flexibilización del régimen interno de la CAS.
Los lautaristas pedían la no segregación de presos, así como la visita amplia de amigos y de sus hijos los días domingo.
Familiares que visitaron a los presos, dijeron que éstos han sufrido lesiones y anunciaron que se querellarán contra las autoridades carcelarias. También solicitaron que un juez especial investigue los hechos, pedido que fue rechazado por la Corte de Apelaciones.
Alberto Espinoza, abogado de cuatro de los presos, dijo que "presentan hematomas y lesiones de diversa consideración" y que se les había lanzado gas lacrimógeno al rostro.
Miriam Reyes, abogada del la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), quien también los visitó, dijo que están "temblorosos, introvertidos, con dificultades para expresarse y recordar lo sucedido y con el cuerpo lleno de hematomas", algunos de ellos con cortes.
El gobierno de Eduardo Frei apoya a Hugo Espinoza. El director de Gendarmería señaló que un traslado de esas características implica forcejeos, a pesar de lo cual aseguró que, según los médicos del organismo de seguridad, no presentan lesiones.
El gobierno también negó haber presionado a Gendarmería para que realizara el traslado.
Más tarde se sumaron en su apoyo a Hugo Espinoza dirigentes del cogobernante Partido Socialista, quienes expresaron su conformidad con sus explicaciones.
"Nos dio la plena seguridad de que no hubo excesos y mucho menos tortura", dijo la diputada socialista Fanny Pollarolo.
El ministro subrogante de Justicia, José Antonio Gmez, dijo que los familiares "están exagerando" y que "si hubo irregularidades en el traslado es la justicia la que debe determinarlo".
"No hay que olvidar que estos presos cometieron actos terroristas gravísimos y que tienen preparación militar y un nivel de organización elevado", afirmó Gómez, quien anunció que los presos volverán a la CAS en abril.
Por el momento, se restringieron las visitas porque los presos mantienen una huelga de hambre. (IPS/FIN/as/mj/hd/99
