Mientras un proyecto de ley gubernamental para regular la inmigración desata una dura polémica en Argentina, estudios especializados demuestran que la migración interna en el Mercado Común del Sur (Mercosur) es escasa.
El gobierno del presidente Carlos Menem anunció su intención de aprobar una ley que persiga la inmigración clandestina desde países latinoamericanos, incluidos los del Mercosur, que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.
El proyecto, difundido por altas autoridades gubernamentales cuando se conoció la debacle de la economía brasileña, a mediados de este mes, suscitó debates en la sociedad argentina y el rechazo de amplios sectores, desde organismos humanitarios hasta la Iglesia Católica, que protestaron contra su carácter xenófobo.
La inmigración es presentada desde el gobierno como la principal causa del aumento de la desocupación -situada actualmente en 15 por ciento de la población activa- y de la inseguridad pública, temas que encabezan las precupaciones de los argentinos, de acuerdo a las encuestas.
Tanto Menem como el principal precandidato presidencial del gobernante Partido Justicialista (peronista), Eduardo Duhalde, manifestaron públicamente que "el trabajo argentino debe ser para los argentinos".
La Iglesia Católica se ha pronunciado en contra del proyecto de ley y acusó al gobierno de crear un ambiente propicio para que surjan en ese país actividades y sentimientos xenófobos.
Se apoyan para ello en la "caza" al inmigrante ilegal que se desató en diversos barrios de Buenos Aires donde se concentran peruanos, paraguayos y bolivianos.
Según un estudio del sociólogo argentino Enrique Oteiza, autor del libro "Inmigración y discriminación", la actual población inmigrante en ese país constituye una ínfima minoría si se la compara con la de 1920, cuando los extranjeros eran mayoría en Argentina.
Para Oteiza, el proyecto de ley sobre la inmigración es discriminatorio, "puesto que no exige las mismas condiciones para ingresar al país a los europeos que a los latinoamericanos. Es una ley contra la pobreza".
El vínculo entre inmigración y delincuencia es igualmente falso, señaló, porque bastante menos de 10 por ciento de los detenidos en cárceles argentinas son extranjeros.
Si bien el gobierno de Menem no presentó cifras oficiales sobre la cantidad de inmigrantes clandestinos, extraoficialmente se llegó a manejar que existen un millón de personas en esas condiciones.
Para la mayoría de los observadores políticos, sin embargo, la realidad es que los indocumentados no superan los 200.000. Estadísticas recientes apuntan en ese mismo sentido.
Según cálculos del Ministerio de Trabajo de Brasil, el movimiento migratorio entre los países del Mercosur continúa siendo escaso.
En ese país, los argentinos son los latinoamericanos que más han ingresado a su mercado laboral en 1998 y ocupan el séptimo lugar en el ránking inmigratorio establecido el año pasado, muy lejos de trabajadores oriundos de Estados Unidos, Japón, Francia o Alemania.
Los trabajadores inmigrantes uruguayos fueron sólo 729 en ese período y ocupan el lugar número 19 en la lista, detrás de países como Israel y Filipinas, mientras que los paraguayos son tan pocos (215) que quedaron incluidos en el rubro "Otros", junto a personas procedentes más de 65 países.
La perspectiva con que el gobierno argentino observa el supuesto problema difiere radicalmente del punto de vista oficial brasileño.
El coordinador del Consejo Nacional de Inmigración del Ministerio de Trabajo de Brasil, Leo Federico Cinelli, destacó que en su país "no hay cabida para el mito de que los extranjeros roban el trabajo a los nacionales".
"Es un porcentaje muy pequeño. Los trabajadores extranjeros son bien recibidos. Brasil tiene una cultura de inmigración muy fuerte y ha acogido inmigrantes de todos los continentes y de las etnias más diversas a lo largo de su historia", agregó.
Según Cinelli, "la tendencia indica que la participación de trabajadores oriundos del bloque va a crecer, pero esto depende de las negociaciones laborales entre los países del Mercosur".
Entre las principales dificultades del flujo de trabajadores intrabloque, Cinelli destacó la equiparación de profesiones, la definición sobre reglas de contribución previsional y los permisos de afiliación a los sindicatos.
Coincidiendo con la difusión del proyecto de ley del gobierno de Menem, el canciller de Paraguay, Dido Florentín, anunció que su país y Argentina han avanzado considerablemente en el camino de lograr un acuerdo marco bilateral para reglamentar la inmigración en los dos sentidos.
Otras fuentes extraoficiales de Paraguay estimaron en más de un millón la cantidad de personas originarias de ese país viviendo legalmente en Argentina, y aseguraron que las remesas de dinero que envían anualmente a sus familiares en Paraguay superan los 100 millones de dólares.
El gobierno uruguayo, por su parte, elaboró a su vez un proyecto de ley sobre migración e inmigración, en el que se establecen facilidades especiales para los "mercosureños" que deseen radicarse en ese país. El proyecto se encuentra a estudio del parlamento.
Según datos de la Dirección de Migraciones uruguaya, entre 1993 y 1997 se otorgaron sólo 6.286 residencias permanentes, el 38,2 por ciento de las cuales fueron para argentinos y 18,7 para brasileños. (FIN/IPS/dg/ag/pr-hd/99
