La violenta represión en Panamá contra manifestantes que protestaban por la privatización de la compañía de agua potable y reclamaban la derogación de un decreto que traslada los feriados para los días lunes, agravó la crisis entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
Unos 10.000 obreros, estudiantes, religiosos y profesores fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos, perdigones y golpes con bastones durante una protesta realizada en la tarde del jueves frente a la sede del parlamento.
Los manifestantes respondieron violentamente contra los agentes policiales, dando lugar a un enfrentamiento que se prolongó durante varias horas.
Los enfrentamientos se extendieron hasta la estatal Universidad de Panamá, ubicada a unos tres kilómetros del parlamento, donde un grupo de estudiantes levantaron barricadas y cortaron el tránsito hasta la medianoche del jueves.
El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (Suntrac), Genaro López, informó este viernes que tres manifestantes resultaron heridos y 13 quedaron detenidos.
El dirigente sindical calificó como "muy buena y alentadora "la manifestación convocada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y grupos de la sociedad civil.
Sin embargo, deploró que los 72 miembros del parlamento no hayan querido atender a una delegación representativa de los manifestantes y que "la policía haya ejecutado una represión brutal contra el pueblo".
El subcomisionado de la Policía Nacional, Luis Gordón, negó que los agentes antimotines hubiesen disparado perdigones contra los manifestantes y aseguró que "sólo se lanzaron bombas lacrimógenas".
No obstante, el dirigente universitario Martín Castillo, uno de los detenidos durante los disturbios, denunció este viernes que fue golpeado y amenazado por parte de los policías.
"Esto demuestra el carácter represivo y antipopular del gobierno de (Ernesto) Pérez Balladares", subrayó Castillo, dirigente del grupo estudiantil universitario Pensamiento y Acción Transformadora (PAT).
Mientras tanto, cerca de 2.000 estudiantes del Instituto Nacional, una de las principales escuelas secundarias del país, se declararon este viernes en paro indefinido y bloquearon las calles cercanas en protesta por la proyectada privatización de la compañía de agua potable y el decreto sobre los feriados.
El dirigente estudiantil Luis Herrera dijo que los manifestantes se van a mantener en las calles "hasta que sea derogado el decreto sobre los días feriados y el gobierno desista de privatizar el IDAAN (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales)".
La privatización del IDAAN y el decreto que transfiere los feriados oficiales para los lunes para fomentar el turismo interno forma parte del "paquete" de ajuste económico adoptado por Pérez Balladares en el marco del plan de "modernización del Estado" iniciado a fines de 1994.
El parlamentario opositor Arturo Vallarino expresó que el malestar popular es justo y censuró a la mayoría oficialista del "por no haber actuado a tiempo cuando vieron que una mayoría de la población se opuso" a ambas medidas.
López advirtió que lo ocurrido el jueves refuerza aún más la decisión adoptada por Conato de desacatar el cambio de fecha de la celebración del día de las madres, que fue transferido por el decreto del 8 de diciembre al lunes 7.
El Conato convocó a un paro nacional para el día 8 en señal de protesta contra la privatización del IDAAN y el decreto sobre los feriados.
La Iglesia Católica, que estuvo representada en la manifestación del jueves por unos 300 laicos y religiosas, exhortó al gobierno a que derogue el decreto sobre los feriados para que pueda celebrarse el día de la Inmaculada Concepción como es tradicional. (FIN/IPS/sh/ag/ip/98
