El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) analizarán el día 24 las agendas propuestas para una negociación de paz, cuyos contenidos presentan más coincidencias que diferencias.
Las agendas son coincidentes en temas como la necesidad de promover reformas políticas y sociales del Estado, que superen las causas objetivas de la violencia, coincidieron en señalar expertos académicos y analistas.
Las dos partes incluyen, "con matices, propuestas para la lucha contra el narcotráfico, sustitución de cultivos, reforma agraria, fortalecimiento de la justicia, protección del ambiente y el problema de los grupos paramilitares" de derecha, dijo a IPS Luis Valencia, de la privada Universidad de los Andes.
El experto considera que el aspecto más importante de estas coincidencias es el reconocimiento por parte del gobierno de que el paramilitarismo es un problema que "contradice esencialmente la facultad exclusiva del Estado de aplicar justicia y ejercer la autoridad y son un factor gravísimo del conflicto armado".
Si el Estado cumple su propósito de acabar con los grupos paramilitares, el tema no creará mayores dificultades en la mesa de negociaciones con las FARC.
Armando Borrero, consejero presidencial para la seguridad nacional, expresó que el punto en el que podría haber discrepancias es el del acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La agenda del gobierno, denominada "Una política de paz para el cambio", plantea la protección "incondicional a las normas del Derecho Internacional Humanitario como base esencial de la construcción de la paz", que implica la liberación de los secuestrados y el cese de hostigamientos a la población civil.
"Si la guerrilla acepta acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario se quedaría sin forma de financiación", y ese factor haría difícil la negociación este punto, afirmó Borrero.
La agenda presentada por las FARC en diferentes foros y reiterada el jueves pasado en la instalación de la mesa de diálogo postula también la búsqueda de una solución política para el conflicto armado, la reestructura de las Fuerzas Armadas y la policía, y la reforma del Congreso.
Alejo Vargas, vicerrector de la estatal Universidad Nacional, dijo que si bien en general las agendas del gobierno y la guerrilla recogen "las preocupaciones sobre el conflicto", hay temas sensibles que no fueron incluidos.
Entre éstos mencionó "el relacionado con la protesta social, que va más allá de la reforma política" y garantiza el derecho democrático "a protestar sin ser agredidos".
En su opinión, el gobierno parece dirigirse más a definir procedimientos para reformas futuras que comprometerse a cambios ligados a la negociación, lo que puede alejarse del planteo de la organización guerrillera, que pretende reformas concretas.
Vicente Torrijos, ex director de la Escuela de Alto Gobierno de la Presidencia, indicó que la agenda del gobierno es "insulsa, hueca y cae en los errores del pasado", donde planteos "intagibles reeplazan puntos precisos susceptibles de verificación, que permitan medir los logros del proceso".
Como uno de esos "temas intangibles" mencionó la reforma política y la defensa de los derechos humanos, en tanto los concretos serían plantear cómo se va a ejercer el poder local y los controles que tendrá ese poder en las zonas dominadas por la guerrilla, cerca del 40 por ciento del territorio colombiano.
Gustavo Petro, ex guerrillero del legalizado M-19 y miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, señaló que lo importante no es la coincidencia en las agendas, que suelen mencionar puntos generales, sino ver cómo los van a desarrollar.
En esta negociación, "el problema del cómo" se verá en el tratamiento que las partes le den a temas como el Derecho Internacional Humanitario y la reforma agraria, afirmó.
Algunos analistas consideran que tras haber puesto ambas partes sus cartas sobre la mesa, se va a lograr un rápido consenso para la elaboración de una agenda conjunta, debido a las coincidencias entre las propuestas.
Para establecer esta agenda conjunta las partes cuentan con plazo hasta el 7 de febrero, cuando los militares deberán retornar nuevamente a la zona de distensión creada para esta primera etapa del diálogo.
Una vez aprobada la agenda, las FARC y el gobierno deberán acordar la fecha para el inicio de las negociaciones, que se llevarían a cabo en Colombia o en el exterior.
En forma paralela, el día 20 se reunirán representantes del gobierno y el Congreso con el líder de las FARC, Manuel Marulanda, para analizar la propuesta guerrillera de canjear cerca de 300 soldados que mantiene retenidos por 500 guerrilleros que cumplen condenas en varias cárceles del país. (FIN/IPS/yf/ag/ip/99
