El peligro de una moratoria colectiva de pagos de estados controlados por la oposición al presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso se diluyó hoy, pero los gobernadores de esas regiones insistirán en su pedido de refinanciación de deudas.
Seis de los siete gobernadores reunidos este lunes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, resolvieron trasladar al Poder Judicial la palabra final sobre el pago de sus deudas al gobierno federal.
El séptimo, Itamar Franco, el anfitrión, es el único del grupo que pertenece a un grupo político, en su caso el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, integrante de la alianza de gobierno.
Esa condición no le impidió precipitar hace 10 días la crisis cambiaria aún en curso, al decretar la supensión por 90 días del pago de las obligaciones de Minas Gerais.
Los otros seis gobernadores, entre los que se cuentan tres del izquierdista Partido de los Trabajadores, dos del Partido Socialista y uno del centroizquierdista Partido Democrático Laborista, concurrieron a la reunión para armonizar sus estrategias.
Los gobernadores de Río Grande del Sur, Río de Janeiro, Mato Grosso del Sur, Acre, Alagoas y Amapá evitaron una guerra abierta contra el gobierno federal, pero dejaron en claro que utilizarán todas las armas disponibles para reducir el pago de la deuda pública de sus respectivas administraciones.
Círculos oficialistas creyeron ver en el resultado de la reunión de Belo Horizonte una victoria del presidente Cardoso. Pero la propuesta básica de los gobernadores es una nueva renegociación de las deudas estaduales, lo que seguramente representa una nueva complicación para el gobierno federal.
Los inversionistas entendieron la moratoria de Minas Gerais como una muestra de la supuesta incapacidad de Cardoso para controlar el frente político interno, y aumentaron el retiro de capitales del país, con la consiguiente presión sobre las reservas internacionales y sobre el real, la moneda nacional.
La presión de los otros seis gobernadores por una nueva renegociación de deudas de las administraciones estaduales seguramente prolongará la incertidumbre de los inversores extranjeros.
La deuda global de los siete estados representados en la cita de Belo Horizonte suma 35.300 millones de dólares y representa 44 por ciento de las obligaciones de los 26 estados del país más el Distrito Federal.
El Ministerio de Hacienda y los estados negocian desde 1990 la refinanciación de esoa adeudos, y se han acordado pagos parcelados com valores fijados en hasta 15 por ciento de los ingresos tributarios de cada región.
El estado más endeudado es SFo Paulo, el motor industrial de Brasil, que tiene débitos acumulados ante el gobierno federal por más de 30.000 millones de dólares.
El gobernador de SFo Paulo, Mario Covas, pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña, de Cardoso y no apoya a los siete gobernadores que se reunieron este lunes en Belo Horizonte. Pero es partidario del diálogo con la oposición sobre la deuda.
Los 18 gobernadores que respaldan al gobierno federal reconocieron en un encuentro mantenido el 12 de este mes para condenar la moratoria de Minas Gerais que la cuestión de la deuda compromete la capacidad administrativa de los estados.
Es que en los ultimos años, el gobierno federal transfirió a los estados y municipios la mayoría de las cargas sociales, pero mantuvo su control presupuestario sobre esas áreas.
Los técnicos del Ministério de Hacienda calculan que en noviembre próximo al menos nueve estados alcanzarán el límite de su capacidad de cumplir con sus obligaciones sin comprometer sus obligaciones básicas. Entre ellos se cuentan los cinco más importantes del punto de vista industrial y politico.
Expertos Jairo Nicolau, del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro admiten que el movimiento de los gobernadores rebeldes tiene escasas posibilidades de lograr una revisión profunda en las relaciones económico-financieras entre el poder central y los ejecutivos regionales.
"Las grandes decisiones económicas están centralizadas en la capital federal, Brasilia. Los estados son casi totalmente dependientes en materia financiera de las autoridades monetarias nacionales, y un cambio tendría ahora inevitables repercusiones externas", señaló Nicolau.
Las demandas de los gobernadores de oposición serán resistidas por Cardoso, que utilizará el argumento de las presiones internacionales para rechazar una nueva renegociación de deudas.
Por eso, los siete gobernadores están decididos a actuar también en el terreno juridico, a ejemplo de lo que hizo el gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, que recurrió a los tribunales para limitar sus pagos al gobierno federal y anticiparse a una posible intervención en su estado.
La crisis de los gobiernos estaduales en Brasil es, de alguna forma, resultado del crecimiento de la tendencia de los electores de hacer una clara distinción entre la politica nacional y la regional y local.
Esa distinción favoreció a los partidos de oposición en los comicios de octubre, y ahora los gobernadores contrarios a Cardoso están dispuestos a usar la deuda para ampliar su espacio político y provocar un debate nacional sobre la vieja cuestión del pacto federal. (FIN/IPS/cc/ff/ip if/99
