Los préstamos al Tercer Mundo otorgados por las agencias de créditos a la exportación (ACE) de los países industrializados presentan un serio riesgo ambiental, al ser concedidos sin estudios previos en la materia, denunció un informe de organizaciones ecologistas.
El monto prestado por esas agencias financiadas por los gobiernos aumentó 400 por ciento en los últimos ocho años, pasando de 26.000 millones de dólares en 1988 a 105.000 millones en 1996, reveló el estudio.
Cerca del 56 por ciento de la deuda externa de los países del Tercer Mundo corresponde a las ACE.
La mayoría de las agencias gubernamentales carecen de criterios sociales y ambientales comunes, por lo que buena parte del dinero público que las financia se utiliza para financiar proyectos ambiental y socialmente dañinos, advirtió el estudio.
Más de 40 organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente debatirán en marzo, en el marco de una conferencia que tendrá lugar en Washington, acerca de las estrategias a emplear para presionar a los gobiernos a adoptar criterios comunes para sus ACE.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Amigos de la Tierra y el Centro de Recursos y Ambiente del Pacífico promoverán una "armonización por lo alto" de los criterios y eligieron como primer objetivo al Grupo de los Siete países más industrializados más Rusia.
El Congreso de Estados Unidos pidió en 1992 al los bancos de exportación e importación de ese país que adopten criterios ambientales para decidir los proyectos que financian.
Esas entidades se negaron, desde entonces, a apoyar planes que pudieran ser considerados nocivos para el ambiente, como el de la represa Tres Gargantas de China. Sin embargo, el espacio vacío fue ocupado por las ACE de Europa.
Desde que en 1998 accedió al poder en Bonn una coalición entre socialdemócratas y verdes, Alemania intenta seguir criterios similares a los del gobierno de Bill Clinton.
No obstante, en los propios Estados Unidos los legisladores de la oposición republicana, mayoritarios en el Congreso, estiman excesivas las limitaciones impuestas a los bancos de exportación e importación del país.
Los criterios ambientales exigidos a esas instituciones constituyen una limitación al libre comercio que afecta los intereses de las corporaciones estadounidenses, consideran.
El senador republicano Frank Murkowski propuso una enmienda para que los bancos de exportación e importación nacionales puedan financiar proyectos que no satisfagan requerimientos ambientales si otros países industrializados están dispuestos a respaldarlos.
El informe que las ONG ecologistas difundirán en marzo se referirá explícitamente a una decena de proyectos que las ACE están a punto de financiar y que podrían generar graves daños ambientales.
Entre ellos figura la construcción, por mil millones de dólares, de la represa de Ilisu, en la frontera de Turquía con Iraq, sobre el río Tigris.
Un área de 313 kilómetros cuadrados sería anegada, obligando al desplazamiento de por lo menos 15.000 kurdos, que se oponen a la obra.
En la zona se ubica un sitio arqueológico que los kurdos veneran.
La represa daría además a Turquía la posibilidad de bloquear el flujo del agua hacia Iraq durante varios meses al año.
El Banco Mundial se negó a financiar el proyecto, pero las ACE de varios países -Austria, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Japón, Portugal, Suiza, Suecia y Estados Unidos- ofrecieron apoyo financiero, advirtió el informe.
La ACE alemana Hermes Kreditversicherungs AG proveerá a su vez millonarios fondos para obras como la represa china de Tres Gargantas, que inundará varias ciudades y sitios arqueológicos, además de desplazar a más de un millón de personas, según el estudio.
Hermes también brindó apoyo a la represa Maheshwar de India, que sumergirá a 61 pueblos y desplazará a 10.000 personas. Parte del área amenazada es una de las regiones más fértiles del país, advirtieron los ambientalistas.
Las ACE japonesas financian varios de los proyectos que figuran en el informe.
Las ONG ambientalistas centraron su atención sobre Japón desde que en ese país se anunció, a comienzos de mes, la fusión entre el Banco de Exportación e Importación (JEXIM) con el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar.
La nueva institución, con un presupuesto anual combinado de 27.000 millones de dólares, será la mayor fuente de financiación de proyectos para los países del Sur.
El JEXIM aprobó un crédito directo de 121 millones de dólares para el oleoducto Ocensa de Colombia, en cuya construcción se produjeron cuantiosas pérdidas de petróleo y se destruyeron zonas selváticas.
El oleoducto, operado por un consorcio que cuenta entre sus integrantes a la firma británica British Petroleum y la francesa Total, fue motivo de enfrentamientos entre el ejército de Colombia, la guerrilla de izquierda y los paramilitares de derecha.
Las organizaciones armadas de ultraderecha, que dicen proteger el oleoducto de los ataques de los insurgentes, fueron acusadas de asesinar a 11 habitantes del área. En octubre de 1998, los guerrilleros realizaron un atentado contra la obra en el que murieron 56 pobladores.
"El oleoducto de Ocensa demuestra que los proyectos apoyados por las ACE causan graves riesgos políticos y económicos, porque carecen de toda consideración social o ambiental", insistió el informe. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ceb-dg/en/99
