El nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de la capital de Perú considera que la discriminación racial es un derecho basado en la libertad de comercio.
Ese criterio contraviene el texto de la Constitución y también el de una ley recientemente aprobada, pero el nuevo presidente de la Corte Superior de Lima, Pedro Infante, podría aducir que la libertad de comercio es también un derecho consagrado, como ya hizo recientemente.
Perú es un país multiracial, en donde la discriminación está prohibida por la Constitución aunque subsiste solapadamente, pero la política económica neoliberal del gobierno del presidente Alberto Fujimori hizo aflorar varios intentos de convertirla en una práctica legal.
Uno de esos intentos fue protagonizado en octubre pasado por Infante, nombrado el 29 de diciembre presidente de la Corte Superior de Lima, el más alto tribunal judicial en la capital.
Este nombramiento colocó nuevamente en el tapete el tema de la discriminación racial en Perú, por su polémico fallo en favor del presunto derecho de las empresas de seleccionar clientes de acuerdo al color de la piel.
Infante es calificado por sus numerosos detractores como excesivamente dócil ante el gobierno central y su actuación respecto de los derechos civiles es cuestionada.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Heriberto Benítez, sostuvo que su nombramiento "indica una clara intención política del gobierno, pues se trata de un juez que no respeta los derechos civiles y los subordina a los intereses empresariales y políticos".
El asesor legal de la Municipalidad de Lima, que se enfrentó a al juez en un sonado caso de violación ecológica, afirmó que "Infante no representa ni la autonomía ni la imparcialidad que debe tener el Poder Judicial".
Infante fue autor de una sentencia que provocó un escándalo político, cuando falló a favor de la discriminación racial.
En dicho fallo, emitido en octubre pasado cuando formaba parte de la Sala de Derecho Público, prohibió al estatal Instituto de Defensa del Consumidor realizar gestiones para impedir la práctica de la discriminación racial en discotecas de Lima.
En la sentencia se sostiene que, en ejercicio de la libertad de contratación propia de la economía de mercado, las empresas privadas tienen derecho a seleccionar a su clientela como lo consideren conveniente sus propietarios.
Los denunciantes -el oficial Instituto de Defensa del Consumidor y una organización no gubernamental de consumidores- apelaron el fallo, pero la Sala de Derecho Público desestimó la apelación.
El escándalo que provocó ese fallo motivó que el Congreso aprobara el 22 de diciembre una ley para ratificar la prohibición constitucional de discriminar a las personas en razón de su raza, idioma, religión u origen.
Algunos de los parlamentarios arguyeron que el proyecto de Ley propuesto era innecesario, porque redundaba en lo establecido en el artículo segundo de la Constitución.
"Es una norma innecesaria, porque se trata de un derecho constitucional claramente consagrado. En todo caso, en lugar de emitir nuevas leyes hay que cambiar a los jueces que no las entienden", comentó el congresista Antonio Llerena.
Sin embargo, siete días después, Infante fue designado presidente de la Corte Superior de Lima por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, nombramiento que provocó fuertes críticas por su cuestionada actuación anterior.
Durante su ejercicio en la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Lima, Infante impulsó las sentencias más cuestionadas expedidas por el Poder Judicial en los últimos años.
Además del referido al derecho a seleccionar clientela en base al color de la piel, entre sus sentencias figura el respaldo a las intenciones de Fujimori de postularse nuevamente a la Presidencia en el año 2000, pese a que la Constitución prohibe una segunda reelección consecutiva.
Se recordó que el juez dictó una sentencia que autorizó a la empresa chilena Lucchetti a seguir construyendo una planta industrial en un santuario ecológico.
Infante participó en la acción judicial que despojó al ciudadano de origen israelí Baruch Ivcher de la nacionalidad peruana y de la propiedad del Canal 2 de Televisión, que fue entregado a la administración de sus socios minoritarios, que lo convirtieron en un vocero gubernamental. (FIN/IPS/al/ag/hd/99
