El gobierno de Chile ha postergado las demandas de justicia formuladas en el país y en el mundo en aras de defender al ex dictador Augusto Pinochet, denunció un grupo de destacados historiadores.
Publicado en el vespertino santiaguino La Segunda, el texto señala que el gobierno de Frei contribuye a la manipulación de la historia nacional realizada desde hace años la derecha chilena, al interpretar que defendiendo a Pinochet se está defendiendo la soberanía chilena.
Entre los 11 firmantes del manifiesto figuran Gabriel Salazar, María Eugenia Horvitz y Armando de Ramón Folch, historiadores de reconocido prestigio en el país.
Los suscriptores del texto señalan que desde que Pinochet fue detenido en Londres, el 16 de octubre, se ha intensificado la campaña de manipulación de la historia emprendida por la derecha chilena desde que fue derrocado el gobierno constitucional de Salvador Allende en 1973.
Forman parte de esa campaña, dicen, una carta que el propio general dirigió a la ciudadanía chilena desde Londres, una serie de fascículos publicados en La Segunda por el historiador de derecha Gonzalo Vial y "explicaciones" de políticos y militares sobre las violaciones a los derechos humanos en los años 70 y 80.
A diferencia de lo que afirman los partidarios de Pinochet, "las Fuerzas Armadas no intervinieron (en 1973) para impulsar la reunificación nacional sino para destruir el poder político de la izquierda y aun del centro", señalan los 11 historiadores.
"A esos efectos consumaron una masacre y una violación de derechos humanos y civiles sin parangón en la historia de Chile", recuerdan.
Lamentaron que "las clases dirigentes estén 'deduciendo' la soberanía del texto constitucional de 1980, sin importar si se usa 'esa' soberanía para hacer justicia a los asesinados y torturados o para proteger a los que ampararon esos crímenes".
La tergiversación de la historia que denuncian los académicos también se realiza en el extranjero.
En un intento por justificar el golpe militar y las torturas, los asesores de Pinochet lograron que el periódico británico The Sunday Telegraph publicara un artículo de la historiadora derechista y amiga del prícipe Carlos de Inglaterra Lucía Santa Cruz.
En ese texto Santa Cruz dijo que su esposo, Juan Luis Ossa, había sido "torturado durante el gobierno de Allende" (1970-73).
En Chile, las reacciones no se hicieron esperar. El subdirector de investigaciones durante el gobierno de Allende, Carlos Toro, en cuya presencia se interrogó a Ossa luego de ser detenido por portar armas, explicó que "jamás fue torturado".
"Es una infamia tratar de buscar comparaciones con las violaciones a los derechos humanos realizadas por la dictadura. Durante el gobierno de Allende munca se cometió tortura", señaló Toro.
Cuando se ha llegado al fin de los alegatos en el segundo proceso británico a Pinochet, la izquierda y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura militar (1973- 1990) no dejan de reprochar al gobierno de Frei su decisión de hacerse parte en el juicio.
Consideran así que es una vergüenza que haya asumido una defensa que legitima las violaciones a los derechos humanos.
Un sector del cogobernante Partido Socialista pidió a su Tribunal Supremo que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, sea expulsado del PS.
También pedirá al Tribunal Constitucional que inhabilite a Pinochet como parlamentario porque, según la Constitución, un senador no puede realizar misiones especiales.
Pinochet ha señalado que viajó a Londres en calidad de embajador especial de Chile. Si se concreta el requerimiento, Insulza tendrá que explicar los motivos que tuvo para encomendar al general retirado este tipo de misión. (FIN/IPS/as/dg/hd-ip/99
