La causa por la sustracción de 200 niños en la última dictadura de Argentina, por la que están detenidos siete altos militares, podría arrojar importantes novedades este mes, cuando está en juego la confirmación del procesamiento de los acusados.
El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, advirtió que si este mes la Cámara Federal de Apelaciones confirma el fallo se habrá avanzado 80 por ciento del proceso, porque comenzaría un juicio que causará conmoción en la sociedad.
Pero el tribunal también podría hacerse eco del argumento de los acusados y dictaminar que los delitos por los que se los quiere juzgar ya prescribieron. Así se cerraría toda posibilidad de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, advirtió el letrado.
El juez federal Antonio Bagnasco dictó en enero la prisión preventiva de los ex comandantes Emilio Massera, Reynaldo Bignone y Cristino Nicolaides, del ex jefe de la Armada Rubén Franco, de los ex capitantes Jorge Acosta y Antonio Vañek, y del prefecto Héctor Febres.
Los siete fueron considerados autores mediatos de sustracción de menores, supresión de identidad y falsificación de documentos, delitos que no fueron contemplados ni por el indulto que benefició a los ex comandantes ni por las leyes de amnistía que ampararon a otros militares.
De inmediato, la defensa de los ex militares apeló la decisión considerando que los delitos por los que se los acusa ya prescribieron, y recusaron al juez por presunta parcialidad en el caso.
Otro juez federal detuvo por el mismo delito al ex jerarca Jorge Rafael Videla, pero Pedroncini anticipó que una vez que haya un pronunciamiento sobre la apelación se solicitará la unificación de las causas y que todos los procesados por sustracción de menores queden bajo un mismo juzgado.
"Si la Cámara confirma el procesamiento se habrá dado un enorme avance en la lucha contra el terrorismo de Estado, pero si dice que esos delitos prescribieron se termina toda posibilidad de juicio", alertó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
Durante la dictadura, los militares argentinos desarrollaron un plan de represión en 340 centros ilegales de detención y tortura de prisioneros. Numerosas mujeres embarazadas que fueron secuestradas dieron a luz durante su cautiverio y están desaparecidas.
Según los organismos humanitarios hubo alrededor de 30.000 personas desaparecidas durante el régimen, pero sólo hay registradas alrededor de 11.000 denuncias. También se investigan casos de menores extranjeros secuestrados en Argentina, o de hijos de madre extranjera.
Pedroncini adelantó que la uruguaya Sara Méndez se presentará en los próximos días como parte querellante en la causa por la sustracción de su hijo de 21 días en 1977. Será la única madre de un menor que impulsa el juicio. El resto son abuelas, porque los padres están desaparecidos.
Más de 60 niños fueron encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo, algunos de ellos viviendo con padres adoptivos que actuaron de buena fe, y otros con sus apropiadores, militares que actuaron directamente en la represión y que cambiaron la identidad de los niños.
Los ex comandantes y otros militares de menor graduación consiguieron ser liberados de las condenas y procesos por gravísimas violaciones de derechos humanos mediante el indulto y las leyes de obediencia debida y punto final. Pero el delito de sustracción no pudo se probado hasta ahora.
En los fundamentos del auto de procesamiento, el juez dijo en enero que hubo una "práctica sistemática" de secuestro de embarazadas, que eran torturadas y desaparecidas tras los alumbramientos que se producían en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
El propio ex capitán Alfredo Astiz, un paradigma de la represión clandestina que fue beneficiado por una ley de amnistía, dio testimonio de esta práctica, confirmada además por una decena de obstetras, tanto militares como civiles, y de mujeres que sobrevivieron a los centros de detención.
El director del Hospital Militar confesó que las mujeres embarazadas llegaban con personal del Comando de Institutos Militares y permanecían en celdas hasta que se desataba el parto. No se les hacía historia clínica ni se le tomaba el nombre y sus hijos no eran inscriptos.
En Argentina, el delito de sustracción de menores se aplica cuando se separa de su familia a un menor de 10 años. Por eso la defensa de los imputados pretende que el delito ya prescribió con la mayoría de edad de los niños secuestrados en los 70.
Sin embargo, el juez argumentó que el delito se sigue cometiendo porque los menores no aparecen y portan documentos falsos. Por lo tanto, los considera desaparecidos, lo cual constituye un delito enmarcado en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas de 1994.
La Convención señala que la desaparición es un delito permanente, imprescriptible y que no puede ser indultado ni sometido a tribunales militares.
Si la Cámara confirma el procesamiento, la querella pedirá que sean citados como imputados los ex generales Guillermo Suárez Mason, Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán, y Leopoldo Galtieri, también ex presidente, además de algunos civiles que participaron de las sustracciones. (FIN/IPS/mv/mj/hd/99
