La instalación de una industria de astillas en Bahía Ilque, localidad ubicada a 1070 kilómetros al sur de la capital de Chile, amenaza con destruir el bosque nativo de la zona, denunciaron organizaciones ambientalistas.
El Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) rechazó el lunes la autorización del controvertido proyecto Cascada Chile y criticó al gobierno del presidente Eduardo Frei por "la superficial política de manejo de los recursos que impera en el país ".
"Una vez más la política de hechos consumados del gobierno se manifiesta a todas luces, especialmente cuando se trata de proyectos que implican inversiones importantes para las regiones, sin considerar sus costos ambientales", señaló Miguel Stutzin, presidente del Codeff.
El proyecto contempla la construcción de un complejo industrial con una planta elaboradora de tableros de fibra corta de madera, una planta chipiadora y un puerto en la Bahía de Ilque, área de interés arqueológico ubicada a 25 kilómetros de la turística ciudad sureña de Puerto Montt.
La inversión de la sociedad formada por la empresa chilena Maderas Cóndor y la estadounidense Boise Cascada es de 180 millones de dólares.
Las áreas silvestres protegidas de la región de Los Lagos, donde se pretende ejecutar el proyecto, son las más visitadas y se ubican en la zona que genera importantes recursos a través del ecoturismo.
Según organismos ecologistas como los Defensores del Bosque Chileno y la Red Nacional de Acción Ecológica, diputados de la llamada Bancada Verde (ecologista), organizaciones ciudadanas y empresarios turísticos, Cascada Chile produciría, por lo menos, cinco graves impactos en el medio ambiente.
Destruiría el bosque nativo, dañaría el patrimonio cultural universal del Ilque, emitiría residuos líquidos nocivos para la salud, causaría pérdidas económicas y laborales para las actividades salmoneras y perjudicaría las actividades turísticas, precisaron.
Sin embargo, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), organismo gubernamental encargado de revisar los estudios de impacto ambiental en las distintas zonas del país, concluyó que Cascada Chile es viable ambientalmente y anunció el sábado último la autorización el proyecto.
La Codeff, en cambio, considera que el estudio de impacto ambiental presentado por las empresas Boise y Maderas Cóndor es superficial e insuficiente.
"No contempla el impacto sobre el millón de metros cúbicos anuales de madera proveniente de bosque nativo de la región, del que se abastecerá para poner en marcha un proyecto millonario", indicaron.
Los impulsores del proyecto, al no poseer bosques, abrirán un poder comprador de metro ruma que afectaría a las especies nativas desde el Lago Ranco hasta la zona de Palena.
La Corema exigió un monitoreo forestal interno y otros dos para los hidrocarburos y los ruidos que la actividad industrial provocará en el mar.
El estudio se aprobó bajo el supuesto de que la empresa cumplirá con sus responsabilidades sobre el manejo del bosque.
Una investigación realizada por el programa forestal de Codeff advierte que "no existe un manejo sustentable de los bosques nativos en el área de influencia del proyecto".
Agrega "que la experiencia de décadas demuestra que los proyectos de producción de astillas de la región han intensificado los procesos de deterioro y destrucción del bosque".
La fundación no gubernamental Terram-Promoción del Desarrollo Sostenible dijo que la Corema tomó una decisión basándose en consideraciones que no son científicas ni técnicas, dejando de lado las opiniones de expertos, académicos y organismos del Estado que recomendaban no aprobar Cascada Chile.
Con respecto a los yacimientos arqueológicos de los conchales de Bahía Ilque, que serían parte de asentamientos humanos de 5.000 años y que ya han sido dañados por las excavaciones de la empresa, el consejo de Monumentos Nacionales de Chile señoló que esos terrenos no pueden ser tocados y que la planta debe trasladarse 150 metros.
Las organizaciones que se oponen al proyecto advierten que el desarrollo de la región reside en la actividad turística y que si se astillan los bosques desde el Lago Ranco hasta la zoma de Palena miles de habitantes perderán su trabajo.
También han denunciado la actitud parcial de la máxima autoridad de la zona, el intendente Rabindranath Quinteros, quien declaró a la prensa su interés por concretar rápidamente una iniciativa que, según dijo, reactivará la economía local.
Organizaciones ambientalistas interpondrán acciones judiciales para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y se cumpla con la Ley de Bases del Medioambiente, según señaló Nicolo Bligio, de la Alianza por los Bosques de Chile. (FIN/IPS/as/dg/en/99
