La corrupción obstaculiza el crecimiento económico de Ruanda, un país devastado por la guerra civil de 1994, advirtió un representante del Banco Mundial.
El delegado del banco, Ramaswami Vankateswaran, exhortó al gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional a unirse para combatir la corrupción en Ruanda.
"Es necesario conformar una alianza para luchar contra la corrupción y establecer un programa multidisciplinario para no dilapidar las oportunidades de desarrollo a largo plazo de la población ruandesa", recomendó Vankateswaran.
La recuperación económica es un objetivo prioritario para este pequeño país centroafricano, asolado por conflictos étnicos y una guerra civil que entre abril y julio de 1994 causó casi un millón de muertos.
Vankateswaran intervino en un seminario realizado en Kigali a instancias del Banco Mundial y poco después de que los periódicos acusaran a altas autoridades del gobierno, incluyendo a ministros, de malversación de fondos públicos.
La publicación mensual Newsline sostuvo en su edición de diciembre que el gobierno perdió en 1998 unos 5,5 millones de dólares debido a manejos de funcionarios corruptos.
Pero nadie fue llamado a rendir cuentas hasta el momento, debido a defectos de la legislación contra la corrupción.
"A menudo, el funcionario que se ve envuelto en un escándalo de corrupción es transferido a otro ministerio", pero no recibe ninguna otra sanción, señaló el ministro de Educación, coronel Joseph Karemera.
El vicepresidente Paul Kagame expresó que la corrupción todavía no está fuera de control en Ruanda, e instó a fomentar la "educación y las medidas correctivas" para combatirla.
"La corrupción tiene mucho que ver con nuestra historia política. Nunca hubo un sistema de controles y contrapesos que impusiera responsabilidades", observó Kagame, que también se desempeña como ministro de Defensa.
Agregó que es posible librarse de la corrupción si se toman medidas específicas para impedir la desviación fondos de los organismos públicos.
Los soldados recibían alimentos como paga, y cuando el Ministerio de Defensa regularizó los salarios, abonándolos en efectivo, el gasto se redujo de 2,7 a 1,4 millones de dólares. Hubo que librar una dura batalla, ya que algunos funcionarios se oponían al cambio, explicó Kagame.
La corrupción en la función pública está acompañada de la decadencia del sector privado. Muchas empresas despidieron a gran parte de su personal y otras debieron cesar su actividad.
SORIMEX, una compañía que fabrica pasta dentífrica y jabón, despidió a 90 por ciento de sus empleados como resultado del contrabando que inunda los mercados.
"Esos productos proceden de países vecinos como Burundi, Kenia, República Democrática del Congo y Uganda, pero no necesariamente se fabrican allí", señaló el empresario Jean- Baptiste Mutangana, cuya compañía SRB Volta Super quebró a causa de la competencia de contrabandon.
No obstante, las autoridades minimizaron la importancia del problema, afirmando que la situación está bajo control.
El ministro de Finanzas, Donald Kaberuka, dijo a la prensa que las maniobras de corrupción afectan sólo entre 3,5 y cuatro por ciento de los ingresos del Estado, y que disminuyen a medida que el gobierno crea instituciones para combatirlas.
Así mismo, Kaberuka advirtió que el gobierno utilizará las leyes existentes para castigar a quienes venden productos de contrabando confiscados por la policía.
Un comité disciplinario del gobernante Frente Patriótico Ruandés (FPR) comenzó el lunes a investigar el patrimonio de sus cuadros dirigentes.
"Nos preocupa la creciente corrupción en el país, que puede degradar nuestra lucha", declaró el secretario general del FPR, Charles Muligande. (FIN/IPS/tra-en/jbk/mn/mv/mp-ff/ip/98
