Paramilitares de derecha de Colombia levantaron la tregua decretada a fines del año pasado con el asesinato de 11 personas, un día después del inicio del diálogo de paz entre el gobierno y guerrilleros comunistas.
La matanza fue cometida el viernes por 30 hombres que llegaron a la localidad de Santa Isabel, en el municipio de Curumaní, departamento de César, en el norte de este país.
Con una lista en la mano, los paramilitares sacaron a las víctimas de sus casas para darles muerte, afirmaron testigos.
Los asesinatos fueron atribuidos por organismos de seguridad a una posible represalia por el ataque de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la sede central de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Nudo de Paramillo, departamento de Córdoba (norte).
Treinta paramilitares murieron en ese operativo de las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina y, con sus 15.000 efectivos, la que cuenta con más combatientes.
El ataque de las AUC, organización ilegal que reúne a 5.000 paramilitares de derecha, se produjo un día después de la apertura del diálogo entre las FARC y el gobierno.
Las FARC pidieron el jueves al gobierno someter a los paramilitares a la justicia ordinaria para que respondan por los crímenes cometidos contra civiles, sindicalistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
En su mensaje al acto de instalación de la mesa de diálogo, el líder de las FARC, Manuel Marulanda, calificó al paramilitarismo de "modalidad de terrorismo de Estado, financiado por (…) ganaderos, latifundistas e industriales" para "exonerar al Ejército" de la represión a los opositores.
Marulanda se reunió el viernes con el ex presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las selvas del sudeste colombiano.
El comandante de las FARC ratificó la existencia de un plan para atentar contra su vida en los actos de instalación de la mesa de diálogo el jueves en la localidad de San Vicente del Caguán, dijo Ortega a la radioemisora Caracol.
Las FARC anunciaron la detención el viernes de dos supuestos paramilitares que al parecer se habían infiltrado en la "zona de distensión" de la que se replegó el ejército para posibilitar el diálogo.
La inasistencia de Marluanda a la instalación de la mesa de diálogo causó malestar en gran parte de los asistentes a la ceremonia, que lo interpretaron como un signo de desconfianza en el proceso que se inicia.
Las conversaciones comenzaron pese a ello el sábado en Machaca, cerca de San Vicente del Caguän.
En la reunión participaron en representación del gobierno, la ex canciller María Emma Mejía, el senador Fabio Valencia, el empresario Nicanor Restrepo y el gobernador del departamento del Atlántico, Rodolfo Espinosa, y los guerrilleros Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez.
El gobierno puso el énfasis en el respeto del derecho internacional humanitario, que, según organizacionesno de defensa de los derechos humanos, es violado tanto por la guerrilla como por los paramilitares.
El gobierno reafirmó la importancia de que en esta etapa del proceso se llegue a acuerdos "para que no se comprometa a la población civil que vive en las zonas en las que se desarrolla el conflicto armado", dijeron sus portavoces.
El ex ministro y ex candidato presidencial del opositor Partido Liberal, Horacio Serpa, sostuvo que incluir el derecho internacional humanitario en la agenda "es fundamental porque es el reconocimiento de que la paz se va a buscar en medio de la guerra", si bien humanizada.
Serpa consideró que Colombia ingresó el jueves en un proceso "interesante y trascendente" en el que cada colombiano "debe comprometerse para ir levantando ladrillo por ladrillo ese edificio tan difícil de que es la paz".
Mientras, el secretario de la Comisión Nacional de Conciliación (CNC) de la Iglesia Católica, el sacerdote Jorge Martínez, afirmó que tras la instalación de la mesa del diálogo lo importante es definir la agenda de trabajo.
Una encuesta divulgada este viernes por el diario El Espectador reveló que el inicio del diálogo de paz fue recibido con un amplio respaldo de los colombianos, que, no obstante, son escépticos sobre sus resultados a corto plazo.
La encuesta realizada en las cinco principales ciudades colombianas señala que para 40 por ciento el diálogo no presentará resultados pronto, para 20 por ciento puede que se logre la paz en un año y para siete por ciento, en un mes.
Además, 53 por ciento opinan que el gobierno debe dialogar también con los paramilitares.
Elizabeth Hungar, analista del Centro Nacional de Consultoría, manifestó que las respuestas de la encuesta fueron "sorpresivas" por su benevolencia para con los grupos paramilitares.
Esto podría deberse a que fue realizada en centros urbanos y no en las zonas rurales, que son las más afectadas por la violencia, estimó.
Los grupos paramilitares son acusados por la guerrilla del éxodo de 1,3 millones de campesinos (dos por ciento de la población) de sus hogares y de 80 por ciento de las 180 masacres que ocurrieron en 1997. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/98
