La moneda brasileña, ya depreciada 19 por ciento, estará la próxima semana bajo la presión de nuevas batallas que pueden ser decisivas: la rebelión de los gobernadores opositores y la votación parlamentaria de la más polémica medida del plan de ajuste fiscal.
Por lo menos siete gobernadores se reunirán el lunes en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, para reafirmar que sus deudas con el poder central son impagables en los términos contratados por sus predecesores y exigir una renegociación.
El anfitrión es Itamar Franco, a quien el presidente Fernando Henrique Cardoso y autoridades internacionales acusaron de provocar el recrudecimiento de la fuga de capitales con la moratoria de pagos que declaró el día 6.
Además de suspender por tres meses el pago de la deuda al Tesoro Nacional, Franco amenaza hacerlo con 108 millones de dólares de eurobonus que vencen en febrero.
Sus colegas de oposición quieren reducir los pagos. Por los contratos firmados en los dos últimos años, tienen que destinar al gobierno central de 12 a 14 por ciento de sus ingresos mensuales, pero afirman que cinco o seis por ciento es el máximo posible.
Una pequeña concesión a cualquier estado puede echar por tierra el esfuerzo fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la fragil credibilidad de la economía brasileña, desatando un nuevo ataque especulativo contra el real.
El riesgo se agrava porque también los gobernadores aliados a Cardoso se quejan de dificultades financieras y piden renegociaciones en algunos casos, aunque condenando la moratoria.
El Congreso Nacional, persuadido por el agravamiento de la crisis financiera, parece dispuesto a aprobar el ajuste fiscal, y el gobierno decidió entonces poner a votación un proyecto de ley que aumenta la contribución previsional de los funcionarios públicos, en actividad o jubilados.
Ese proyecto ya fue rechazado cuatro veces por el parlamento. La última votación negativa, en diciembre, fue el principal motivo de la salida de Brasil de cerca de 5.200 millones de dólares, una pérdida que, repetida al comenzar este año, hizo inevitable la devaluación del real.
Los líderes parlamentarios oficialistas decidieron poner a votación un nuevo proyecto, contando con el sobresalto causado por la crisis cambiaria y convencidos de que las concesiones hechas tornaron menos impopular la medida.
Los funcionarios y jubilados que ganan menos de 600 reales (410 dólares, según el inestable cambio del viernes) serán exonerados del aporte, que se elevará gradualmente de 11 a 22 por ciento para los mejor remunerados.
Los titulares de pensiones por invalidez y los mayores de 70 años también quedarán exentos hasta un ingreso de 3.000 reales (2.050 dólares). Sólo pagarán contribuciones sobre lo que supere esa suma.
El diputado Arnaldo Madeira, jefe del grupo oficialista, cree que esas modificaciones y el temor ante la crisis cambiaria permiten "buenas posibilidades" de aprobación. "Pero no podemos equivocarnos", dijo, reconociendo el riesgo de nuevas turbulencias.
"Los datos de la injusticia previsional ya son harto conocidos", argumentó Madeira, en defensa del proyecto. Los 900.000 jubilados del sector público generan un déficit de 19.000 millones de reales (13.000 millones de dólares), el doble de la suma faltante para pagar a los 18 millones de jubilados del área privada.
Los funcionarios públicos obtienen al retirarse del servicio el mismo sueldo recibido en el último mes de actividad, a veces aumentado por promociones y beneficios de último momento. Se les llama "inactivos" y perciben en promedio 8,7 veces más que los jubilados del sector privado.
Su remuneración neta es de hecho más elevada que la de sus colegas "activos", ya que no contribuyen a la seguridad social, y es la principal causa del déficit pblico, arguyen las autoridades económicas.
Pero esos argumentos no son convincentes para los parlamentarios de la oposición y para muchos oficialistas, que siempre rechazaron el proyecto. Aprobar el proyecto será penalizar a ancianos, y casi todos los legisladores tienen viejos parientes "inactivos", explicó un diputado.
El ajuste fiscal, coinciden todos, es indispensable para superar efectivamente la crisis financiera brasileña, que parece conceder una tregua tras la buena acogida que el mercado dio a la flotación cambiaria dispuesta el viernes.
La preocupación se concentra ahora en el area política, donde la resistencia tiende a ganar fuerza, ante la necesidad de distribuir pérdidas agravadas por la depreciación y por la consecuente recesión econmica. (FIN/IPS/mo/ff/if ip/99
