El juez Baltasar Garzón fue el personaje del año pasado en España, delante de políticos, deportistas, artistas e intelectuales, según una encuesta de la empresa Sigma Dos, cuyo resultado publicó hoy el matutino madrileño El Mundo.
Eligieron a Garzón 19,3 por ciento de los encuestados, 11,2 por ciento al presidente del gobierno, José María Aznar, 10,6 por ciento al astronauta Pedro Duque y 10,3 por ciento al cantante Alejandro Sanz.
Les siguen otros personajes, como el actor Antonio Banderas, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y con apenas cuatro por ciento el candidato presidencial del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Borrell.
La orden de arresto cursada el 16 de octubre y el auto de procesamiento dictado el 10 de diciembre contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet fueron los hechos más llamativos a escala nacional e internacional, y que explican la popularidad de Garzón, de 43 años.
Pero, además, este juez dispuso en 1998 la prisión de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB, coalición afín a la organización separatista vasca ETA).
Garzón también ordenó la clausura del diario Egin, también próximo a ETA, y el desmantelamiento de la estructura financiera del conglomerado independentista.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó en 1998 al ex ministro José Barrionuevo y a otros 11 acusados en un sumario que Garzón instruyó, en medio de enconadas críticas del PSOE, por la "guerra sucia" desarrollada por el gobierno de ese partido (1982-1996) contra el independentismo vasco.
Ya en 1990, cuando Garzón tenía 35 años, los corresponsales extranjeros en Madrid le otorgaron el premio a la personalidad española con mayor impacto en la prensa internacional por el eco que tuvo su investigación sobre la "guerra sucia".
Sin embargo, Garzón rehuye a la prensa y no hace declaraciones, salvo contadas excepciones, y menos sobre los asuntos judiciales a su cargo en trámite.
La popularidad que ha llevado a sus enemigos a calificarlo de "juez estrella" se explica por su empeño por llevar hasta el fin las investigaciones, su negativa a acceder a componendas extrajudiciales, su imagen de honestidad y su capacidad de trabajo.
Con sólo 13 personas a sus órdenes, en su juzgado se instruyen cuatro centenares de sumarios sobre narcotráfico, terrorismo y terrorismo de Estado, estos últimos con los consiguientes atentados, asesinatos, torturas y "desapariciones".
Su concepción de los derechos humanos lo lleva a rechazar "disculpas" de naturaleza política para los asesinatos, hayan sido perpetrados por ETA, por mercenarios al servicio de la Policía o por dictadores que invocan "razones de Estado".
Esa misma conciencia lo llevó a crear y presidir la Fundación por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica y a participar como guardameta en el partido de fútbol anual para recaudar fondos destinados a la lucha contra la drogadicción y en el que participan políticos, artistas, periodistas e intelectuales.
De origen andaluz, apenas cumplidos los 30 años de edad obtuvo por concurso el cargo de juez de instrucción en la Audiencia Nacional, juzgado federal con competencia sobre delitos que escapan a las jurisdicciones provinciales, como falsificación de moneda, terrorismo, prostitución organizada y narcotráfico.
Garzón entiende que esos delitos deben ser perseguidos a fondo, pero sin sobrepasar límites legales y sociales. "No todo está permitido en la guerra contra las drogas. Existe un límite mínimo en el origen y en el final del fenómeno", sostuvo.
Ese límite implica respetar tanto "los derechos fundamentales de los indígenas, nativos, o personas que sufren el fenómeno en los lugares de producción, como de los drogodependientes que, finalmente, son las víctimas inmediatas", afirmó.
Garzón sostiene que el terrorismo de ETA es un cáncer para España, pero también entiende que en su represión deben respetarse los límites "que marca la ley".
Este juez de ideas progresistas y ex diputado independiente en las listas del PSOE no vaciló en procesar a ministros y responsables de la seguridad del Estado que, en el gobierno presidido por el líder de ese partido, Felipe González, ordenaron secuestros y asesinatos.
Ese celo en el cumplimiento de su labor y sus ideas en materia de derechos humanos lo llevaron a procesar a Pinochet y a pedir su extradición a Gran Bretaña, donde el ex dictador había acudido en septiembre para someterse a una operación quirúrgica y echar una mirada a los negocios armamentísticos del ejército chileno.
El proceso contra Pinochet y sus cómplices se inició en febrero de 1996, tras una acusación presentada por la Asociación de Fiscales Progresistas. Por sorteo, como es habitual, su instrucción recayó en el juez Manuel García Castellón.
En ese momento, Garzón ya llevaba varios meses instruyendo otro sumario, que también le había tocado a él por sorteo, en el que están acusados el ex dictador Jorge Videla y otros altos jefes de las fuerzas armadas de Argentina. Nada hacía pensar que este juez tuviera que ocuparse de Pinochet.
Pero en marzo de 1977, a la vista de elementos presentados en el juicio contra Videla, decidió investigar también la Operación Cóndor, como se denomina la coordinación de los aparatos represivos de los regímenes militares imperantes en el Cono Sur de América en los años 70 y 80.
En poco tiempo recogió pruebas que demuestran la existencia, a iniciativa de Chile, de una acción coordinada de las fuerzas de seguridad de ese país y las de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay para perseguir a ciudadanos fuera de las fronteras de sus países.
El 16 de octubre de 1998, Garzón fue alertado de que el ex dictador estaba en Londres. En cuestión de horas preparó la orden de detención y la cursó a sus pares en la capital británica.
"El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos y todos los demás son tributarios de él", señaló Garzón.
Por eso, sostuvo que "el exterminio de grupos de personas por razones políticas ha sido tan evidente y atroz que cada vez ha sido más injustificable mantener que no caben en la definición jurídica de genocidio".
Garzón afirmó que los delitos cometidos bajo la represión dirigida por Pinochet y Videla cabe en la definición y constituye genocidio, además de tortura y terrorismo.
Por eso, el magistrado sigue adelante con la instrucción del sumario, la recepción de testimonios, la acumulación de pruebas y el repaso de la jurisprudencia, para lograr que un juicio justo y con garantías condene a los culpables.
Ese juicio corresponderá a un jurado en el que ni él ni ningún otro juez instructor tendrá voz ni voto.
Ese proceso es necesario, según Garzón, "para que nunca más nada similar pueda volver a ocurrir y para que quienes lo intenten sepan que serán juzgados, más tarde o más temprano". (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
