La disyuntiva entre el libre comercio o la imposición de barreras al tránsito de productos transgénicos (organismos genéticamente modificados) es la piedra angular de la negociación del protocolo de bioseguridad en curso en esta ciudad del Caribe colombiano.
Un grupo de países del Norte industrializado que exportan biotecnología, liderado por Estados Unidos (cuyo Congreso no ratificó la Convención sobre Biodiversidad de 1992) y aliado con empresas multinacionales del sector, abogan por el libre comercio de estos productos.
"A pesar de que Estados Unidos no participa en la negociación oficial ni tampoco las empresas biotecnológicas, su presión dio resultado. Cuentan con el apoyo de países industrializados como Canadá y Nueva Zelanda y otros del Sur, como Argentina y Uruguay", alertó Marijane Lisboa, de Greenpeace.
En el otro extremo, un bloque de países del Sur en desarrollo, liderados por Etiopía e integrado por casi toda Africa, así como por Ecuador, Colombia y otras con gran biodiversidad, reclaman un Protocolo que sea un instrumento fuerte y que anteponga los principios éticos, ambientales y socioeconómicos al comercio.
Este grupo cuenta con el apoyo de las principales organizaciones no gubernamentales de América Latina, Europa y Estados Unidos, entre ellas Greenpeace, Rafi, Grain, Red del Tercer Mundo y el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otras.
Un tercer bloque, integrado por países de la Unión Europea donde existe fuerte presión de consumidores, ambientalistas y agricultores, postula un Protocolo que permita el rechazo de importaciones de transgénicos cuando los considere peligroso para la salud, el ambiente o la economía.
Pero, al mismo tiempo, esos países aspiran a legitimar su potencial exportador de productos manipulados.
"Algunos países del Sur, entre ellos, India, México y Chile, empezaron a ceder ante esta tendencia ambigua", advierte la bióloga ecuatoriana Elizabeth Bravo.
La ingeniera genética alemana Ricarda Steinbrecher opinó que la tendencia a privilegiar los intereses comerciales resulta para los potenciales consumidores de transgénicos peligrosa en lo ambiental, social, económico y sanitario.
"Me preocupa que el concepto y el principio de bioseguridad se sacrifique en aras del juego comercial. La ingeniería genética es una ciencia muy reciente, fascinante, pero está aún muy lejos de contar con certeza total sobre sus efectos en la salud y el ambiente", explicó.
Investigaciones con ratones en la Universidad de la Sorbona de Paris revelan que algunos "genes marcadores" empleados en la producción de transgénicos provocan resistencia a los antibióticos, en particular la ampicilina, advirtió el científico colombiano Rodrigo Artunduaga.
Miembro de la delegación oficial de Colombia, Artunduage se mostró preocupado "por la falta de conocimiento científico de muchas de las delegaciones oficiales que negocian el Protocolo".
En la primera jornada de trabajo en el Centro de Convenciones de Cartagena, las delegaciones de casi 170 países se dividieron en grupos y subgrupos para estudiar el Protocolo punto por punto.
Los países del Sur y las organizaciones no gubernamentales afirman que el Protocolo debe regirse por el principio de precaución, pero los exportadores afirman que no existen riesgos "considerables" que obliguen a frenar la comercialización, liberación y uso de organismos genéticamente modificados.
Los países del Sur quieren que el Protocolo incluya una estricta evaluación sobre los posibles impactos en la salud, el ambiente y la situación socioeconómica.
El Norte argumenta que existen otras regulaciones internacionales al respecto, y que el Protocolo debe restringirse a la regulación del movimiento transfronterizo de los organismos manipulados genéticamente.
El punto más discutido es la responsabilidad en caso de que se descubran efectos negativos (como contaminación genética, daños a cultivos normales o a la biodiversidad y problemas de salud) a la producción, tránsito y consumo de productos transgénicos.
El Sur en desarrolo afirma que, en estos casos, las empresas y los países exportadores deben ser responsabilizados y penalizados. El Norte industrial, en cambio, afirma que los responsables deben ser los países importadores.
Se espera que los grupos logren llegar a acuerdos al respecto en los tres primeros días de la negociación. Pero la polarización de posiciones impide un pronóstico positivo.
"El fondo de la polarización radica en dos concepciones direrentes sobre la responsabilidad social y la visión ética frente a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza", explicó Lisboa.
El Norte argumenta que su desarrollo biotecnológico "permitirá aliviar el hambre en el mundo y contribuir a la cura de enfermedades como el sida y el cáncer".
No ocultan, sin embargo, que su objetivo es "fortalecer el valor de las semillas norteamericanas y abrir nuevos mercados" en el mundo en desarrollo y en el desaparecido campo socialista, según portavoces del Departamento (ministerio) de Agricultura de Estados Unidos.
"Sin embargo, la mayoría de los productos transgénicos han sido desarrollados con fines netamente comerciales", advirtió Lisboa.
El caso más ilustrativo de ello es la estrategia desplegada por la multinacional Monsanto, principal productora mundial de agroquímicos y semillas transgénicas, para prolongar la patente de su producto más exitoso, el herbicida glifosato, que vence en el 2000, según el colombiano Germán Vélez, del Programa Semillas.
Para evitar la competencia, Monsanto diseñó semillas transgénicas de trigo, maíz y soja resistentes al herbicida, con el fin de que los cultivos sobrevivan a la aplicación del agroquímico y maten sólamente las malezas, lo cual resulta atractivo para los agricultores que abusan de agroquímicos.
Pero al vender las semillas transgénicas, de las cuales las empresas tienen derechos exclusivos, la empresa obliga al agricultor a comprar glifosato, ya que los cultivos sólo son resistentes a esta marca de herbicida y a ninguno más.
Además, los comprometen a comprar todo su paquete de insumos, con lo cual multiplican la dependencia de los agricultores, sin considerar el eventual impacto ambiental y los riesgos para la salud de los consumidores.
El consumo de estos productos no sólo tiene posibles impactos por la alteración genética con que son producidos, sino también por su alta concentración de tóxicos.
Portavoces de Monsanto aseguran que estas nuevas tecnologías ayudarán "a la implementación de modos de producción más limpia porque reduce el número de herbicidas utilizados y facilitará la producción mundial de alimentos".
Las partes en contienda presentan, cada cual a su modo, diferentes versiones científicas para sustentar sus posiciones, lo cual polariza aún más las discusiones. (FIN/IPS/ag/mj/en/99
