En Chile buscan restos humanos en una colonia nazi, en Argentina la justicia impide una demolición de un edificio militar que podría albergar tumbas clandestinas y en Uruguay existen indicios de que en un cuartel podría existir un cementerio clandestino.
Organizaciones humanitarias de los tres países coinciden en que el hecho de que se siga intentanto rastrear dónde fueron enterradas las personas secuestradas y ejecutadas por razones políticas en los años 70 y 80 demuestra que este capítulo de la historia reciente del Cono Sur no está cerrado.
Los gobiernos respectivos, en cambio, insisten en que las leyes de amnistía vigentes han clausurado el tema.
Ocho años después del fin de la dictadura en Chile (1973-1990), la probable presencia de restos humanos enterrados en la Colonia Dignidad confirmaría que ese refugio nazi creado en 1961 unos 340 kilómetros al sur de Santiago sirvió como campo de concentración.
El juez Juan Guzmán, que investiga 15 querellas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, actualmente detenido en Londres, ordenó el día 23 el allanamiento de la Colonia, también conocida como Villa Baviera, a instancias de una denuncia de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos.
Según esa organización humanitaria, por ese lugar pasaron al menos 55 personas que figuran actualmente en las listas de desaparecidos.
Otros testimonios, como el del director del servicio de salud de la región, Raúl Silva, señalan que el médico de la Colonia, Hartmutt Hopp, habría sacado en su propio automóvil y durante varios meses a numerosos cadáveres con destino desconocido.
Según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que trabajó durante el gobierno de Patricio Alwyn (1990-1994) para esclarecer la situación de los desaparecidos, numerosas personas testimoniaron haber permanecido detenidas clandestinamente y torturadas en Colonia Dignidad en los años 70.
Sobrevivientes del campo de concentración chileno acompañan y guían la búsqueda de tumbas emprendida por el juez Guzmán.
El alemán Paul Schaefer, fundador y líder del enclave de 40 mil hectáreas, se encuentra prófugo de la justicia desde noviembre de 1997, acusado de haber violado a varios niños integrantes de la Colonia.
En Argentina, un Tribunal en lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto un decreto del presidente Carlos Menem que ordenaba demoler el edificio de la Escuela Superior de la Armada (ESMA), escenario durante la década de los 70 de la tortura y el asesinato de miles de detenidos desaparecidos.
Según lo diera a conocer el ex capitán Adolfo Scilingo, en la ESMA se había montado una maquinaria de la muerte de la que eran víctima los detenidos políticos.
Allí funcionaban varias cámaras de tortura, había depósitos de secuestrados y el camino terminaba en los llamados "vuelos".
Los "vuelos" consistían en administrar potentes tranquilizantes a los detenidos seleccionados cada noche, trasladarlos a un avión que sobrevolaba el Río de la Plata y arrojarlos vivos a las aguas. Esta operación se llevó a cabo durante casi dos años.
El tribunal que denegó la petición de Menem actuó apoyando el fallo del juez de primera instancia Ernesto Marinelli, quien había decidido dejar sin efecto el decreto presidencial tras hacer lugar a un recurso de amparo presentado por familiares de desaparecidos argentinos.
El fallo sostiene que la demolición de la ESMA impediría a los recurrentes "conocer el destino de sus familiares desaparecidos y, en caso de haber fallecido, las circunstancias que determinaron el hecho, así como el lugar donde se encuentran sus restos".
Hace algunos años, excavaciones realizadas en un baño de la ESMA permitieron ubicar los restos de varios desaparecidos.
Organizaciones argentinas de derechos humanos sospechan que en ese predio aún se encuentran enterrados los cadáveres de otros muchos secuestrados que fueron asesinados por los militares y reclaman que se proceda a nuevas excavaciones.
El decreto de Menem databa de 1998, y su aprobación coincidió con las investigaciones penales iniciadas por el juez español Baltasar Garzón que implicaban a decenas de militares argentinos en las operaciones de represión conjunta llevadas a cabo por las dictaduras del Cono Sur latinoamerciano en los años 70 y 80.
En Uruguay, mientras tanto, el ex soldado Sergio Pintado dijo ante un integrante de la Suprema Corte de Justicia que el Batallón 13 del cuerpo de Ingenieros del Ejército había servido de cementerio clandestino para enterrar a desaparecidos.
Pintado confirmó en ese sentido versiones anteriores de otros ex militares, y agregó que también habría decenas de cuerpos sepultados en otra dependencia militar en Montevideo y en una isla ubicada frente a las costas de la capital .
La decisión de la alcaldía de Montevideo de emprender obras de saneamiento en las inmediaciones del Batallón 13 que necesitarían de excavaciones en el predio militar levantó protestas de las jerarquías de las Fuerzas Armadas.
El comandante del Ejército, Fernán Amado, pretextó razones de seguridad para pedir la modificación del trazado de las obras o, en su defecto, la realización de las mismas por personal militar.
El senador Rafael Michelini, cuyo padre fue secuestrado y asesinado en Argentina en 1976 y a quien el general retirado Alberto Ballestrino le dijo en 1997 que en el Batallón 13 habría enterrados cuerpos de desaparecidos, solicitó también que el canal de saneamiento pasara por otro sitio.
No obstante, Michelini invocó motivos diametralmente opuestos a las de Amado.
Según el legislador, las topadoras municipales podrían destruir los restos humanos que yacerían en el predio militar. (FIN/IPS/dg/ag/hd-ip/99=)*DATE=99012
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