Cuba fue señalada nuevamente hoy por el gobierno de Estados Unidos como el país de América Latina en que más violaciones de derechos humanos se cometen, aunque aliados de Washington también merecieron críticas.
Países como Colombia, Guatemala, México y Perú recibieron el cuestionamiento del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, que este viernes entregó al Congreso legislativo su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en todos los países del mundo.
"Cuba es un estado totalitario controlado por el presidente Fidel Castro, quien es jefe de Estado y de Gobierno, primer secretario del (gobernante) Partido Comunista y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", recordó el informe.
Además, "Castro ejerce control sobre todos los aspectos de la vida cubana a través del Partido Comunista, única entidad política legal, y de sus organizaciones de masas aliadas, de la burocracia del gobierno y del aparato de seguridad del Estado"
El Departamento de Estado afirmó que La Habana "continuó violando sistemáticamente derechos civiles" en 1998.
"Las autoridades continuaron, como parte de su rutina, acosando, amenazando, arrestando arbitrariamente, deteniendo, encarcelando y difamando a defensores de derechos humanos y miembros de asociaciones profesionales, como periodistas, economistas, médicos y abogados", sostuvo el informe.
Además, "el gobierno usó el exilio interno y externo contra esas personas, y ofreció a presos políticos la alternativa de exiliarse o continuar en prisión", al tiempo que "les negó el debido proceso y el juicio justo", agregó.
La visita del papa Juan Pablo II en enero cambió poco la situación de Cuba, aseguró Estados Unidos.
"El gobierno restringe algunas actividades religiosas pero permite otras. Permitió la visita del Papa, algunas procesiones en días festivos y restauró el feriado oficial de Navidad, pero no respondió al pedido papal de un mayor papel de la Iglesia (Católica) en la sociedad", se sostuvo en el informe.
El Departamento de Estado destacó el caso de los cuatro fundadores del Grupo de Trabajo para la Disidencia Interna (Marta Roque, Félix Bonne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antunes), presos hace 19 meses, pero acusados solo en septiembre de 1998 de sedición.
El informe citó a organizaciones de derechos humanos para situar la cantidad de presos políticos en La Habana entre 350 y 400 y hasta 1.600 en todo el país, si bien "el número cayó en 1998, en particular luego de la liberación de 99 personas en febrero a pedido de clemencia del papa Juan Pablo II".
Los presos fueron acusados de "divulgar propaganda enemiga, asociación ilícita, falta de respeto a las autoridades, impresos clandestinos y rebelión", según el informe. Además, "las autoridades buscan regularmente a personas en su hogar, sin causa probable, para intimidarlas o acosarlas", afirmó.
Aunque no hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Cuba, el informe menciona la muerte en custodia policial del activista de derechos humanos Wilfredo Martínez Pérez y de Reinery Marrera Toledo, acusado de abigeato, como dos casos probables.
También citó el caso de Yuset Ochtereno, "abatido a balazos por error" en su propia casa por policías que, al parecer, buscaban a otra persona.
"Hubo golpizas y abusos contra activistas de derechos humanos, detenidos y presos. Hubo numerosos informes de acoso policial desproporcionado contra jóvenes negros", agregó el informe.
En cuanto a Perú, su sistema judicial "es ineficiente, con frecuencia corrupto, y es al parecer manipulado con facilidad por el Poder Ejecutivo", dijo el Departamento de Estado.
"El presidente Alberto Fujimori usó designaciones provisionales y temporarias para crear un cuerpo de jueces leales a él. El cese de tres miembros de la Corte Constitucional" que cuestionaban la posibilidad de reelección del mandatario "dejó a ese cuerpo sin quórum" para funcionar, sostuvo el informe.
"Los procesos por terrorismo y por traición continuaron careciendo de criterios internacionalmente aceptados de transparencia y justicia", advirtió el gobierno estadounidense, que aclaró que "las notorias violaciones de derechos humanos continuaron cayendo".
Sin embargo, "las fuerzas de seguridad fueron responsables de torturas y golpizas, y la impunidad continuó siendo un problema". En ese sentido, el informe mencionó el perdón que recibieron dos de los cuatro oficiales condenados por torturar a la agente de inteligencia militar Leonor la Rosa.
"Es una creencia extendida que el gobierno ha violado los derechos a la intimidad de los ciudadanos", así como "la libertad de prensa". Las autoridades peruanas llegaron al "acoso e intimidación de periodistas", agregó el Departamento de Estado.
Mientras, las menguantes organizaciones insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) "continuaron cometiendo la gran mayoría de los asesinatos y otras notorias" violaciones de derechos humanos, como "tortura" y "ruptura de la vida familiar".
"Estadísticas recogidas por el Instituto de Defensa Legal señalan que Sendero Luminoso y el MRTA realizaron 454 ataques violentos en los primeros 10 meses del año. En ese perído, hubo 117 muertes que se pueden atribuir al conflicto interno", de acuerdo con el informe. (SIGUE/2-E
