Los primeros días de 1999 echaron agua fría sobre los cálidos vientos de paz que soplaban en el País Vasco y en España en general desde el 16 de septiembre, cuando la organización ilegal ETA anunció la suspensión incondicional e indefinida de sus operaciones militares.
La nueva situación se debe a cartas que advierten a medio centenar de empresarios que serán objetivo militar de ETA si no le hacen un aporte económico y a una violencia "de baja intensidad", con locales atacados y personas heridas por cócteles molotov (bombas incendiarias).
La reacción ante ese panorama está divida en dos campos muy claros. El gobierno y los partidos con implantación en toda España, incluidos los opositores socialista y comunista, condenan esos actos de manera enérgica y reclaman el inmediato fin de todo tipo de violencia.
Los partidos moderados del nacionalismo vasco, que controlan el gobierno autónomo de esa región, muestran una cierta comprensión del fenómeno, no lo consideran muy grave aunque, también, piden que cese la "violencia de baja intensidad" y las amenazas de ETA a los empresarios.
El jefe del gobierno español, José María Aznar, del centroderechista Partido Popular (PP), advirtió el lunes que los ciudadanos, además del derecho a la vida, tienen "el de vivir en paz y libres de cualquier tipo de coacción".
José Borrell, el candidato presidencial de la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue más allá, porque condenó esa violencia y también al líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xavier Arzallus, por haber quitado importancia a los hechos al calificarlos de "chiquillada", o travesura de niños.
Arzallus había declarado el sábado que las manifestaciones callejeras, con quema de locales del PP y lanzamiento de artefactos incendarios contra las fuerzas de seguridad, "es un infantilismo, no demasiado trágico".
Para el dirigente del PNV, el mayor partido del País Vasco, lo importante es que no hay muertos. Arzallus dijo que los que antes decían "dejen de matar y negociaremos" —el PP y el PSOE—, ahora piden "que los chicos de la gasolina no suelten ningún molotov".
Y después, prosiguió, "pedirán que (Arnoldo) Otegui (líder del nacionalismo radical) no le eche el mal de ojo a Carlos Iturgaitz (presidente del PP del País Vasco)".
Otegui justifica las violentas manifestaciones juveniles porque los presos de ETA están recluidos en cárceles fuera del País Vasco y que esa situación provoca las reacciones de los jóvenes.
Los manifestantes reclaman que no se conculquen los derechos democráticos y, entre otras cosas, que los presos sean trasladados a recintos cercanas a sus domicilios, según Otegui.
Uno de los empresarios amenazados por ETA, José Manuel Aizpurúa, miembro de la dirección del PP en la provincia vasca de Guipuzcoa, denunció el hecho y aportó la carta recibida.
La carta está escrita en euskara (vascuence) pero, al final, lleva una síntesis en castellano: "Pasados dos años desde que recibió el pedido de aportación económica por parte de ETA, y sin que haya realizado la mínima gestión para satisfacer dicha deuda, le hacemos saber que usted y sus bienes con considerados a partir de ahora objetivo de ETA".
"ETA decidirá cómo y cuándo actuar" y "sólo el pago de la deuda hará reversible dicha decisión", se advirtió en la nota.
La demanda de traslado de los reclusos etarras al País Vasco contó el sábado con el apoyo de una manifestación en la ciudad de Bilbao que congregó a unas 100.000 personas, entre las que se contaron dirigentes del nacionalismo moderado.
stos explicaron que apoyan ese traslado por razones humanitarias y porque sería una manera de afirmar el proceso de paz.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo el lunes que "el gobierno sólo quiere la paz", pero que otros sectores persiguen "los mismos objetivos de siempre". También advirtió que la política penitenciaria se mantendrá mientras "no avance de verdad el proceso de paz".
Aunque Mayor Oreja no lo dijo explícitamente, de sus palabras se entiende que acusa a los nacionalistas, ya seam moderados o radicales, de tener como objetivo la independencia del País Vasco.
Otegui no oculta que esa es su posición, en tanto que los moderados ni la rechazan ni la demandan en voz alta, pero hablan del derecho a la autodeterminación y de la soberanía vasca. (FIN/IPS/td/ff/ip/99
