Ambientalistas e indígenas de Chile anunciaron esta semana el inicio de protestas en la zona del Alto Bío Bío, a unos 600 kilómetros de Santiago, contra la reanudación de los trabajos en la controvertida central hidroeléctrica Ralco.
La central que construye la empresa Endesa, del consorcio chileno-español Enersis, inundará las tierras ancentrales de la rama pehuenche de la etnia mapuche y destruirá un ecosistema fluvial cordillerano único en el mundo.
Aunque ocho familias se han negado a ser desalojadas y a ceder sus tierras, la empresa renudó el viernes sus tareas en una zona donde la Corporación Nacional Indígena (Conadi) aceptó la permuta de terrenos.
Sin embargo, la Conadi no ha notificado oficialmente estas permutas, las cuales permitirán el traslado de las familias que vivían en el sector donde Endesa comenzó las obras.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), denunció que Endesa actúa fuera de la ley, con una política de hechos consumados, porque si no resuelve el problema de las ocho familias que no quieren abandonar las tierras no podrá construir la represa.
También es necesario que antes de iniciar los trabajos la justicia dirima el conflicto entre la ley indígena que protege al pueblo mapuche y la ley eléctrica que ampara a Endesa, señaló Baquedano.
A juicio de estas organizaciones, Endesa "ha contado con la complicidad del actual gobierno, que ha manipulado la institucionalidad ambiental y la institucionalidad indígena para abrirle paso a la empresa".
"Se equivoca el gobierno si piensa que las organizaciones ecologistas e indígenas vamos a contemplar impasibles cómo los pehuenches son expulsados de sus tierras", dijeron.
Según las organizaciones, esta empresa no dispone de los permisos por parte de la Superintendencia de Servicios Eléctricos que le permiten construir la central ni de la notificación oficial que Conadi debe emitir sobre las permutas aprobadas.
La controvertida empresa señaló, en cambio, que los trabajos se han reanudado en las áreas aprobadas por la Conadi y que las organizaciones ambientalistas mienten al decir que las obras se realizan de forma ilegal.
Alejandro Navarro, diputado del cogobernante Partido Socialista y miembro de la Bancada Verde (ambienalista) del Parlamento, dijo que los posibles enfrentamientos entre indígenas y Endesa serán responsabilidad del gobierno del presidente Eduardo Frei por no hacer cumplir las leyes vigentes.
Navarro pidió a la máxima autoridad de la zona la paralización de las obras en la central.
A su vez, la Asociación Comunal de Comunidades Mapuches advirtió que se sumará a la convocatoria anunciada por los pehuenches para apoyar la resistencia contra la construcción de la represa.
El día 13 se realizará una manifestación pacífica en la comunidad Ralco Lepoy del Alto Bío Bío que reunirá a organizaciones y pueblos indígenas.
Estos grupos hicieron un llamado a otras organizaciones sociales y de derechos humanos para que apoyen sus acciones y comprueben en terreno "los atropellos cometidos a las comunidades mapuches pehuenches del Alto Bío Bío".
Estas comunidades ven en la organización, la lucha y la presión social la única forma de disear y controlar su destino que le spermitan lograr reivindicaciones y demandas.
"Nuestra gente mantiene viva la historia de cómo nos han arrebatado nuestro territorio y del engaño de una política neoliberal de desarrollo y modernización excluyentes", dijeron.
Para ellos, el sistema económico imperante en Chile sólo ha significado la negación de sus derechos colectivos.
El megaproyecto en el Alto Bío Bío, que producirá 570 megavatios al año, ha generado problemas entre ambientalistas, indígenas y el gobierno de Chile desde comienzos de esta década. (FIN/IPS/as/mj/en/99
