Etiopía deportó a 52.000 personas originarias de Eritrea desde que la guerra se desencadenó en mayo entre los dos países africanos, y causó un "sufrimiento indecible a miles de familias", denunció Amnistía Internacional.
En un informe divulgado el viernes y basado en visitas a ambos países, la organización de derechos humanos afirma que las deportaciones se transformaron en una "operación sistemática y a escala nacional para arrestar y deportar a cualquiera de ascendencia eritrea total o parcial".
"Mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños, ancianos, incluso pacientes de hospitales, son arrestados y detenidos en medio de la noche", sostiene Amnistía.
En numerosas ocasiones los eritreos son encarcelados por días en difíciles condiciones antes de ser trasladados en autobuses, vigilados por guardias armados, y dejados en la frontera.
"Llegan con hambre y agotados, a menudo enfermos, después del viaje de tres días" hasta la frontera, agrega el informe.
El gobierno del primer ministro etíope Meles Zenawi sostiene que los eritreos, incluso aquellos con ciudadanía etíope, representan una amenaza para la seguridad nacional en las actuales circunstancias.
La guerra se desencadenó en mayo a raíz de una disputa fronteriza. Desde entonces, observadores informaron de ocasionales intercambios de artillería entre los dos países del Cuerno de Africa, mientras ambos bandos movilizan hombres y equipos junto a su frontera común.
La Organización de la Unidad Africana (OUA) intenta mediar en el conflicto y encontrar una solución antes de que se transforme en una guerra total, y para ello solicitó la ayuda del ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Anthony Lake.
Lake volvió de la zona hace una semana, luego de consultar con ambos bandos, y con el secretario general de la OUA, Salim Ahmed Salim.
Pero funcionarios estadounidenses indicaron que Lake no logró reducir la tensión y se limitó a reiterar la política de Washington a favor de un acuerdo marco propuesto por la OUA para llevar a la práctica una solución al conflicto.
Etiopía aceptó el acuerdo en 1998, pero Eritrea solicitó que se aclaren varios puntos del mismo.
Eritrea, que durante la mayor parte de este siglo fue una provincia etíope, se separó pacíficamente de Etiopía en 1993 luego de un referéndum en que 90 por ciento de la población eligió la independencia.
El referéndum fue avalado por el gobierno de Zenawi, que a su vez llegó al poder en 1991, luego de varios años de insurgencia contra el régimen de Haile Mariam Menguistu.
Los movimientos rebeldes encabezados por Zenawi y por el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, fueron aliados durante muchos años en la lucha contra Menguistu. Desde entonces, Estados Unidos, que tomó parte en las negociaciones que terminaron con la remoción de Menguistu, se ha mantenido próximo a ambos países.
El presidente estadounidense Bill Clinton calificó a Zenawi y Afwerki de ejemplos de una "nueva generación" de líderes africanos a la vanguardia del "renacimiento" continental por el desarrollo económico y la participación política.
Estados Unidos, junto con numerosos países europeos y africanos, observaron con alarma el deterioro de la relaciones entre Etiopía y Eritrea, dados los problemas económicos que embargan a ambos estados.
Los dos se encuentran entre los seis países más pobres del mundo, según su producto interno bruto por habitante, pero en los últimos ocho meses importaron decenas de millones de dólares en equipos militares, incluso en aviones de guerra, helicópteros y tanques.
El comercio también cesó entre ambos, por lo que Etiopía, que desde la independencia de Eritrea no tiene salida al mar, se vio obligada a depender de Kenia al sur para sus importaciones y exportaciones, mientras los eritreos perdieron su mercado más importante.
La expulsión de los eritreos se suma a los problemas económicos de ambos países. En muchos casos, las personas de origen eritreo fueron obligadas a dejar su trabajo en Etiopía, lo que perturbó la actividad de importantes compañías y sectores estatales.
En Eritrea, los deportados, a quienes se permite dejar Etiopía con sólo una pieza de equipaje por persona, no pueden ser integrados con facilidad o rapidez al resto de la población.
Amnistía envió representantes a Etiopía, en octubre, y a Eritrea, este mes, para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
"Las familias fueron separadas, el jefe del hogar suele ser el primer deportado, y su esposa, padres e hijos son enviados semanas o meses después", explica el informe.
"Los muchos etíopes casados con eritreos tienen prohibido abandonar el país y se ven obligados a observar mientras su cónyuge e hijos son deportados", asegura Amnistía.
"Las personas que se quejaron fueron amenazadas o golpeadas. A los deportados se les privó arbitrariamente de la ciudadanía etíope sin advertencia, proceso legal o derecho de apelación alguno".
Así mismo, desde mayo, al menos 22.000 etíopes volvieron a su patria desde Eritrea, la mayoría luego de perder sus empleos. Pero Amnistía precisó que no pudo confirmar las acusaciones etíopes de que 40.000 de sus ciudadanos fueron maltratados y deportados por la fuerza desde que comenzó la guerra.
La organización de derechos humanos apeló a Adis Abeba para que cese en forma inmediata las deportaciones y el maltrato de los deportados, así como la detención de miles de eritreos, porque estas medidas violan la Constitución del país y los tratados internacionales ratificados por Etiopía. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/aq/ip-hd/99
