Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de todo el mundo luchan con burócratas de Japón para mejorar los estatutos de lo que será la mayor institución financiera pública de proyectos de infraestructura en países en desarrollo.
El gabinete japonés consideró el martes una carta de intención para la nueva superagencia que se formará a fines de año, a través de la fusión del Banco de Importación y Exportación de Japon (JEXIM) y el Fondo Japonés de Ultramar para la Cooperación Económica (OECF).
La nueva institución manejará un presupuesto anual de 27.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor fuente mundial de financiación pública para la construcción de diques, industrias y medios de transporte en países de bajos ingresos.
Los planes gubernamentales de fusión datan de 1995. Como JEXIM y OECF proporcionan préstamos fuera del país, así como financiación del sector privado, se prevé que su consolidación generará ahorros presupuestales, pues eliminará duplicaciones operativas y de personal.
El problema es que "el borrador de los artículos de incorporación no contiene una palabra sobre derechos humanos y ambiente", declaró Ikuko Matsumoto, coordinadora de proyectos de ayuda en la organización no gobernamental Amigos de la Tierra- Japon.
"Queremos que se incluyan protecciones a los derechos humanos y al ambiente entre las tareas de la nueva institución", agregó Matsumoto.
Grupos que trabajan en lugares lejanos a Japón, como Estados Unidos y Finlandia, y más cercanos, como Filipinas y Sri Lanka, planean enviar una carta abierta al primer ministro Keizo Obuchi antes de la reunión de gabinete para pedirle que la nueva agencia adopte medidas de salvaguardia.
La carta pone de relieve un proyecto de represa en Filipinas que, según las organizaciones no gubernamentales, "demuestra los problemas inherentes a la posición actual adoptada por JEXIM".
"Tanto JEXIM como OECF carecen de normas básicas de transparencia y acceso a la información y tienen políticas sociales y ambientales muy débiles", expresaron las organizaciones en el borrador de la carta, que circula en Internet.
Organizaciones no gubernamentales japonesas han presionado a los legisladores del gobernante Partido Demócrata Liberal para ganar influencia ante los funcionarios encargados de la redacción del estatuto de la nueva agencia.
"Los burócratas conocen las demandas de las organizaciones no gubernamentales y de los parlamentarios con los que trabajamos, pero no tuvimos respuesta", dijo Matsumoto.
"Tenemos esperanzas de que al menos haya una postergación de la discusión del gabinete para darnos tiempo a negociar con los legisladores, lo que podría resultar en un documento mejorado", agregó la activista en una entrevista telefónica.
"El esfuerzo de Amigos de la Tierra-Japón no obtuvo mucha atención de la prensa. Por eso esta iniciativa internacional es en apoyo de su campaña", declaró Aviva Imhof, directora de campañas para el Sudeste Asiático de International Rivers Network, una organización con sede en California.
Los grupos internacionales también quieren que JEXIM retire su apoyo al Proyecto Multipropósito San Roque de Hidroenergía e Irrigación, en la región montañosa de Cordillera, en Filipinas. Según Imhof, el banco prestó 302 millones de dólares para ese proyecto.
La empresa a cargo del proyecto pertenece en conjunto a la multinacional japonesa Marubeny y a la firma neoyorquina Sithe Energies. Se cree que también está prestando 400 millones de dólares a la estatal Corporación Nacional de Energía.
Los indigenas Ibaloy que residen en esa región rechazan el proyecto hace años, porque amenaza sus tierras y medios de sustento en una zona del país ya afectada por inundaciones y deforestación que ocasionaron los diques de Ambuklan y Binga.
Ambas estructuras atrapan el limo originado por las intensas actividades de minería y talado de árboles a lo largo del río Agno.
Funcionarios del proyecto y la Alianza de Pueblos de Cordillera discuten sobre la cantidad de gente que deberá ser obligada a trasladarse para dar espacio al proyecto San Roque.
Los funcionarios aseguraron que solo deberan mudarse tres familias porque sus viviendas quedarán inundadas, pero la organización no gubernamental dijo que eran 925.
A esas familias se les prometió mejores viviendas, tierras de cultivo y asistencia financiera, pero las autoridades nunca cumplieron.
Las 160 familias de la aldea San Roque, que da nombre al proyecto, fueron desalojadas el año pasado. "Se les prometió mejoras materiales, pero ahora su situación es peor que antes, y sus problemas fueron ignorados por las autoridades japoneses y filipinas", dijo Imhof.
Desde la perspectiva de los gobiernos y técnicos, los sacrificios locales deben ser equilibrados con las ambiciones de desarrollo nacional.
El nuevo dique dará energía a operaciones mineras vecinas y a una proyectada zona industrial, considerada esencial para mejorar el crecimiento económico y atraer inversiones extranjeras.
JEXIM nació en 1950 y tomó su nombre actual dos años después, cuando agregó la financiación de importaciones a su función principal de subsidiar las exportaciones niponas.
El ente concedió su primer préstamo a un país extranjero en 1958 y, en 1989 añadió inversiones en títulos a su cartera para alentar los aportes japoneses de capital en el exterior.
También brinda garantías a empresas japonesas para que puedan financiar sus negocios en el exterior mediante préstamos de instituciones financieras nacionales y extranjeras.
JEXIM informó el 31 de marzo de 1998 que posee unos 7.500 millones de dólares en suscripciones de capital por parte del gobierno japonés.
La OECF, establecida en 1961, principalmente ofrece préstamos a largo plazo y bajo interés a países en desarrollo, por lo general, a cambio de bienes y servicios japoneses. Esos préstamos suman 40 por ciento de la asistencia oficial japonesa al desarrollo (ODA), según la agencia.
También brinda financiación del sector privado a proyectos de firmas japonesas en países pobres, en su mayoría asiáticos.
Entre 1966 y 1995, solo 7,4 por ciento de la financiación del sector privado de OECF fue destinada a proyectos "sociales", en agua potable, cloacas, salud, educación y turismo.
Casi 84 por ciento financió diques, yacimientos gasíferos, transporte, telecomunicaciónes, irrigación, agricultura, actividades madereras, minería y manufacturas. (FIN/IPS/trad-en/aa/kb/ego/mj/dv if en hd/99)
