La Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia pidieron hoy a los paramilitares de derecha que pongan fin a ataques contra la población civil que entre el viernes y este lunes causaron la muerte a 120 personas.
Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia rompieron el viernes la tregua que habían declarado para el año nuevo y se lanzaron al asesinato de campesinos a quienes acusan de colaborar con la guerrilla izquierdista.
"No puede haber ninguna razón que justifique esta clase de acontecimientos", advirtió Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal católica, que reúne a 80 obispos.
El episcopado señaló que el asesinato de campesinos, perpetrado en localidades del norte, el noroeste y el sur, no puede ser el medio de forzar negociaciones con el gobierno.
Giraldo instó al Poder Ejecutivo a decidir de modo urgente si negociará la paz con los paramilitares o los combatirá, para evitar que "continúe el baño de sangre" de que son víctimas "personas indefensas".
María Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), integrada por unas 30 ONG que promueven la solución negociada al conflicto armado, señaló a IPS la necesidad de soluciones integrales para acabar con la "ola de barbarie",
Bernal propuso la declaración "urgente" del cese al fuego "multilateral".
"El esquema de conversaciones en medio de la guerra conduce a más guerra y no a la paz, porque cada uno de los actores del conflicto encuentra cada vez más razones para responder con barbarie", manifestó por su parte Camilo Gonzälez, del Mandato Ciudadano por la Paz.
Los paramilitares llegaron el domingo en tres vehículos al Playón de Orozco, una pequeña localidad del norteño departamento de Magdalena, poblada por 80 familias de campesinos y pescadores.
Alli escogieron a 30 víctimas, a quienes fusilaron por la espalda en la plaza principal del pueblo.
Además, "incendiaron 30 casas y castraron a tres hombres jóvenes frente a sus hijos", aseguró un periodista del noticiero TV Hoy, del canal 1 de televisión.
Otro grupo asesinó al menos a 28 personas en La Hormiga, un centro urbano del departamento de Putumayo, en el sur del país, y se llevó a 15 pobladores. Según la Cruz Roja, algunos cadáveres presentaban señales de tortura.
En Toluviejo, Sucre (norte), fueron muertas ocho personas, entre norteellas un hombre de 70 años y siete jóvenes que departían en un establecimiento público.
Mientras, en el departamento de Antioquia se cuentan 50 víctimas. Los casos se registraron en Las Cruces, Sabanalarga, San Vicente y San Carlos .
Otras 30 personas fueron asesinadas entre el domingo y este lunes en la región de Urabá, zona productora de banano para exportación con costas sobre los oceános Atlántico y Pacífico y en la que confluyen cinco departamentos del noroeste.
Los paramilitares disputan la estratégica zona de Urabá a la guerrilla.
En San Pablo,.MDBO/ .MDNM/Bolívar (norte), hombres armados dispararon indiscriminadamente contra locales públicos, dando muerte a 15 pobladores.
"Es posible que la escalada paramilitar sea una represalia" por el ataque el 26 de diciembre de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al cuartel general de las Autodefensas Unidas en el norteño Nudo de Paramillo, declaró el subdirector operativo de la policía, coronel Alfredo Salgado.
Pero el jefe de las Autodefensas Unidas, Carlos Castaño, aseguró al diario El Tiempo que no proyectaba tomar represalias contra las FARC por el ataque al reducto de su organización ni obstaculizar el proceso de paz del gobierno con los grupos insurgentes.
Castaño, cuyas declaraciones fueron publicadas el domingo, negó que los paramilitares hubieran preparado un atentado con el jefe de las Manuel Marulanda, quien no asistió el jueves a la instalación de la mesa de diálogo de su grupo con el gobierno en previsión de una emboscada de las Autodefensas Unidas.
El gobierno presentó este lunes a la guerrilla un temario de negociación 10 puntos y advirtió que el Estado continuará la lucha antiinsurgente, pese al diálogo comenzado.
La reunión se realizó en la localidad de Machuca, situada en la periferia de San Vicente del Caguán, el lugar escogido en el sudeste del país para la ceremonia del último jueves.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, afirmó al presentar la agenda de negociación del gobierno que "los grupos paramilitares contradicen esencialmente la facultad exclusiva del Estado de aplicar justicia y ejercer la autoridad".
Las Autodefensas Unidas "son un factor gravísimo del conflicto armado" por lo que no puede concebirse la paz sin acallar sus armas, dijo Ricardo.
Los grupos paramilitares fueron creados por hacendados con el apoyo del gobierno en los años 80, para combatir a la guerrilla izquierdista. Pero en 1989, el Poder Ejecutivo los declaró ilegales por sus vínculos con el narcotráfico y sus violaciones de los derechos humanos.
Para Jaime Zuluaga, investigador de la estatal Universidad Nacional, la ofensiva de las Autodefensas Unidas tiene el objetivo de presionar para incorporar a los paramilitares al diálogo de paz.
Los paramilitares quieren recordar al gobierno que ellos son la "única fuerza capaz de contener a la guerrilla en el campo de batalla" y que no cejarán en su empeño de ser reconocidos como actores políticos, opinó Zuluaga. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/99
