Cuba fue señalada nuevamente por el gobierno de Estados Unidos como el país de América Latina en que más violaciones de derechos humanos se cometen, aunque aliados de Washington también merecieron críticas.
Países como Colombia, Guatemala, México y Perú recibieron el cuestionamiento del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, que el viernes entregó al Congreso su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en todos los países del mundo.
"Cuba es un estado totalitario controlado por el presidente Fidel Castro, quien es jefe de Estado y de Gobierno, primer secretario del (gobernante) Partido Comunista y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", recordó el informe.
Además, "Castro ejerce control sobre todos los aspectos de la vida cubana a través del Partido Comunista, única entidad política legal, y de sus organizaciones de masas aliadas, de la burocracia del gobierno y del aparato de seguridad del Estado"
El Departamento de Estado afirmó que La Habana "continuó violando sistemáticamente derechos civiles" en 1998.
"Las autoridades continuaron, como parte de su rutina, acosando, amenazando, arrestando arbitrariamente, deteniendo, encarcelando y difamando a defensores de derechos humanos y miembros de asociaciones profesionales, como periodistas, economistas, médicos y abogados", sostuvo el informe.
Además, "el gobierno usó el exilio interno y externo contra esas personas, y ofreció a presos políticos la alternativa de exiliarse o continuar en prisión", al tiempo que "les negó el debido proceso y el juicio justo", agregó.
La visita del papa Juan Pablo II en enero cambió poco la situación de Cuba, aseguró Estados Unidos.
"El gobierno restringe algunas actividades religiosas pero permite otras. Permitió la visita del Papa, algunas procesiones en días festivos y restauró el feriado oficial de Navidad, pero no respondió al pedido papal de un mayor papel de la Iglesia (Católica) en la sociedad", se sostuvo en el informe.
El Departamento de Estado destacó el caso de los cuatro fundadores del Grupo de Trabajo para la Disidencia Interna (Marta Roque, Félix Bonne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antunes), presos hace 19 meses, pero acusados solo en septiembre de 1998 de sedición.
El informe citó a organizaciones de derechos humanos para situar la cantidad de presos políticos en La Habana entre 350 y 400 y hasta 1.600 en todo el país, si bien "el número cayó en 1998, en particular luego de la liberación de 99 personas en febrero a pedido de clemencia del papa Juan Pablo II".
Los presos fueron acusados de "divulgar propaganda enemiga, asociación ilícita, falta de respeto a las autoridades, impresos clandestinos y rebelión", según el informe. Además, "las autoridades buscan regularmente a personas en su hogar, sin causa probable, para intimidarlas o acosarlas", afirmó.
Aunque no hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Cuba, el informe menciona la muerte en custodia policial del activista de derechos humanos Wilfredo Martínez Pérez y de Reinery Marrera Toledo, acusado de abigeato, como dos casos probables.
También citó el caso de Yuset Ochtereno, "abatido a balazos por error" en su propia casa por policías que, al parecer, buscaban a otra persona.
"Hubo golpizas y abusos contra activistas de derechos humanos, detenidos y presos. Hubo numerosos informes de acoso policial desproporcionado contra jóvenes negros", agregó el informe.
En cuanto a Perú, su sistema judicial "es ineficiente, con frecuencia corrupto, y es al parecer manipulado con facilidad por el Poder Ejecutivo", dijo el Departamento de Estado.
"El presidente Alberto Fujimori usó designaciones provisionales y temporarias para crear un cuerpo de jueces leales a él. El cese de tres miembros de la Corte Constitucional" que cuestionaban la posibilidad de reelección del mandatario "dejó a ese cuerpo sin quórum" para funcionar, sostuvo el informe.
"Los procesos por terrorismo y por traición continuaron careciendo de criterios internacionalmente aceptados de transparencia y justicia", advirtió el gobierno estadounidense, que aclaró que "las notorias violaciones de derechos humanos continuaron cayendo".
Sin embargo, "las fuerzas de seguridad fueron responsables de torturas y golpizas, y la impunidad continuó siendo un problema". En ese sentido, el informe mencionó el perdón que recibieron dos de los cuatro oficiales condenados por torturar a la agente de inteligencia militar Leonor la Rosa.
"Es una creencia extendida que el gobierno ha violado los derechos a la intimidad de los ciudadanos", así como "la libertad de prensa". Las autoridades peruanas llegaron al "acoso e intimidación de periodistas", agregó el Departamento de Estado.
Mientras, las menguantes organizaciones insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) "continuaron cometiendo la gran mayoría de los asesinatos y otras notorias" violaciones de derechos humanos, como "tortura" y "ruptura de la vida familiar".
"Estadísticas recogidas por el Instituto de Defensa Legal señalan que Sendero Luminoso y el MRTA realizaron 454 ataques violentos en los primeros 10 meses del año. En ese perído, hubo 117 muertes que se pueden atribuir al conflicto interno", de acuerdo con el informe.
"Las fuerzas de seguridad (de Perú) tuvieron 27 muertos, y 21 los grupos terroristas. La población civil, con 69 muertes, sufrió la mayor cantidad de bajas", explicó el Departamento de Estado.
