El presidente argentino Carlos Menem advirtió hoy que los extranjeros indocumentados deberán abandonar el país, y los culpó implícitamente de la ola de delitos en los centros urbanos.
"Ya firmamos amnistías y convenios con los países vecinos, (y) a partir de ahora, los inmigrantes ilegales, lamentablemente, tendrán que abandonar el país, porque no podemos someter a nuestra comunidad y a nuestra policía al aumento del delito", dijo Menem.
La declaración del presidente cierra una semana de debates acerca de la vinculación del aumento del delito y de la percepción de inseguridad de los habitantes de las ciudades argentinas con la presencia de extranjeros indocumentados.
La discusión comenzó al conocerse una iniciativa oficial para incrementar las sanciones a los empresarios que empleen a extranjeros ilegales y que favorece la delación para erradicar el delito entre los indocumentados.
En otras oportunidades, el gobierno había responsabilizado a los extranjeros del desempleo. La inseguridad por la creciente ola de delitos y por el desempleo son las dos principales preocupaciones de los argentinos, según todas las encuestas.
Uno de cada dos habitantes de la ciudad de Buenos Aires sufrió algún delito en los últimos meses, según una investigación de la empresa Sofres Ibope, y 95 por ciento de las personas consultadas en la misma encuesta aseguraron percibir un fuerte incremento de la inseguridad.
El debate estuvo acompañado de una serie de operativos policiales en los que se detuvo a decenas de extranjeros que tenían vencido el permiso de residencia, y no habían realizado el trámite requerido para permanecer en el país.
Cónsules de países vecinos explicaron que el problema es que en la mayoría de los casos, los inmigrantes no consiguen empleo formal y, por lo tanto, no pueden presentar los papeles necesarios para la visa permanente.
Las redadas policiales comprendieron el cierre de comedores que funcionaban sin permiso en un edificio de apartamentos y que tenían entre su clientela a inmigrantes que pagaban 1,50 dólares por un plato de comida.
Los comedores eran atendidos por inmigrantes. El director nacional de Migraciones, Hugo Franco, dijo este miércoles que la mayoría de los delitos que se cometen en la ciudad de Buenos Aires son perpetrados por ilegales procedentes de países vecinos y de Perú.
El dato de Franco coincide con apreciaciones del Ministerio del Interior y de la Policía Federal en el sentido de que en las modalidades de arrebato callejero, los protagonistas son ciudadanos peruanos, un hecho muy discutido por la oposición.
La mayoría de los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos se desempeñan en las tareas peor pagadas y con mayor precariedad: el empleo doméstico, si se trata de mujeres, y la construcción y la industria textil en el caso de los hombres.
Dirigentes de la Alianza de oposición consideraron que el oficialismo exagera el fenómeno de la inmigración ilegal, como lo hizo la derecha en Alemania y Francia, que culpa a los extranjeros de todos los males del país.
En Argentina, el desempleo se ubica en 13,4 por ciento de la población económicamente activa, y para los encuestados por Sofres Ibope es una de las principales causas del aumento del delito en las ciudades y en el cordón urbano que bordea a Buenos Aires.
El sociólogo Enrique Oteiza, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, sostuvo que el gobierno busca hacer de los inmigrantes el "chivo expiatorio" de los problemas de inseguridad y desempleo.
Según Oteiza, autor del libro "Inmigración y Discriminación", la mitad de la población de Argentina estaba compuesta en los años 20 por extranjeros, procedentes de Europa. "La proporción de inmigrantes nunca fue tan baja como ahora", señaló.
Sin embargo, la percepción del público es de incremento de la cantidad de inmigrantes y sobre todo, de indocumentados. El gobierno calcula que ésto son más de un millón, y Oteiza y dirigentes de la oposición dicen que no son más de 100.000 o 200.000 personas.
La mayoría de los inmigrantes llegaron de Bolvia, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, y según explica Oteiza, la sociedad los considera de "menor categoría" que los residentes extranjeros con origen en Europa o Estados Unidos.
La legislación local los obliga a presentar certificado de empleo para otorgarles autorización de permanencia. Noventa y nueve por ciento de los inmigrantes ingresan como turistas y tras el primer trimestre tienen que renovar su condición presentando un certificado de trabajo.
Es allí cuando ingresan en un cono de sombra, ya que muchos de ellos están ocupados informalmente o realizan trabajos temporarios sin aportes a la seguridad social.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, también había responsabilizado a los extranjeros indocumentados de quitar el empleo -escaso- a los argentinos, un discurso que encuentra arraigo entre sectores sociales marginales.
"La caridad bien entendida empieza por casa y si la situación se pone difícil debemos pensar primero en los argentinos y después en los extranjeros", dijo Duhalde, principal precandidato a la presidencia por el gubernante Partido Justicialita.
El argumento es respaldado en medios periodísticos por personas que califican peyorativamente a los extranjeros y les atribuyen delitos y malas costumbres.
El derecho de los exranjeros a residir en el país está garantizado por la Constitución argentina, pero ante el incremento de los delitos y del desempleo, la presencia de inmigrantes es utilizada por el oficialsmo para justificar problemas, señaló Oteiza. (FIN/IPS/mv/ff/pr hd/99
