Las insurgentes FARC pusieron en una encrucijada al gobierno de Colombia, al condicionar la continuación del diálogo de paz a medidas concretas contra los paramilitares de derecha y negarse a la participación de esos grupos en la mesa de negociaciones.
La decisión de las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de suspender el diálogo hasta que el Poder Ejecutivo reprima a los paramilitares, responsables de la matanza de civiles, "era de esperarse", según comentaron algunos analistas.
Las FARC realizaron su anuncio el martes, sólo dos semanas después de comenzar el diálogo con el gobierno, como respuesta a la ofensiva de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo saldo fue de 137 personas asesinadas en cinco días.
Los guerrilleros afirmaron en una carta abierta al presidente Andrés Pastrana que no es "sensato" mantener conversaciones en busca de la paz con un Estado que "no da muestras contundentes" de perseguir a quienes "asesinan indiscriminadamente a nombre del propio Estado".
El anuncio de las FARC fue interpretado por Alejo Vargas, investigador y vicerrector de la estatal Universidad Nacional, como evidencia de que la cuestión de los paramilitares es prioritaria para esa organización.
Los rebeldes aseguraron que la masacre de "población civil desarmada" perpetrada en las dos primeras semanas de este mes en seis departamentos fue ejecutada "por acción coordinada de militares con paramilitares".
El comandante Raúl Reyes, de las FARC, puntualizó tras dar a conocer la carta a Pastrana que el diálogo comenzado el día 7 para acordar una agenda de negociación la suspensión del diálogo no significa su ruptura.
Las FARC, el grupo rebelde más antiguo y fuerte de Colombia, esperarán "resultados" en la lucha contra los paramilitares. Una prueba de la voluntad del gobierno de acabar con las AUC sería la captura del jefe de esa organización, Carlos Castaño, sugirió Reyes.
Las matanzas ocurrieron entre los días 7 y 10 y el 12, el gobierno ordenó a los servicios de inteligencia "colaborar sin limitación con los organismos investigadores para que estos hechos no queden impunes".
Así mismo, el Poder Ejecutivo dio instrucciones para la creación de un Comité Técnico de Inteligencia, que tendría como función "procesar y analizar la información estratégica sobre la operación de los grupos de autodefensa, con el fin de recopilar información" para su captura.
En opinión de Vargas, el gobierno ha tomado una posición equivocada respecto de los paramilitares y la lucha contra esos grupos ha sido "bastante retórica".
Según Alfredo Rangel, investigador de la privada Fundación Social, las matanzas de este mes "brindaron en badeja el pretexto a las FARC" para suspender el diálogo con el gobierno.
En opinión de Rangel, pese a que es conocida la posición de las FARc respecto de los paramilitares,
La decisión anunciada este martes por las FARC podría obligar al gobierno a prolongar la etapa de distensión que aceptó para favorecer las conversaciones con los guerrilleros y que debe finalizar el 7 de febrero. La etapa en curso comprende la desmilitarización de cinco municipios del sur del país.
El ex canciller Augusto Ramírez observó que las FARC exigían desde hace tiempo que el gobierno enfrentara a las AUC, y su decisión del martes no es entonces sorprendente.
Ramírez, miembro de la Comisión Nacional de Conciliación, que promueve la solución negociada para el conflicto armado, afirmó que la decisión de las FARC "es un llamado de atención y una grave protesta ante el baño de sangre que recibió Colombia al ininiarse este año".
El jefe de las FARC, Manuel Marulanda, pidió al gobierno el 7 de este mes, al instalarse la mesa de diálogo, que someta a la justicia ordinaria a los paramilitares y a los militares que supuestamente los protegen, para que respondan por sus crímenes "contra la población civil".
El gobierno respondió el martes a la carta de las FARC que su voluntad es "poner fin a todas las formas de violencia que golpean a la sociedad desde hace décadas", incluída la actividad emprendida por los grupos de justicia privada "en reacción al fenómeno insurgente".
Los paramilitares "también son enemigos del Estado, porque son enemigos de la paz", dijo el comisionado de paz de la Presidencia, Víctor Ricardo.
El gobierno "ha mostrado su disposición" a lograr "el cese definitivo" de las operaciones de los paramilitares y el desmantelamiento "de las estructuras militares" de esos grupos, afirmó el comisionado.
Algunos analistas creen que el gobierno está ante una encrucijada, ya las FARC y la segunda oganización guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), embarcado también en un proceso de paz, no aceptan que se otorgue a las AUC el estatuto político que pide para negociar su desarme.
Los paramilitares, declarados ilegales en 1989 por sus nexos con el narcotráfico y sus violaciones de los derechos humanos, intentan capturar territorios dominados por la guerrilla, y las víctimas de esa lucha se reclutan entre la población civil.
Según las FARC y el ELN, la ofensiva paramilitar causó la muerte en el segundo semestre del año pasado a más 300 personas. Mientras, las paramilitares aseguran que las víctimas era auxiliares de la guerrilla. (FIN/IPS/yf/ff/ip/99
