Tres grupos político-sociales de Argentina realizarán este martes una marcha frente a algunos supermercados para pedir 50.000 kilos de alimentos mensuales, y el gobierno prepara un operativo de prevención con mil policías.
La marcha seguirá, de manera organizada, a una serie de incursiones del mismo tipo que se produjeron de forma más o menos espontánea desde diciembre.
El secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, advirtió este lunes que la policía evitará "situaciones desagradables" y denunció a los organizadores ante la justicia por incitar al delito.
"No se puede llamar a ocupar supermercados y, mucho menos aprovecharse de las necesidades de la gente que sufre", sostuvo Toma, que acusó a los responsables de la convocatoria de "atentado contra el orden constitucional y la vida democrática".
En 1989, en pleno período de alta inflación, se produjo una ola de saqueos de supermercados y otros comercios de alimentos. La represión dispuesta por las autoridades tuvo un saldo de 19 muertos.
La Cámara de Supermercados informó este lunes que desde hace tiempo los locales entregan alimentos a quienes los piden, ya sea de modo individual o en representación de organizaciones de beneficencia, que aumentaron sus demandas en los últimos meses.
Pero el presidente de la Cámara, Juan Milela, criticó la decisión de los organizadores de convertir este fenómeno en un acto político. "Es insoportable que quieran hacer esto público y que amenacen con tomar medidas si no se les da nada", observó.
Nueve millones de personas, el equivalente a 25 por ciento de la población total, se hallan en Argentina por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Las condiciones de pobreza son tradicionalmente mitigadas por miles de comedores dependientes de las organizaciones caritativas de la Iglesia Católica y por algunos planes del gobierno federal, de las provincias y de los municipios.
Esta nueva campaña en reclamo de alimentos había sido anunciada en enero, tras una serie de incursiones de pobladores pobres en supermercados y de otras marchas organizadas en diciembre por el Movimiento de Desocupados y Jubilados.
La marcha de este martes está organizada por el Movimiento de Desocupados y Jubilados, el grupo izquierdista Corriente Clasista y Combativa y la asociación Teresa Rodríguez, también de jubilados.
"Nunca propiciamos los saqueos, sólo pedimos colaboración a aquellos que quieran mitigar en algo el hambre de millones de argentinos", dijo este lunes Carlos Santillán, dirigente de la Corriente Clasista.
Santillán advirtió que si hay violencia, será "la que desate el gobierno".
El líder del Movimiento de Desocupados, Rubén Castels, fue detenido el viernes a raíz de una protesta realizada en diciembre, cuando se presentó junto a unos mil jubilados a pedir alimentos en un supermercado de la cadena internacional Wal Mart.
Tras presionar a los empleados del comercio, cada manifestante se llevó una bolsa con comida. Desde entonces se sucedieron unos 20 episodios semejantes en todo el país, algunas espontáneos y otros organizados.
Los empleados se negaron en algunos de los casos denunciados a entregar alimentos gratuitamente y las personas que reclamaban, en señal de protesta, decidieron comer allí mismo la mercadería requerida.
Milela denunció que Castels envía cartas a los supermercados en las que pide la entrega a un dirigente del Movimiento de Desocupados de 3.000 kilos de determinados alimentos, en fecha y hora señaladas. A jucio del empresario, se trata de una extorsión.
Según trascendió, los propietarios de supermercados acordaron resistir este martes la presión de los manifestantes y no entregar alimentos. (FIN/IPS/mv/ff/ip/99
