Habitantes de varias barriadas del sureste de la capital de Panamá acusan a una compañía mexicana que construye una autopista suburbana de agravar la contaminación de la bahía que circunda la ciudad.
Dos compañías afectadas por la construcción de un terraplén al borde de la costa por donde pasará la autopista y pobladores de por lo menos tres barriadas cercanas amenazan con plantear millonarias demandas legales.
La firma mexicana Ingenieros Constructores Asociados (ICA), que realiza la obra de 19 kilómetros de extensión desde el centro de la capital hasta el aeropuerto internacional Tocumen, sostuvo que las quejas son infundadas.
La empresa recuperará su inversión de 222 millones de dólares mediante el cobro de peajes a los automovilistas por espacio de 30 años, así como con unas 30 hectáreas de tierras del antiguo aeropuerto de vuelos domésticos de Paitilla y un relleno de otras 40 hectáreas sobre la bahía.
El conflicto está centrado en un terraplén de unos cinco kilómetros de extensión que está levantando ICA entre la barriada de Paitilla y Coco del Mar.
Según una asociación constituida por los vecinos, esa obra va a provocar un aumento en la acumulación de sedimentos fecales en la ya supercontaminada bahía de Panamá.
Además de cuatro ríos urbanos y los 21 colectores de aguas servidas que descargan al borde de la bahía, en el tramo de cinco kilómetros de terraplén existen al menos 50 tuberías de descargas clandestinas que van a quedar bloqueadas.
ICA estableció inicialmente que todo el tramo sobre el mar iba a ser construido sobre pilotes, como lo está haciendo frente a las ruinas de Panamá la Vieja.
No obstante, luego, por razones de costo, decidió construir cinco de los seis kilómetros marítimos sobre un terraplén, según denunció la asociación de vecinos.
La no gubernamental Campaña Ciudadana Frente al Corredor Sur, que agrupa a los residentes de Coco del Mar, San Francisco de la Caleta y Paitilla, aducen que ICA los "condenará" a "vivir frente a un gigantesco tanque séptico".
En sólo seis meses, el terraplén provisorio construido por ICA acumuló gran cantidad de sedimentos debido a la interrupción de las corrientes que barren la costa.
El mexicano José Trejos, presidente de la empresa, afirmó que "no hay de que preocuparse" pues su compañía planea construir cajones por debajo del terraplén para permitir el reflujo de las aguas y evitar la acumulación de sedimentos.
Los 50 colectores clandestinos van a ser a su vez canalizados hacia un solo tubo colector de gran tamaño que se va a llevar las aguas negras hacia mar abierto, indicó el ingeniero de ICA Raúl Reza, uno de los encargados de la obra.
Los residentes del lugar pusieron en duda la voluntad de ICA de concretar esa obra.
Por otra parte, unas 30 familias de la humilde barriada La Playita, desplazados para que pasara una parte de la autopista, regresaron la semana pasada a ese lugar y acusaron a ICA de haberlos engañado.
La empresa constructora les había otorgado una nueva vivienda, valorada en unos 15.000 dólares, a 15 kilómetros al oeste de la capital, a cambio de sus tierras en La Playita.
Pero a otra parte de los moradores de esa misma barriada que fueron desplazados posteriormente ICA les pagó entre 30.000 y 33.000 dólares por parcelas de las mismas caracteristicas, según denunció Marisol Yau, vocera de las familias que regresaron al lugar.
De acuerdo a Yao, la compañía mexicana les había indicado que todos iban a recibir la misma suma y que si por alguna circunstancia aumentaban el monto a las personas que salieran en la última etapa los primeros serían recompensados.
Las 30 familias que regresaron a La Playita reconstruyeron sus humildes casas de madera y se niegan a abandonar el lugar mientras no haya una compensación que los equipare con los otros vecinos.
A su vez, los propietarios de una procesadora de harina de pescado localizada en una pequeña isla de la bahía, que utilizaban un muelle en la playa de Boca la Caja para descargar la producción, deberán trasladarse debido a que el lugar va a ser bloqueado por el terraplén.
La gerente de la Pesquera Taboguilla Mirna Aswani, indicó que ICA deberá responder por la inversión de 500.000 dólares que hizo su compañía para la construcción de un nuevo muelle, depósitos y otras instalaciones que está edificando en la playa de Veracruz, al oeste de la capital, en sustitución de las de Boca la Caja.
Los alrededor de 100 integrantes de la Cooperativa Pescadores Unidos de Boca la Caja también se sienten afectados por el terraplén, que obstruirá su entrada al mar.
Además de la pesca, esa cooperativa cuenta con un astillero para la reparación de barcos de tamaño mediano, el cual también quedaría inhabilitado para prestar servicios, según indicó el vicepresidente de la firma Alfonso Oro.
El astillero reporta ganancias cercanas a los 125.000 dólares anuales a la cooperativa "y constituye una fuente de empleo para cien panameños humildes", destacó.
Sin embargo, las demandas, quejas y protestas no parecen alterar el proyecto de ICA, que anunció esta semana que en mayo inaugurará un primer tramo de la autopista, de alrededor de 10 kilómetros. (FIN/IPS/sh/dg/pr-en/99)
