El presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, vio aclarado el camino hacia su propuesta Asamblea Nacional Constituyente, al decidir la Corte Suprema de Justicia que tiene potestad para llamar a un referendo sobre la materia.
El máximo tribunal del país acogió también la posición de Chávez sobre la supremacia del poder popular, como fuerza originaria constituyente, sobre los poderes constituidos, lo que legitima en la forma y en el fondo su gran promesa electoral.
"Es una decisión esencialmente política", comentó a IPS el jurista Alberto Arteaga. Añadió que lo confirma el hecho de que el dictamen haya sido por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala Político-Administrativa, en un asunto tan espinoso.
Para Arteaga, quien fue decano de Derecho de la principal universidad del país, "la Corte cumplió un papel político y decidió ponerse a la cabeza de un proceso que considera inevitable y suministrarle piso legal".
Chávez calificó la decisión como "muy positiva" y aseguró que tras ella "soy mucho más optimista sobre la posibilidad de modernización del país", que los expertos afirman que recibirá arruinado y desconfiado en lo económico, pauperizado y resentido en lo social y anquilosado y corrompido en lo político.
El ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y senador del Congreso que se instalará el sábado, afirmó que la decisión "nos quitó un grave problema de encima y también eliminó pretextos a Chávez para enfrentarse al Poder Legislativo".
Chávez asumirá el poder el 2 de febrero, por un periodo que decidirá la Constituyente, tras fracasar el 4 de febrero de 1992 en tomarlo por las armas, cuando como teniente coronel del ejército intentó derrocar a Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
Luis Miquilena, ministro designado del Interior, dijo que el dictamen "está ajustado a derecho y en consonancia con el sentimiento del pueblo venezolano", que en más de 70 por ciento apoyaría la Asamblea Constituyente, según un sondeo de este mes.
El inapelable dictamen quita fuerza al previsto conflicto de poderes por la convocatoria presidencial a un referendo sobre la asamblea y la posibilidad de instituirla sin una previa reforma a la Constitución actual por parte del parlamento.
Pero los opositores a la Asamblea, a la forma propuesta por el Polo Patriótico de Chávez para convocarla y a su planteado poder ilimitado cuentan aún con un arsenal de armas políticas para entorpecer o retardar tanto el referendo como la constituyente.
El nuevo parlamento bicameral tiene una composición que dificultará su funcionamiento, por cuanto la alianza de izquierda que secunda a Chávez tiene 35 por ciento, mientras que los dos partidos tradicionales que dominaron la política local por 40 años mantienen 32 por ciento, y el resto está fragmentado.
Dirigentes de los disminuidos partidos tradicionales, el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el socialcristiano Copei, acusaron esta semana a Chávez de promover un golpe de Estado, por reafirmar que llamará al referendo y que si el Congreso se opone actuaría ilegalmente y podría ser disuelto.
El pronunciamiento de la máxima instancia del Poder Judicial respondió a dos requerimientos paralelos de interpretación de un artículo de la Constitución actual, de 1961, y otro de la Ley del Sufragio y Participación Política, realizados por una organización de derechos humanos y un grupo de abogados.
Los pedidos de interpretación se refirieron a la potestad presidencial de convocar a un referendo consultivo sobre una Asamblea Constituyente y si la población puede decidir directamente sobre cambiar la Constitución o sólo puede hacerlo mediante los poderes públicos que la representan.
Pero la Corte fue más allá y se adelantó a interpretar otros aspectos polémicos al determinar que el poder de la Asamblea Constituyente sería ilimitado y que los poderes públicos deberán acoger el resultado del referendo, así sea sólo consultivo.
Las dos sentencias paralelas y coincidentes, aunque una tiene sólo 10 páginas y otra 30, sorprendieron con su agilidad al estamento político, acostumbrado al retardo de la Corte, "o a la no decisión como forma de decidir", según recordó Arteaga.
Los cinco magistrados dictaron que es jurídicamente idóneo que se realice el referendo, siempre que se ciña al artículo 181 de la Ley del Sufragio, que establece el mecanismo para consultar a la población para asuntos de especial trascendencia.
También precisa que el mismo puede ser convocado por el presidente en Consejo de Ministros, el Congreso con el respaldo de dos tercios de las cámaras y la iniciativa popular, si cuenta con el respaldo de 10 por ciento de los electores.
Añade que el resultado del referendo "adquirirá vigencia inmediata", pero que "su eficacia sólo procedería" cuando se le de cumplimiento mediante los mecanismos legales existentes, a los que estarán obligados a dar curso los órganos públicos.
Ese punto es muy importante porque los opositores a la Constiuyente han subrayado que el referendo, de realizarse, no tendría que ser acatado, y que antes de poder pedirle opinión a la población se debe producir una reforma a la Constitución, porque esta es la única vía legal prevista en su texto.
La Corte acogió la doctrina del sistema político participativo y no sólo representativo, al sentenciar que la soberanía popular tiene supremacia sobre la Constitución, el poder constituyente manda sobre el orden jurídico y que los limites de la Carta Magna afectan sólo al poder constituido y no al constituyente.
Chávez ha planteado que el Congreso tiene del 23 de enero hasta el 15 de febrero para tomar la iniciativa de convocar a un referendo sobre la Constituyente. En caso contrario, lo hará él ese día, cuando se cumplen 181 años de que Simón Bolivar convocó al Congreso de Angostura, que impulsó la independencia de España.
El referendo, de acuerdo al cronógrama de Chávez y una Comisión Presidencial Constituyente que ya instituyó, sería el 19 de abril, aniversario de otro hito independentista en Venezuela. La Asamblea sería elegida en junio y trabajaría hasta diciembre.
Ricardo Combellas, secretario ejecutivo de la comisión presidencial, dijo a IPS que los poderes constituidos operarán normalmente hasta que se instalen los nuevos, aunque el poder de la Asamblea Constituyente sería originario, con lo que podría disolver alguno de sus órganos, una vez instalada.
En ese poder originario se basa Chávez para afirmar que si "el podrido viejo regimen" encabezado por AD -el más beligerante contra la forma ahora legitimada en que se quiere convocar a la Asamblea-, recurre a argucias para retardar el proceso desde el Congreso, podría ser disuelto por la Asamblea.
Dirigentes de AD recordaron esta semana que el nuevo Congreso deberá decidir en febrero si ratifica o cambia al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que de consumarse retrasaría todo el proceso de consultas y elecciones constituyentes.
También recordaron que parte de los 15 magistrados de la Corte Suprema tienen sus periodos vencidos desde hace años, algo que no habían tenido en cuenta hasta ahora, mientras que acusaron a la presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, de "anticipar opinión" al decir que lo jurídico no puede olvidar lo político.
Pérez, un alto crítico de su antiguo partido AD y quien coincide con Chávez en que el sistema de partidos instalado en 1958 "se envileció y se pudrió" y que la vía para rediseñar la gobernabilidad es una Constituyente, aseguró este miércoles que la suerte del Congreso dependerá de su actuación.
"Si la legislatura que nace el sábado se comporta como la anterior será sano que se disuelva y se manden todos a casa, porque no representan al país", indicó Pérez, al que se adjudica un gran peso político desd el el Senado y mantiene una posición de equilibrio respecto a Chávez, al subrayar que hasta diciembre fue un golpista y ahora es un presidente constitucional. (Fin/IPS/eg/ip la/98
