El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se negó a modificar la política de hostilidad hacia Cuba vigente desde hace casi 40 años, aunque se lo pidieron políticos opositores, grandes compañías y personalidades influyentes, lo que revela varias facetas de la política exterior de este país.
En un plano general, la decisión de Clinton muestra una vez más que las grandes compañías, que presionan activamente desde mediados de esta década para que se retire el embargo comercial contra la isla, aún tienen una influencia limitada en la política exterior, incluso en esta era de globalización.
En un plano más específico, ilustra una vez más la extrema cautela del gobierno para adoptar decisiones de política exterior que puedan tener repercusiones electorales.
Y ahora que Clinton no puede aspirar a la reelección en el 2000, luego de dos períodos en el gobierno, parece que esta cautela se pasó al vicepresidente Al Gore, quien habría ejercido un papel fundamental en la decisión.
El rechazo de Clinton a la idea generalizada de que, 10 años después de la guerra fría, las relaciones con La Habana, y no su aislamiento, defienden mejor los intereses de Estados Unidos, sugiere que el inminente juicio político del Senado habría acentuado su aversión al riesgo, ya evidente en su gobierno.
Antes de la semana pasada, cuando Clinton anunció nuevas medidas hacia Cuba, parecía prácticamente irresistible la presión para ordenar la revisión de la política hacia la isla, al menos entre la mayor parte de la opinión estadounidense.
Veinticuatro senadores, entre ellos 16 del opositor Partido Republicano, firmaron una carta solicitándole a Clinton que designara una comisión bipartidisa para realizar la revisión, que se habría concentrado en la conveniencia de mantener el embargo impuesto hace 37 años contra Cuba.
La idea ya había sido propuesta originalmente por ex altos funcionarios republicanos, entre ellos los ex cancilleres Henry Kissinger y Lawrence Eagleburger, y el asesor de seguridad nacional y secretario de Defensa de la presidencia de Ronald Reagan, Frank Carlucci.
La comunidad empresarial, en su mayoría republicana y organizada en un grupo de presión denominado USA-Engage, es firme defensora de la atenuación del embargo.
Las compañías, que pretenden aprovechar las nuevas oportunidades para el turismo y el prometedor mercado para las exportaciones de alimentos a Cuba, hace años que argumentan que la política de Washington es anacrónica y perjudicial.
La semana pasada, la institución más representativa del statu quo de la política exterior en este país, el neoyorquino Consejo de Relaciones Exteriores, se aprestaba a publicar su propio informe basado en la labor de un grupo de trabajo que, aunque "bipartidista", de hecho se inclinaba bastante a la derecha.
Presidido por dos republicanos ex subsecretarios de Estado de Asuntos Interamericanos, el grupo no analizó específicamente la creación de una comisión independiente. Pero hizo varias recomendaciones que equivalen a una revisión sustancial de la política.
Entre estas se encuentran el cese de las restricciones a la cantidad de visitas que cubano-estadounidenses pueden realizar a Cuba, el fin del embargo a la venta de alimentos, la cooperación con los militares cubanos para consolidar la confianza mutua, e incluso la autorización a las compañías estadounidenses para que operen en la isla, en ciertas condiciones.
Pero Clinton rechazó las recomendaciones más trascendentes que hizo el grupo y también descartó la idea de la comisión bipartidista. En su lugar, anunció medidas más modestas, con el fin de ayudar al pueblo cubano y debilitar a La Habana.
Entre ellas se encuentran levantar los límites a la cantidad de dinero que ciudadanos estadounidenses y organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden enviar a sus pares en Cuba, y un mayor número de ciudades de Estados Unidos desde donde los cubano- estadounidenses pueden volar directamente a la isla.
Otra medida que anunció Clinton es la ampliación de los intercambios científicos, educativos, culturales y atléticos, comenzando con dos partidos de exhibición entre el equipo de béisbol estadounidense Baltimore Orioles y la selección nacional cubana.
Washington también permitirá que las compañías vendan más alimentos y otros productos a las ONG cubanas y al pequeño sector de granjeros y restaurantes privados de la isla.
El ministro de economía cubano calificó las medidas de "migajas", en una evaluación compartida por muchos analistas estadounidenses.
Wayne Smith, director de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana a principios de los años 80, declaró que las medidas eran "sumamente tímidas".
Los propulsores de la comisión bipartidista quedaron especialmente desilusionados. "Es una oportunidad perdida para que Estados Unidos revise una política de aislacionismo básico", dijo el senador John Warner, principal defensor republicano de la idea.
Warner, ex secretario de la Marina ligado a la jerarquía militar del Pentágono (Ministerio de Defensa), colaboró con sus colegas, incluso con algunos de los legisladores más derechistas del Congreso, para persuadir a Clinton de que si adoptaba la propuesta, no sería criticado por los partidos.
Un colaborador del Congreso señaló que Clinton tenía el respaldo republicano para cambiar la política hacia Cuba, y agregó que el presidente también se había tomado años para normalizar las relaciones con Vietnam, a pesar de que tenía el respaldo de la mayoría de los veteranos de la guerra de Vietnam en el parlamento.
"Sencillamente se acobardó", comentó.
Parece que Clinton y Gore, el favorito para la carrera presidencial del 2000, se resistieron a tomar medidas más fuertes luego de que la anticastrista Fundación Nacional Cubano- Estadounidense (CANF) y sus partidarios en el Congreso lanzaron una campaña contra la comisión bipartidista en noviembre.
Aunque la CANF quedó debilitada tras la muerte en noviembre de 1997 de su fundador, Jorge Mas Canosa, Clinton y Gore creen que sus seguidores más radicales, concentrados en el sur de Florida y en algunos distritos de Nueva Jersey, aún son capaces de causar gran daño a todo candidato que apoye un cambio hacia La Habana.
El sistema electoral establece que el candidato presidencial que reciba la mayor cantidad de votos en un estado recibirá todos los votos electorales del mismo.
Nueva Jersey y Florida se encuentran entre los 10 estados con mayor número de votos en el país, aunque Florida no votó por un candidato presidencial demócrata en más de 20 años.
Así mismo, uno de los defensores más rígidos del CANF, el senador de Nueva Jersey Robert Torricelli, se convirtió en uno de los defensores más activos de Clinton en el proceso de juicio político al que está sometido.
Ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrirle en el Senado, Clinton seguramente pensó que necesitaba el apoyo de la mayor cantidad posible de senadores. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/aq/ip/99
