El Salvador celebró hoy siete años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra civil de 12 años, en medio de opiniones que resaltan los avances y voces que denuncian retrocesos e incumplimientos en el proceso.
"A siete años de distancia, todos debemos sentirnos satisfechos por el progreso logrado en la consolidación de la paz y de la democracia, que se fundamenta en la pluralidad ideológica y la vigencia del estado de derecho", indicó el presidente Armando Calderón Sol.
La conmemoración oficial de los siete años de paz, firmada el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, se realizó en el monumento Cristo de la Paz, seis kilómetros al sur de la capital.
Calderón Sol pronunció un corto discurso ante una audiencia compuesta por diplomáticos, diputados, funcionarios de gobierno y dirigentes del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La satisfacción del mandatario por el cauce que sigue el proceso de paz y de democratización del país no es compartida plenamente por organizaciones no gubernamentales (ONG) y por representantes de la antigua guerrilla, que encuentran grandes fisuras en el cumplimiento de los acuerdos.
Por ejemplo, las ONG de derechos humanos alegan que aún el gobierno no ha cumplido el pago de indemnizaciones a víctimas de desapariciones forzosas o a los familiares de esas personas.
Leonel González, dirigente del FMLN y uno de los miembros de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, criticó, fundamentalmente, dos hechos que considera manifestaciones de retroceso.
González citó en primer lugar la pérdida de objetivos de dos instituciones surgidas de los acuerdos: la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Según dijo, hay señales de fuerte corrupción dentro de la PNC – creada para que la seguridad ciudadana estuviera en manos de civiles- que le restan eficacia en el combate contra el crimen organizado.
Aseguró que la policía no se depura porque está infiltrda por la delincuencia, el narcotráfico y las bandas dedicadas al robo de vehículos, que alcanza grandes dimensiones en América Central.
En el caso de la Procuraduría, González censuró el nombramiento de Eduardo Peñate como responsable de esa oficina.
Peñate fue designado por mayoría de votos de la derechista y gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y ese hecho tiende a politizar su gestión, arguyó el dirigente del FMNL.
La Procuraduría fue en principio uno de los organismos de mayor credibilidad ante la población salvadoreña, junto con la Iglesia Católica.
El FMLN considera que el gobierno ha faltado a los acuerdos de paz en lo que respecta a la asignación de títulos de propiedad para ex combatientes, en materia de programas de atención a víctimas de la guerra y en el otorgamiento de viviendas populares para poblaciones identificadas con la ex guerrilla, en zonas rurales.
Según el FMLN, aún falta entregar 3.382 títulos de propiedad a ex combatientes.
En la otra cara de la moneda se puede ver que, a siete años de firmados los acuerdos de paz, el FMLN se ha convertido en la segunda fuerza política del país y está en condiciones de disputar la presidencia a Arena en las elecciones del 7 de marzo.
El FMLN realizó durante el día caravanas de vehículos y concentraciones en la ciudad de Soyapango y en el puerto de La Libertad, aproximadamente a 45 kilómetros al suroeste de la capital.
Facundo Guardado y Marta Valladares, candidatos a la presidencia y vicepresidencia por ese partido, participaron de los actos por el aniversario de la firma de la paz. (FIN/IPS/mso/ff/ip/99
