La población de Brasil empezó a sentir el impacto de la depreciación del real, que afecta especialmente a los empleados públicos, los comerciantes formales e informales que dependen de importaciones, y a todos los que contrajeron deudas en moneda extranjera.
Los funcionarios públicos, antes protegidos de la incertidumbre por su empleo vitalicio, sufrirán el golpe más duro, dado que sus ingresos tendrán una reducción directa a partir del 1 de mayo.
La ley que eleva a hasta 25 por ciento la contribución previsional de funcionarios y jubilados del gobierno central aún debe ser votada este martes en el Senado. Pero su aprobación es segura, porque se trata de una cámara legislativa controlada por el oficialismo.
El proyecto fue aprobado el miércoles pasado en la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría. Había sido rechazado cuatro veces, pero en la última ocasión se impuso el temor al agravamiento de la crisis financiera.
La pensión de los jubilados del sector público, que son llamados "inactivos", tendrá una deducción de 11 a 25 por ciento, graduado según el nivel de remuneración.
Sólo fueron exceptuados los pensionistas que perciben menos de 600 reales al mes (unos 350 dólares, a la cotización de este viernes) y los mayores de 70 años que obtienen hasta 3.000 reales (1.760 dólares).
La decisión de mantener sin alteración la pensión de esos dos grupos representó "un poco de sensatez, pero insuficiente", comentó Angelina de Oliveira, una jubilada de 76 años.
"Gastamos mucho en medicamentos, en mi caso un promedio de 300 reales sin tener enfermedades graves", argumentó De Oliveira. Agregó que quien percibe 2.000 reales de pensión "no gana mucho", pero perderá 11,3 por ciento de sus ingresos.
Los funcionarios en actividad, ya gravados en 11 por ciento, sin excepciones, pagarán contribuciones adicionales de nueve a 14 por ciento, sobre salarios superiores a 1.200 reales (700 dólares).
Con el agregado del impuesto a la renta, un funcionario que gana 5.000 reales (2.900 dólares), tendrá un descuento de 35 por ciento, y si es inactivo, de 34,1 por ciento.
La imposición de esas cargas sociales fue el modo que halló el gobierno para recortar en la práctica la paga de 1,4 millones de empleados y pensionistas del sector público y reducir el déficit del presupuesto, una medida considerada indispensable para salvar la economía del colapso.
El Poder Ejecutivo intentó introducir en la reforma general del sistema de previsión social, un capítulo importante del ajuste fiscal aprobado en noviembre, un recorte de 30 por ciento de los salarios de los funcionarios al jubilarse. Pero la propuesta fracasó, por ser inconstitucional.
El trabajo en la administración pública se rige por legislación propia, que asegura el retiro con el salario integral. En el sector privado, las jubilaciones no pueden superar los 1.200 reales (700 dólares) por mes.
La población en general empieza a sufrir los efectos inflacionarios de la depreciación de la moneda, que ya supera 40 por ciento. Los medicamentos, importados en gran parte o fabricados con insumos extranjeros, ya aumentaron de precio.
Las pastas y el pan tendrán un incremento de por lo menos 15 por ciento, a causa del trigo importado, que abastece tres cuartos del consumo nacional.
La empresa General Motors anunció el aumento en 11,37 por ciento del precio de sus vehículos, aunque finalmente lo limitó a 5,5 por ciento, ante la amenaza de represalias del gobierno.
Las personas que compraron bienes con financiación indexada al cambio vieron crecer 40 por ciento sus deudas en pocos días. El Ministerio de Justicia aclaró que el Código de Defensa del Consumidor permite pedir la revisión de esos contratos.
Maria Lucía Rezende, de Belo Horizonte, fue la primera que consiguió en la justicia la sustitución del dólar por un índice de inflación como factor de correción de sus pagos por la compra de un automóvil.
Repercusión social más amplia tendrá el duro golpe sufrido por el comercio de bienes importados. La devaluación del real representa la interrupción del turismo de compras en la paraguaya Ciudad del Este.
Las decenas de miles de personas que visitan diariamente ese centro comercial paraguayo alimentan el comercio informal de grandes ciudades de casi todo el país, en que trabajan un millón de personas, según estimaciones de asociaciones de vendedores ambulantes.
El flujo del comercio fronterizo cambió de sentido. Ahora son los argentinos, paraguayos y uruguayos que realizan compras en Brasil. (FIN/IPS/mo/ff/if/99
