La reforma agraria de Brasil, presentada por el gobierno como un éxito, afronta un futuro de indefiniciones por la creciente emigración de pobladores rurales a las ciudades, entre otros problemas.
Durante el primer gobierno del reelegido presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 y 1998, se asentaron 287.539 familias, superando la meta fijada en materia de reforma agraria y el resultado de los 30 años anteriores, celebró el ministro de Política Agraria, Raúl Jungmann.
Pero en ese mismo período se estima que 400.000 familias dejaron el campo, en un éxodo que persiste, anulando con creces el esfuerzo de mantener los campesinos en el medio rural.
En el programa del nuevo gobierno de Cardoso, que comenzó el viernes, no se fijan nuevas metas y se habla de mejorar la vida en un "nuevo mundo rural", sin precisar medidas y cifras concretas.
Cardoso anunció la permanencia de Jungmann en el cargo, pero informó que habrá cambios en la estructura de su cartera extraordinaria, que puede incorporarse al Ministerio de Agricultura o absorber su división destinada al desarrollo rural.
La idea, aún por madurar, es unir los programas de reforma agraria y de agricultura familiar, que cuentan cada uno con recursos presupuestarios propios, pero en condiciones distintas.
Las familias asentadas reciben créditos subsidiados, además de ayuda para instalarse en predios rurales. De los préstamos que reciben, solo tienen que pagar la mitad, y a bajo interés. En consecuencia, no quieren "emanciparse" y enfrentar los riesgos normales de la agricultura, observó Jungmann.
Muchos asentamientos dependen durante décadas del Programa de Crédito Especial de la Reforma Agraria, aprovechando los subsidios, y "agricultores familiares quieren volver a la condición de asentados", una situación insostenible, añadió.
"El modelo se agotó" y debe cambiar para ofrecer calidad de vida tanto a los nuevos como a los antiguos agricultores, corroboró Milton Seligmann, quien condujo la ejecución de la política en la materia en los dos últimos años como presidente del Instituto de Colonización y Reforma Agraria.
Seligman dejó esa función y se hará cargo de la secretaría ejecutiva del Programa Comunidad Solidaria, que impulsa proyectos sociales, bajo la conducción de la esposa del presidente, Ruth Cardoso.
Jungman habló de asentar a 85.000 familias al año, contra las 101.094 de 1998. La preocupación principal deja de ser la cantidad y pasa a ser la "calidad de los asentamientos", que deben incluir escuelas, asistencia médica, crédito y otras condiciones para la inserción en el mercado y la sustentabilidad.
Un gran obstáculo será el recorte de 43 por ciento en el presupuesto de su ministerio, como parte del ajuste fiscal que el gobierno decidió promover por tres años, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El Movimiento de los Sin Tierra (MST) acusa el gobierno de abandonar la reforma agraria y de falsear los resultados. Durante los cuatro últimos años "no asentó más que 130.000 familias", sostuvo Joao Pedro Stedile, líder de la organización que más moviliza campesinos, especialmente en ocupaciones de predios.
El MST rechaza las alternativas propuestas por el gobierno para mantener el programa agrario, como la descentralización del proceso, con mayor participación de los municipios en la obtención de tierras y en la financiación de los asentamientos.
Pero la principal crítica se dirige al Banco de la Tierra, que contará con aporte de 1.000 millones de dólares del Banco Mundial, para financiar la compra de tierras por los campesinos. El gobierno quiere "privatizar la reforma agraria" y eludir sus deberes, acusó Gilberto Portes, un coordinador nacional del MST.
La divulgación del censo agropecuario de 1995-1996, hace dos semanas, amplió las dudas sobre la eficacia del esfuerzo que, según Jungmann, costó unos 6.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.
Los datos obtenidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 1995 y 1996 revelaron que la población ocupada en el campo se redujo de 23,3 a 17,9 millones desde 1985, una pérdida de 23 por ciento.
La concentración de la propiedad agraria se agravó en esos diez años. Las grandes haciendas, con más de 1.000 hectáreas, pasaron a representar 45,1 por ciento del área total al final de 1995, contra 44,1 por ciento en 1985.
El censo comprende solo el primer año del gobierno de Cardoso, en que fueron asentadas 42.827 familias, pero la continuación del éxodo rural indica que la tendencia se mantuvo.
Jungmann justificó la actuación de su Ministerio por evitar un desempleo mayor y reducir la fuga de campesinos a la ciudad.
En el campo vive 22 por ciento de los habitantes de Brasil. La reforma agraria no impide que disminuya la población rural, pero sí que baje al seis por ciento de Europa o al tres por ciento de Estados Unidos, argumentó. (FIN/IPS/mo/mj/dv/99
