El tercer informe de gobierno del presidente de Guatemala Alvaro Arzú, realizado este jueves en el Congreso, fue calificado de "demagógico y electoralista" por la oposición y criticado por organizaciones de derechos humanos.
Arzú exhaltó la gestión de su gobierno tras iniciar la alocución enfatizando que había recibido un país con graves problemas pero que, al término de su período a fines de este año, dejará una nación que avanza.
El presidente se valió de una serie de preguntas dirigidas a la ciudadanía, "único juez de lo realizado", para demostrar lo que consideró logros de gobierno.
"¿Qué nos pueden decir los padres y alumnos de los 320.000 nuevos pupitres que el Fondo de Inversión Social ha entregado a las escuelas? ", inquirió Arzú.
"¿Es cierto que los padres de alumnos de escuelas publicas reciben a tiempo nueve millones de libros de texto de la misma calidad que los de colegios privados y que diariamente tienen un desayuno caliente en escuelas rurales y urbanas? ", preguntó el mandatario.
En el área de la enseñanza también destacó la entrega de becas a 46.000 niñas en edad escolar y que 2.841 comunidades recibieron educación primaria por primera vez.
"¿Qué opinan de la labor del Ministerio de Salud los 2,2 millones de guatemaltecos que viven en caseríos y aldeas y que durante este gobierno fueron atendidos por primera vez?", se preguntó Arzú.
El presidente destacó la venta de medicinas a precios bajos en las farmacias estatales y la notable mejoría que, en su concepto, se produjn en los centros de salud.
Arzú aseguró que la economía del país creció cinco por ciento en 1998 y que, como muestra de la confianza despertada, el crédito al sector privado aumentó 28 por ciento. El presidente no mencionó el aumento en las tasas de interés ni la depreciación del quetzal.
Dijo también que la corrupción retrocedió y que su gobierno mejoró la atención y simplificó los trámites en el Estado.
En relación con el asesinato del obispo Juan Gerardi, ocurrido hace nueve meses pero aún impune, Arzú dijo que su gobierno "comprende la aflicción de la Iglesia Católica por este crimen y por el curso de las investigaciones para resolverlo".
Arzú reiteró su "disposición permanente al diálogo para evitar que la falta de comunicación favorezca a quienes, desde el principio, han querido explotar ese crimen para enfrentar a la Iglesia Católica con el Ejecutivo".
Por último, el presidente advirtió que por tratarse de un año electoral, el presente estará cargado de "distorsiones, manipulaciones y mentiras" y alertó acerca del uso de difamaciones y otras tretas en las campañas políticas.
Nineth Montenegro, diputada del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, reconoció algunos avances del gobierno de Arzú, pero criticó el informe por considerarlo propio de una campaña electoral.
"Esperábamos un informe ponderado sobre la realidad del país y no un discurso cargado, propio de campaña política", dijo Montenegro a IPS.
El diputado Arístides Crespo, del derechista Frente Republicano Guatemalteco, declaró al diario Siglo XXI que "pueden gastarse 85 millones de dólares en carreteras, pero no tienen 1,4 millones de dólares para los hospitales".
El sociólogo y analista político Mario Solórzano sostuvo que no puede abrirse una opinión certera respecto del combate a la pobreza realizado por el gobierno porque no existen datos exactos sobre el crecimiento económico del país ni sobre la inversión.
Solórzano señaló al sistema fiscal como uno de los problemas sin solucionar por el gobierno de Arzú, ya que se ha mostrado incapaz de hacer cumplir con sus contribuciones a numerosos empresarios.
El analista reconoció que durante el actual gobierno se ha ampliado la participación de diferentes grupos representativos del país y que se ha abierto un proceso amplio de diálogo y participación de 20 comisiones surgidas a raíz de los acuerdos de paz.
La activista de derechos humanos Hellen Mack dijo a IPS que aunque Arzú había prometido combatir la impunidad "estamos en la calle de la amargura porque la impunidad persiste".
Myrna Mack, hermana de Hellen, fue una socióloga asesinada en 1990 por miembros del ejército cuando investigaba a comunidades de desplazados por la guerra.
Mack puso por ejemplo de la impunidad de los violadores de los derechos humanos el caso de su hermana Myrna, así como también la masacre de Xamán en la que 11 campesinos indígenas fueron asesinados en 1995 por una patrulla del ejército, y la muerte de Gerardi.
"El Estado Mayor Presidencial, una dependencia del ejército cuya función es la de brindar seguridad al presidente y su familia, sigue haciendo las veces de policía", denunció Mack.
"Yo no leería un informe con tantas mentiras, por más que me lo hayan presentado mis asesores. No se puede sostener avances en materia de seguridad pública cuando todos los días vemos la cantidad de asesinatos, secuestros, asaltos y robos que ocurren", dijo a IPS Marta Carmona, una maestra primaria.
"Empecé a ver el informe en la noche pero al ratito apagué el televisor porque me enojó la forma en que subestima a la población diciendo tantas mentiras", se indignó Carmona. (FIN/IPS/cz/nc/mj/ip hd/99
