El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, pasó por alto al Parlamento y recurrió a los decretos para encomendar sectores enteros de la administración civil a las fuerzas armadas, incluso la justicia.
Entre las nuevas tareas del ejército se encuentran la recaudación de los aranceles de la empresa pública de electricidad y agua, y la administración de la autopista que une a Islamabad con Lahore (la ciudad natal de Sharif).
En Karachi, el ejército puede juzgar los delitos civiles y presentar su veredicto en un máximo de ocho días. Su primera víctima, un hombre acusado de matar a un policía, fue ejecutado el 31 de diciembre.
Pero la movilización del ejército, la mayor en tiempos de paz, también se emplea para dirigir a la principal empresa pública de este país, la Autoridad de Desarrollo del Agua y la Energía (ADAE). Los efectivos recibirán su salario básico y 50 por ciento más como honorarios por su labor adicional.
Incluso bajo el poder militar – las fuerzas armadas gobernaron a Pakistán durante 25 de sus 51 años como país independiente – el ejército nunca estuvo tan involucrado en los asuntos civiles como en la actualidad, aseguran observadores políticos.
"En el pasado, las fuerzas armadas sólo eran utilizadas para la labor humanitaria de emergencia o para ayudar a las autoridades civiles a mantener la ley y el orden", comentó la revista mensual Newsline.
Sharif, quien llegó al poder por abrumadora mayoría en 1997, emplea cada vez más los decretos presidenciales como forma de gobernar en lugar de recurrir al Parlamento.
El proceso de incorporar al ejército a los asuntos civiles comenzó en marzo, cuando se utilizaron 250.000 soldados para realizar el censo nacional. El gobierno también decidió por decreto en diciembre que el ejército se encargaría de la ADAE durante seis meses.
"Aunque (la medida) quizá sea una forma de reconocimiento de la eficiencia y la integridad de las fuerzas armadas, también expresa una absoluta falta de confianza en los organismos civiles", opinó la presidenta de la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, Asma Jahangir.
El diario en inglés The Nation comentó que la verdadera razón de los decretos parece ser el deseo del gobierno de evitar la discusión en el Parlamento sobre los avances del ejército en la esfera civil.
El órgano de prensa recordó al gobierno que los decretos sólo se deben utilizar en casos de emergencia. "No existió tal emergencia cuando se promulgaron estos decretos", señaló cuando el gobierno aprobó la medida sobre la ADAE, dos días antes de que sesionara el Parlamento.
El gobierno parece no temerle a la dependencia de las fuerzas armadas y el ministro de Información, Mushahid Hussain, un cercano asesor de Sharif, elogió el "papel positivo" del ejército.
El ejército "promueve el bienestar de la gente y el desarrollo socioeconómico ayuda en gran medida a asegurar el buen gobierno en el país", declaró.
La fuerza designó al teniente general Zulfikar Ali Khan y desplegó a 250 oficilaes y decenas de miles de soldados para impedir el robo de electricidad realizado a través de conexiones ilegales y ahorrarle a ADAE pérdidas de decenas de millones de dólares por año.
Ahora, los uniformados están a cargo del servicio dado a los clientes, la lectura de los contadores, la facturación y la administración de la empresa pública.
El ministro federal del Agua y la Energía, Gohar Ayub Khan, explicó que al ejército se le encomendó sanear a la ADAE y dividirla en 12 compañías distintas para marzo de este año. "El ejército cargará con todos los costos", aseguró.
Al ejército se lo armó con nuevos poderes. Una enmienda a la ley de la ADAE convirtió al robo de energía en un delito punible con una multa mínima de 100 dólares y la cárcel. La apelación sólo se puede pedir al presidente del país.
El gobierno también prohibió a los sindicatos en la ADAE. "Eso, junto con el retiro sumario de la gente, sin razones, y con procedimientos mínimos para los despidos también son razones claras de cómo se pretende llevar a cabo la reforma propuesta", comentó Jahangir.
"Ya lo hemos visto antes. Los regímenes militares funcionaron con los mismos poderes draconianos y al final terminaron con un lío mayor que cuando comenzaron", sostuvo.
Hasta 1993, la ADAE fue una empresa pública rentable. Su apertura al sector privado en 1992 comenzó su decadencia financiera, aseguró un funcionario. Sus pérdidas anuales ascienden a 560 millones de dólares, y clientes privados y estatales le deben un total de 750 millones.
El gobierno espera que el ejército reestructure las operaciones de la empresa y modifique la situación. Pero opositores como Jahangir no se conforman. "Si todo lo que no funciona hay que encargárselo a los uniformados, entonces podríamos empezar por el gobierno mismo", propuso. (FIN/IPS/tra-en/ni/an/aq/ip/99
