Jueces y fiscales del sistema judicial de México son cómplices de violar los derechos humanos, incluso de abusos graves como la tortura o la desaparición, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
El grupo estadounidense defensor de los derechos humanos divulgó este jueves simultáneamente en Ciudad de México y Washington un informe que sostiene que los fiscales, "por ignorancia premeditada o invención intencional", consiguen sus pruebas cometiendo graves abusos, como la tortura.
Simultáneamente, los jueces emplean leyes y precedentes cuestionables para condenar a los procesados mientras ignoran los abusos cometidos en su contra, según el informe "Injusticia sistémica: Tortura, 'desaparición' y ejecución extrajudicial en México".
"Es mucho más probable que el sistema judicial de México procese a una víctima de tortura, utilizando pruebas obtenidas mediante abusos, que envíe al torturador a la cárcel", destacó José Miguel Vivanco, director de HRW para América.
"Lejos de conducir a la justicia, (esta situación) crea injusticia", agregó.
El informe también responsabiliza al gobierno de Ernesto Zedillo que, a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones de los derechos humanos y de abogar por su erradicación, hasta el momento no encaró el problema con seriedad.
"Enfrentado a violaciones generalizadas de los derechos humanos, el gobierno optó por tratarlos como un asunto a manejar políticamente, contrarrestarlos con estadísticas superficiales o encararlos con reformas o iniciativas insuficientes", asegura el informe de 33 páginas.
Una parte importante del problema es la reacción de las autoridades judiciales a las violaciones de los derechos. HRW señala que "es mucho más probable que (el sistema) cierre filas y niegue los abusos, y no que insista para juzgar a los violadores de derechos humanos".
Así mismo, el sistema fomenta que los fiscales utilicen pruebas obtenidas mediante abusos porque no reciben sanciones por hacerlo. "Sus jefes no los castigan y los jueces no rechazan los casos", agrega el informe.
El sistema judicial mexicano es ambiguo ante el uso de evidencias obtenidas como consecuencia de abusos a los derechos humanos, como el arresto o la búsqueda ilegal, la detención prolongada, las golpizas o la tortura.
La Constitución y las leyes permiten a los jueces descartar esas pruebas e incluso procesar a los funcionarios responsables, pero esas normas rara vez se aplican, explica HRW. (SIGUE
