Una nueva instancia del largo pleito entre entre la cadena de comidas rápidas McDonald's y dos activistas reabrió el debate en Gran Bretaña sobre el uso de leyes contra la difamación para silenciar críticas.
Dave Morris y Helen Steel decidieron la semana última apelar el fallo de un tribunal que los condenó por difamación en noviembre de 1997, tras un proceso de dos años y medio, el más largo registrado en Gran Bretaña.
El proceso, conocido como "McCalumnia", fue iniciado por la transnacional como respuesta a un folleto distribuido por Morris y Steel, cuyo título era: "¿Qué pasa con McDonald's? Todo lo que ellos no quieren que usted sepa".
La mayor parte de las acusaciones contra la firma, incluyendo destruir el ambiente y envenenar a sus clientes, fueron consideradas difamatorias. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con las denuncias de que McDonald's "explota a los niños", es "cruel con algunos animales" y "paga bajos salarios".
La corporación no apeló los puntos del dictamen judicial que desestimaron sus reclamos, y tampoco quiso cobrar a Morris y Steel los 96.000 dólares que el tribunal los condenó a pagar como indemnización por daños.
En cambio, Morris y Steel decidieron presentar una apelación sobre 63 puntos de la sentencia, que invoca cuestiones de principios y plantea objeciones a la evaluación judicial de los hechos, reivindicando la libertad de expresión y sosteniendo que existió un abuso procesal.
"El constante aumento del poder de las corporaciones transnacionales en la sociedad y su falta de responsabilidad están generando críticas y una seria preocupación pública. Existe un creciente movimiento de gente preocupada para desafiar ese poder", señaló Morris.
La apelación concentró la atención pública sobre dos aspectos significativos subyacentes al proceso: la restrictiva legislación británica sobre difamación, a la que se acusa de favorecer a los poderosos, y las posibles amenazas a la libertad de expresión.
Según las leyes de Gran Bretaña, los acusados de difundir calumnias deben probar la veracidad de sus afirmaciones sin recurrir a "pruebas secundarias", tales como publicaciones periodísticas o fotografías. Sólo pueden apelar a "fuentes de primera mano", como testigos y cierto tipo de documentos.
Esto significa que Morris y Steel, que basaron sus denuncias, entre otras fuentes, en datos de la Organización Mundial de la Salud, debían probar ante el juez británico que la información proporcionada por esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas es correcta.
En contraste, en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión y, pese a la creciente amenaza de juicios por parte de las grandes compañías, se considera muy difícil que una demanda por difamación prospere en los tribunales.
John Vidal, periodista especializado en temas ambientales del diario The Guardian y autor del libro "McCalumnia: Juicio a la cultura de la hamburguesa", publicado en 1997, dijo que los periodistas británicos son cada vez más conscientes "del enorme poder de las grandes compañías".
"Cuando escribí el libro estaba muy preocupado. Sabía que las grandes compañías pueden ensuciar tu reputación y maniatarte con nudos legales. Fue una amenaza omnipresente", dijo Vidal.
De todos modos, "sentí que era menos probable que McDonald's actuara contra un periodista y contra una gran editorial (McMillan, que publicó el libro de Vidal) que contra activistas como Morris y Steel", agregó.
Morris es un ex cartero, y Steel es ex jardinera y conductora de ómnibus.
El abogado Geoffrey Bindman, relacionado con el pedido de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet presentado por España a Gran Bretaña, afirmó que "la ley contra la calumnia a menudo es empleada para suprimir la difusión de informaciones que el público debe conocer".
Las denuncias de difamación "pueden tener un efecto intimidatorio, congelante, sobre los activistas. En el caso particular de McDonald's, parecería que están usando un mazo de demolición para quebrar una nuez", comentó Malcolm Smart, director de Artículo 19, una organización no gubernamental.
Muchas otras instancias judiciales han contribuido a ese sentimiento de inseguridad que experimentan los periodistas británicos cada vez que escriben artículos sobre corporaciones trasnacionales.
En un incidente relativamente misterioso ocurrido en septiembre de 1998, una edición de la revista radical El Ecologista fue destruida por los propietarios de la imprenta, que no dieron una explicación de lo ocurrido.
Esa edición se refería a la ingeniería genética, y el título de portada era "Los archivos de Monsanto", por la corporación transnacional homónima que se dedica a la biotecnología.
Luego de que esa transnacional negara cualquier participación en el incidente, el coeditor de la revista, Zac Goldsmith, declaró que "el hecho que Monsanto no haya tenido nada que ver con la destrucción de la edición es, en todo caso, más intimidatorio que si hubiera hecho una amenaza legal".
"Eso demuestra el poder de una reputación", agregó.
Ese edición de El Ecologista, que contenía una serie de artículos críticos sobre la ingeniería genética y las actividades de Monsanto, fue impreso luego en otros talleres. "Agotamos la tirada", recordó un periodista de la revista.
La legislación antidifamatoria en Gran Bretaña facilita lo que los activistas estadounidenses llaman "pleitos estratégicos contra la participación pública" (cuyas siglas en inglés, "SLAPPS", evoca la palabra "slaps", bofetadas").
"Las principales fuerzas políticas en el mundo actual ya no son gobiernos nacionales sino corporaciones transnacionales", escribió Julian Petley, docente de estudios sobre prensa en la Universidad Brunel, en Indice de la Censura, una conocida revista sobre temas vinculados con la libertad de expresión.
"Dada la creciente tendencia de las grandes compañías a recurrir a 'SLAPPS', y a otras tácticas congelantes, ¿no es hora de vaciar su arsenal legal? ¿No sería una excelente forma de comenzar a quitarles la posibilidad de abusar de nuestras opresivas y arcaicas leyes sobre difamación?", agregó.
Michael Griffith, de Indice de la Censura, sostuvo a su vez que "la estrecha colaboración entre gobiernos y corporaciones transnacionales, particularmente en Gran Bretaña, causa enorme preocupación, porque los largos brazos de las compañías alcanzan a quienes deben mantenernos informados". (FIN/IPS/trad- eng/dds/ak/ego/nc-mp/ff/hd he/99)