En Perú también es habitual "la tortura y el tratamiento brutal de los detenidos" a manos de la policía, entre cuyas prácticas el Departamento de Estado mencionó "choques eléctricos, ahogamiento por agua, asfixia, colgamiento de las víctimas de una soga atada a las manos por la espalda y violación de mujeres".
En cuanto a la "tortura psicológica", en Perú se practica "privación del sueño y amenazas de muerte a detenidos y sus familiares", según el informe. "Las autoridades llevan en raras ocasiones a los perpetradores a la justicia".
En el caso de Colombia, el Departamento de Estado atribuyó graves violaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas, los paramilitares de derecha y a los guerrilleros, cuyos enfrentamientos ocasionaron entre 2.000 y 3.000 muertes en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con activistas citados en el informe.
"Las fuerzas del gobierno cometieron al menos 21 ejecuciones extrajudiciales, los grupos paramilitares, al menos 573, y los guerilleros, 160. La violencia y la inestabilidad en áreas rurales desplazó a 300.000 civiles de sus hogares en el año, y a más de 750.000 entre 1995 y 1998", agregó.
"La calificación del gobierno en materia de derechos humanos siguió siendo pobre, si bien hubo mejoras en varias áreas", mientras "las Fuerzas Armadas y la policía cometieron numerosas y serias violaciones en el año", afirmó el Departamento de Estado.
"Las fuerzas del gobierno continuaron cometiendo (…) ejecuciones extrajudiciales, pero a un nivel menor que en años anteriores. Las autoridades acusaron rara vez a los oficiales responsables ante la justicia", agregó el informe.
El Departamento de Estado destacó la disolución en mayo de la Brigada 20 del Ejército, acusada de graves crímenes contra civiles, así como el hecho de que apenas tres por ciento de los delitos concluyan con acciones judiciales exitosas.
En tanto, "grupos paramilitares" de derecha que disponen entre "5.000 y 7.000 combatientes" en todo el país, según el informe, "asesinaron, torturaron y amenazaron a civiles sospechosos de simpatizar con guerrilleros (…) para aterrorizarlos y obligarlos a abandonar sus hogares".
Estas organizaciones ampliaron su presencia a zonas antes dominadas por los principales grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), agregó.
Estos grupos de izquierda "atacaron (…) poblaciones civiles, cometieron masacres y mantuvieron secuestrados a más de 1.000 civiles" cuyos rescates constituyeron "importantes fuentes de ingresos" junto con los "impuestos de guerra" que recaudan en las zonas bajo su control.
El Departamento de Estado informó que, en México, "la corrupción es generalizada en la policía y es un problema creciente entre los militares", y que en estos dos ámbitos "se continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos".
"El gobierno generalmente respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, aunque se mantienen los problemas en algunas áreas", entre ellos "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, corrupción policial, malas condiciones en las cárceles, arrestos y detenciones arbitrarias", según el informe.
Además, hay "largas detenciones antes del juicio, búsquedas ilegales, ataques contra periodistas y activistas de derechos humanos, violencia contra mujeres, discrimación contra mujeres e indígenas, prostitución y abuso infantil, límitaciones a los derechos laborales y trabajo infantil".
El informe recordó la aún no aclarada masacre de decenas de indígenas simpatizantes del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Acteal, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a la que menciona junto con varias ejecuciones extrajudiciales registradas durante el año 1998.
En el plano político, "el Partido Revolucionario Institucional, el más antiguo y mayor partido político, disfruta de significativas ventajas en cuanto a protección y financiamiento", pero "perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja en las elecciones libres y justas en 1997".
El Departamento de Estado indicó que, de acuerdo con la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo 437 casos registradas desaparición de personas en los años 90, de los cuales se ubicó a 51 por ciento.
Mientras, "miembros de las fuerzas de seguridad (de México) continuaron torturando y abusando de detenidos" por medio de "amenazas, golpes, asfixia y choques elétricos", que "a veces derivaron en la muerte de las víctimas"
Entre enero y mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 198 denuncias de detención arbitraria, la mayoría de las cuales contra indígenas, muchos de los cuales tenían supuestos vínculos con el EZLN y el también insurgente Ejército Popular Revolucionario.
En cuanto a Guatemala, el Departamento de Estado afirmó que "la situación de derechos humanos continuó mejorando notoriamente" tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Alvaro Arzu y la guerrillera Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en diciembre de 1996.
"Los casos de violaciones de derechos humanos continuaron cayendo, pero siguen los problemas en algunas áreas. Algunos oficiales de policía fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales y de maltratar a sospechosos y detenidos", sostuvo el informe.
El gobierno estadounidense citó a la Procuraduría de Derechos Humanos, según la cual en 1998 hubo 32 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, en comparación con 134 en 1997, 173 en 1996 y 216 en 1995.
Un problema persistente son las detenciones arbitrarias, a menudo prolongadas y sin juicio. "Con jueces y otros funcionarios de la ley sometidos a intimidación y corrupción, el ineficiente sistema judicial es, con frecuencia, incapaz de asegurar juicios justos y el debido proceso", dijo el informe.
El Departamento de Estado también recordó el asesinato "en circunstancias sospechosas" del obispo Juan Gerardi, aún no aclarado, dos días después de que el religioso difundiera un informe sobre violaciones de derechos humanos cometidos en 36 años de guerra civil. (FIN/IPS/mj-ff/hd/99
