Una ley sobre delitos sexuales generó fuertes críticas en Chile por la rebaja en las condenas mínimas para los violadores de menores, pese a que el presidente Eduardo Frei agregó artículos que impiden la excarcelación.
La violencia sexual tiene en las mujeres y en los menores a sus principales víctimas. Entre 1987 y 1997 el 80 por ciento de los agredidos correspondiró a menores de 18 años.
La unidad de emergencia del hospital de niños Exequiel González de Santiago recibe un menor violado cada cuatro días y los médicos exigen la rápida promulgación de una ley que ha estado cinco años en el Congreso.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) presentó un proyecto de ley para modificar la actual legislación sobre delitos sexuales que data del siglo pasado y todavía mantiene expresiones como "mujeres de buena o mala fama" o "doncella".
Estos términos entendían a la violencia sexual como una "moralidad pública" y no como una violación de la integridad física, psíquica y de la libertad sexual, especialmente de las mujeres.
La nueva ley, a la que Frei propuso elementos que no habían sido considerados en el proyecto, contiene grandes avances en cuanto a perfeccionamiento de los tipos penales, reglas de procedimientos más favorables y normas sobre pruebas y apreciación probatoria.
Redefine el delito de violación y facilita su denucia, estableciendo como violación todas las agresiones sexuales hasta hoy definidas como abusos dehonestos, que tenían una pena mínima de 61 días.
La nueva ley entiende por violación no sólo la vaginal, sino también la bucal y la anal, y amplía el número de personas que pueden denunciar estos delitos.
Sin embargo, uno de sus principales críticos, el abogado de la Asociación de Víctimas de Atentados Sexuales, Hernán Fernández, señaló que la nueva ley también contiene errores.
El aspecto más controvertido se refiere a la rebaja de la pena mínima para la violación de menores de 12 años. En la actual legislación, la pena mínima de cárcel era de 10 años, mientras que la nueva ley la establece en cinco años.
Después de la polémica provocada por este artículo, Frei agregó a la ley la imposibilidad del violador de acceder a penas alternativas, como reclusión nocturna o permisos dominicales, lo que impide que un condenado a cinco años salga de la cárcel antes de cumplir su pena.
Este veto busca asegurar que los agresores cumplan íntegramente sus penas y terminar con la impunidad de la cual muchos gozaban.
De las 1.320 personas condenadas actualmente por delitos sexuales, sólo 511 están recluidos en prisión y el resto cumple penas alternativas o se encuentra en libertad.
"Queremos que los padres de familia sepan que sus hijos serán protegidos", dijo Frei al explicar el miércoles su decisión de agregar un aspecto que no se había considerado antes, atendiendo el reclamo de distintos sectores de la sociedad chilena. (FIN/IPS/as/ag/hd/99
