Cada año, en junio, cuando comienza la estación de las lluvias, Noriko Maruyama lleva a sus dos hijos a Ibaragi, la plantación de arroz más cercana a Tokio, para que le ayuden en la siembra.
"Es un momento muy importante para nosotros. Quiero enseñar a mis hijos la importancia del arroz y de nuestra cultura", comentó Maruyama, de 42 años, cuya familia perdió contacto con sus raíces agrícolas cuando su abuelo se fue a Tokio, hace algunas décadas.
Maruyama forma parte de una minoría que intenta mantener la costumbre de sembrar arroz, pero el valor que otorga a ese producto es compartido por la gran mayoría de los japoneses.
El arroz simboliza para los habitantes de Japón una historia de raíces agrícolas, de la que están orgullosos.
Desde hace siglos, la tradición indica que el emperador debe sembrar arroz cada año al final de la primavera (boreal) en su retiro del palacio imperial.
Esta cultura del arroz explica por qué, para muchos japoneses, la liberalización del comercio y la decisión gubernamental de imponer altos aranceles aduaneros al arroz extranjero no son tanto cuestiones comerciales cuanto un asunto cultural y social.
"El mercado arrocero es el más difícil y el último que debe ser liberalizado en la economía japonesa. Es más fácil reformar el sistema financiero que el mercado del arroz", advirtió el economista Keisuke Ohomua.
Para los extranjeros, la decisión de Japón de aumentar hasta 1.000 por ciento los aranceles a la importación de arroz es otro intento de limitar el comercio y proteger a sus productores y a un poderoso grupo de presión agrícola.
Australia y Estados Unidos interpretaron la medida del gobierno japonés como el comienzo de una guerra comercial.
Pero para Maruyama, la necesidad de que el arroz sea producido en el país está ligada no sólo a la cultura nacional sino al temor de carecer de seguridad alimentaria. Por eso, ella y muchos grupos de consumidores y activistas recibieron con inquietud el anuncio de liberalización del mercado arrocero.
Japón se comprometió en 1993 a incrementar su compra de arroz, implementando un sistema de cuotas anuales de importación sin aranceles, según los acuerdos multilaterales de comercio.
Ese acuerdo, resistido por el sector agrícola, comprometió al país a aumentar la importación de arroz de cuatro a ocho por ciento para el 2000. Los exportadores más beneficiados serían Australia, Estados Unidos y Tailandia.
Pero, en la tercera semana de este mes, el gobierno elevó los aranceles, para dar tiempo a los agricultores a prepararse para competir con el arroz importado, dado que la liberalización del mercado agrícola parece inevitable.
Los analistas creen que la abrupta alza de aranceles impedirá el incremento de importaciones aceptado en 1993, pues la producción nacional registra excedentes.
La población del país prefiere comprar su propio arroz. "Cuando hablamos de arroz, el precio no es lo que importa. Los japoneses prefieren el arroz nacional, porque es seguro y cumple un papel social esencial", observó Yoko Tomiyama, del Sindicato de Consumidores.
Ese es el motivo que impide la aceptación del arroz tailandés, a pesar de que es ofrecido a la mitad del precio del producto nacional y de ser muy apreciado en otros lugares.
La mayoría de las importaciones de arroz se destinan a la elaboración de productos derivados, como galletas, o se reexportan como ayuda alimentaria.
"Hay que ver lo que sucede con otros cereales de la dieta japonesa, como la soja y la cebada, de las que se importa 90 por ciento de nuestro consumo, para darnos cuenta de que el arroz no debe seguir ese camino", indicó Tomiyama, para subrayar el riesgo que implica la dependencia de la importación de alimentos básicos.
Algunos dicen que prefieren el arroz nacional porque es más probable que el importado tenga pesticidas tóxicos, y otros señalan el mal momento por el que pasan actualmente los agricultores nacionales, muchos de los cuales abandonaron sus plantaciones debido a la caída de los precios.
La resistencia a la liberalización del mercado agrícola persiste a pesar de que el gobierno otorgó seguridades a los productores locales, como subsidios a los cultivadores de arroz de zonas montañosas, que encuentran dificultades para su labor, y garantizó ingresos mínimos a los arroceros que afrontan pérdidas.
Esas decisiones fueron tomadas en contrapartida a la liberalización del mercado, resuelta bajo fuerte presión internacional.
La apertura del mercado de arroz también determinó cambios políticos profundos y difíciles para Japón. En efecto, la política agrícola de posguerra fue impulsada por un grupo de presión de productores, reacios a todo cambio, que mantinen vínculos con el gobernante Partido Democrático Liberal.
La práctica tradicional consistía en que el gobierno compraba la producción de arroz a los cultivadores, que de ese modo tenían asegurados sus ingresos de modo permanente. La mayor parte de los 10 millones de toneladas producidas en 1997 fue adquirida por el gobierno.
Los arroceros temen que el ingreso de importaciones acabe con ese acuerdo histórico. Pero ahora, el gobierno se prepara para enfrentar la tensión comercial causada por los nuevos aranceles al arroz.
Estados Unidos advirtió que los aranceles podrían perjudicar sus exportaciones de arroz a Japón. El profesor Katsuji Kodama advirtió que Washington hará lo posible por echar por tierra esos impuestos.
"Esos aranceles son inaceptables. Washington podría emplear contra Japón el artículo 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que le permite tomar medidas contra las prácticas comerciales que considera injustas", explicó Kodama.
Tomiyama propuso que los agricultores dejen de depender del gobierno y confíen en la garantía simple pero segura que representa el fuerte apoyo público a su producción.
"El arroz nacional seguirá siendo popular en Japón y la modernización de este importante sector no acarreará el incremento de las importaciones", afirmó. (FIN/IPS/ap-if-cr/sk/js/ceb-ff/99
