La justicia federal de Argentina dictó hoy la prisión preventiva para siete ex oficiales de las Fuerzas Armadas por el secuestro de menores durante la dictadura militar (1976-83), y les impuso embargos millonarios.
Rosa Roisinblit, vicepresidente de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los menores desaparecidos, expresó su conformidad con la resolución. "Ahora están casi todos procesados y seguro serán condenados", dijo a IPS.
El juez federal Antonio Bagnasco resolvió procesar a los ex comandantes Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone y al ex jefe de la Armada Rubén Franco, y les trabó embargos por un millón de dólares.
Asimismo, dictó la prisión preventiva al ex capitán Jorge Acosta, a Antonio Vañek y al prefecto retirado Héctor Febres, a quienes les impuso embargos de 500.000 dólares. Sólo José Suppicich, ex oficial de Marina, fue sobreseído.
El abogado de Massera adelantó que apelará la medida, mientras espera que la Cámara Federal resuelva el pedido de prescripción de la causa y otro de "cosa juzgada", dos reclamos que se contradicen entre sí.
Los militares detenidos coincidieron hasta ahora en negar la existencia de los delitos que se les imputan, y al ser interrogados remiten las preguntas a instancias inferiores o superiores de las Fuerzas Armadas, según los casos.
Los detenidos fueron encontrados responsables mediatos de 194 casos de apropiación de menores, sustracción de identidad y falsificación de documentos de niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus padres.
La causa que lleva adelante Bagnasco intenta demostrar que los imputados son responsables de la puesta en marcha de un plan sistemático de secuestro de niños durante la dictadura, un delito que no fue amnistiado y que se mantiene impune.
Los ex comandantes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos en 1985 pero tras seis años de prisión fueron indultados. En tanto miles de militares de menor rango fueron beneficiados con leyes de amnistía.
Durante el juicio a los ex comandantes sólo se probó el secuestro de seis niños, y los camaristas consideraron que esos hechos no eran suficientes para asegurar la existencia de un plan sistemátic ode secuestrar a menores.
Sin embargo, la labor de los organismos humanitarios – integrados por familiares de las víctimas- logró iniciar causas paralelas por los casos de niños que no habían podido probarse cuando se los condenó en 1984.
En los últimos 20 años, Abuelas de Plaza de Mayo creó un banco de datos genéticos, encontró a 59 menores -adoptados ilegalmente o de buena fe- y reunió pruebas sobre el plan sistemático de apropiación de niños.
Las mujeres recogieron denuncias de unos 300 menores desaparecidos, pero ellas estiman que podrían haber sido 500 si se contabilizan los casos no denunciados formalmente.
Esos delitos -que se siguen cometiendo mientras los menores, ya adultos, no tomen contacto con sus familias de sangre- permitieron reabrir diversas causas por las que hoy se podría condenar a los militares indultados o amnistiados.
En una de ellas fue detenido el ex comandante del Ejército y ex presidente Jorge Rafael Videla, y en la que investiga Bagnasco se detuvo -y ahora procesó- a siete militares, entre ellos cuatro ex jerarcas que fueron parte de las juntas que gobernaron al país por la fuerza.
Las leyes argentinas permiten que los mayores de 70 años, procesados o condenados, queden detenidos en sus domicilios particulares. Es así que Videla, Massera, Nicolaides, Franco y Vañek están presos en su casa.
Bignone, detenido esta semana, está todavía detenido en una dependencia militar, pero sus abogados ya reclamaron el arresto domiciliario amparados en su edad, 71 años.
En tanto Acosta y Febres están alojados en un cuartel y en la Prefectura respectivamente.
El juez sorprendió a las seis abuelas que iniciaron la querella en plena feria judicial.
"No esperábamos esta resolución en enero, pero nos alienta y estamos muy conformes con que se acelere el caso", dijo Roisinblit.
Ahora, las abuelas esperan que sea citado como imputado y quede detenido el ex comandante Leopoldo Galtieri, el ex jefe de una unidad militar Antonio Bussi -actual gobernador de una provincia- y el ex coronel Guillermo Suárez Mason, el único indultado que no había sido condenado.
Suárez Mason había estado prófugo de la justicia, y durante su procesamiento tardío, una vez que fue encontrado por Interpol, el presidente Carlos Menem lo indultó junto a los otros ex jerarcas en 1990. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/99)
