Representantes de los pueblos indígenas de Ecuador pidieron al gobierno que impida las actividades de explotación de todo tipo en las zonas naturales en la Amazonia que declaró protegidas a fines de enero.
El gobierno ecuatoriano declaró la protección de Cuyabeno-Imuya y el territorio de los grupos Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní, contra actividades petroleras, madereras, mineras y de colonización.
La ministra de Medio Ambiente, Yolanda Kakabadse, dijo que esta medida es muestra del respeto y valoración de los derechos colectivos y conocimientos de los pueblos Huaorani, Siona, Secoya y Cofán, y de las comunidades quichuas que habitan las zonas reservadas.
Cuyabeno-Imuya, ubicada en la frontera con Perú, abarca 435.500 hectáreas, en su mayor parte bajo y pantanoso, continuamente inundado y con ecosistemas sensibles y frágiles. Tiene gran cantidad de lagunas y ríos, entre ellos Cuyabeno, Aguarico y Zábalo, compartidos con Perú.
En ese territorio están ubicadas varias zonas de prospección petrolera y cualquier contaminación por crudo causaría daños irreversibles a la biodiversidad, tanto del lado ecuatoriano como del peruano, dada la cuenca hidrográfica común.
En los territorios Tagaeri y Taromenane, situados en el núcleo del Parque Nacional Yasuní, de unas 650.000 hectáreas, también había sido incluido un bloque petrolero, pero aún no se han realizado en ellos trabajos de prospección geológica ni sísmica.
Los indígenas pertenecientes a la etnia huaorani, son reacios a la intervención externa y los Tagaeri y Taromenane han permanecido aislados del mundo exterior, y han rechazado los intentos de contacto, como sucedió en 1987, cuando resultaron muertos dos religiosos que llegaron a su territorio.
Tras la declaración gubernamental de la intangibilidad de ambas zonas, la empresa petrolera nacional Petroproducción anunció que daba por finalizadas todas las actividades, pese al potencial de las reservas petroleras idenficadas allí.
Al declarar reservadas zonas de enorme potencial minero y petrolero, el gobierno ecuatoriano establece un ejemplo en América, pues da preferencia de la conservación del ambiente sobre otras consideraciones, señalaron voceros de la empresa.
Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo a IPS que los indígenas no sólo están de acuerdo con esta medida gubernamental, sino que la organización que dirige ha venido planteando esta necesidad desde que se creó, hace 20 años.
Los indígenas ecuatorianos piden también la declaración de intangibilidad de una zona de 600.000 hectáreas en la provincia amazónica de Pastaza, que comparte territorio Shuar, y que es también zona fronteriza, afirmó.
Esta es la única provincia en que aún quedan importantes zonas boscosas intocadas por la civilización moderna, subrayó el dirigente indígena.
Respaldó además las gestiones que la Federación Shuar realiza para impedir el inicio de operaciones petroleras de la empresa estadounidense Arco en territorio Shuar, en la zona fronteriza con Perú.
La Constitución ecuatoriana, vigente desde agosto de 1998, señala entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas que serán "consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente".
El presidente de la Conaie destacó el beneficio que implica para la humanidad la preservación de la Amazonia. (FIN/IPS/gm/ag/en/99
