La captura de una fiscal y dos jueces minutos después de recibir sobornos y una denuncia por enriquecimiento ilícito contra la fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, pusieron otra vez de manifiesto la magnitud de la corrupción judicial en Perú.
El juez Alfredo Grados fue capturado el jueves cuando salía de su despacho, en Cerro de Pasco, en la sierra central, con 3.000 dólares que pidió a una empresa minera para favorecerla en un fallo.
El mismo día, el Congreso legislativo acordó pedir el enjuiciamiento del ex juez de la Corte Suprema César Tineo, quien admitió haber adulterado una sentencia para favorecer a una empresa privada con un cobro ilegítimo al Estado, por 43 millones de dólares.
El viernes 27 de noviembre fue capturado en un restaurante el juez de la Corte Superior de Lima Pablo Rojas, que minutos antes fue filmado al recibir 2.000 dólares, previamente fotocopiados, que le fueron entregados "como adelanto a cuenta de suma mayor" por el intermediario de un acusado de narcotráfico.
Tineo y Rojas fueron detenidos por personal de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que recibió las denuncias, fotocopió los billetes que fueron entregados y filmó los actos de entrega del dinero.
Con un procedimiento similar fueron detenidos el 17 de octubre la fiscal Juana Córdova y su esposo, después de que éste recibió un sobre conteniendo dinero de manos de un litigante investigado por la magistrada y en presencia de ella.
La fiscal Mirtha Chenguayen fue acusada en noviembre de haber pedido 20.000 dólares a Estrella Aguad para no incluirla como sospechosa del supuesto envenenamiento progresivo de su esposo, el empresario textil Elias Musiris.
El crimen, en realidad, no existió porque se constató que Musiris murió por una extraña enfermedad.
En los últimos cuatro años 452 jueces y fiscales han sido denunciados, investigados o sancionados por incurrir en actos de corrupción supuesta o comprobada en el ejercicio de su función.
Esta situación representa un fracaso del gobierno de Alberto Fujimori, que aludió a la necesidad de poner fin al caos político y a la "intolerable corrupción judicial" para dar un golpe de estado en 1992 con el cual disolvió al parlamento y destituyó a la Corte Suprema de Justicia.
Para eliminar la corrupción, Fujimori designó entonces comisiones ejecutivas encargadas de reformar al Poder Judicial y a la Fiscalía, medida que anuló la estabilidad de la carrera de jueces y magistrados y que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violó su autonomía.
"La voceada reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía, que debía moralizar y modernizar el aparato de justicia, fracasó. Los niveles de corrupción son ahora mayores que nunca", dijo el congresista oficialista Carlos Ferrero.
El parlamentario opositor izquierdista Henry Pease sostuvo que el origen de la corrupción judicial es la inestabilidad de los jueces y la falta de autonomía del sistema.
Pease acusó al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, de condenar a los jueces a la inestabilidad para someterlos a su voluntad y convertirlos en instrumento político contra los adversarios del gobierno.
"Las maniobras de Montesinos para quitarle su canal de televisión al empresario de origen israelí y nacionalizado peruano Baruch Ivcher, porque denunció los crímenes del SIN, se hicieron con la complicidad de jueces sumisos a la voluntad política de turno", comenta Pease.
Según la OCMA, creada como instrumento de la reforma Judicial, 452 jueces y fiscales han sido denunciados por recibir coimas, incurrir en prevaricato, alterar maliciosamente fechas de resoluciones judiciales o liberar irregularmente a criminales o narcotraficantes.
Algunos de los jueces denunciados fueron sancionados con penas de prisión, pero la mayoría solo recibieron sanciones leves, como la destitución, amonestaciones o multas.
El congresista Rolando Breña acusó a los jueces encargados de investigar a sus colegas infractores de una excesiva benignidad o tolerancia en esos casos.
La acusación de corrupción agravada contra el juez Rojas, delito cuya sanción asciende a 15 años, fue reemplazada por la de "tráfico de influencias ", que merece un máximo de cuatro años.
Esta maniobra provocó un escándalo y fue rápidamente corregida. Ahora se investiga a los otros cuatro jueces a nombre de quienes Rojas pidió 20.000 dólares para conseguir una sentencia absolutoria.
En cuanto a la fiscal Córdova, versiones que circulan en la prensa peruana aseguran que convenció a los jueces de que ella ignoraba que su esposo había pedido 7.000 dólares a los familiares de un acusado de narcotráfico y que estaba presente por casualidad cuando le entregaron el comprometedor sobre.
El caso de Nélida Colán, fiscal de la Nación y presidenta de la comisión que controla a sus colegas, surgió cuando una revista opositora reveló a fines de noviembre que compró por 750.000 dólares una lujosa mansión en un barrio elegante.
Colán está a cargo de la mas alta fiscalía desde 1990, y pese a su prestigio hasta entonces irreprochable, debió presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República el martes para explicar cómo adquirió esa propiedad.
Ella carece de fortuna, gana 5.000 dólares mensuales y no puede desempeñar ninguna otra ocupación rentada. Uno de sus acusadores, el congresista opositor Jorge del Castillo, observó que con sus ingresos no podría comprar esa vivienda ni juntando sus sueldos desde que asumió el cargo.
Colán sostuvo que la adquirió con los 500.000 dólares que le correspondían a ella y a su hermana por la venta de una casa en un barrio de clase media cuyo valor normal asciende a unos 200.000 dólares.
Ante la Comisión fiscalizadora del Congreso, Colán sostuvo que su casa se valorizó extraordinariamente por el interés de quien la adquirió en construir un edificio en el terreno.
Esa explicación convenció a los parlamentarios oficialistas que son mayoría en la comisión parlamentaria que por cuatro votos contra tres rechazó la investigación.
Pero no satisfizo a Del Castillo, quien reveló que uno de los propietarios de la empresa que compró la casa estaba denunciado ante la oficina de la Fiscal por estafa y delitos contra la fe pública.
"Esa circunstancia genera una incompatibilidad de intereses. La Fiscal no debió realizar un negocio semejante con la empresa de una persona sometida a su investigación, porque eso se presta a lamentables suspicacias", comentó Del Castillo.
El legislador dijo también que la fiscal realizó la transacción utilizando una hipoteca de 250.000 dólares , que deberá pagar en cuotas de 4.178 dólares mensuales y que sus ingresos no la califican para recibir un préstamo que, por otra parte, no parece en condiciones de pagar.
"Con los 800 dólares que le quedan tras pagar la hipoteca y calculando el pago de los impuestos municipales de la casa, los servicios de luz, agua y teléfono, la empleada de servicio y otros gastos de mantenimiento, no le quedaría dinero mas que para comer sobriamente y nada para ropa o libros", dijo Del Castillo.
"¿Por qué se sorprende? Si no puedo pagar quien limpie la piscina, la limpiaré yo misma. Y si no puedo pagar la luz, usaré velas. ¿Ropa? No necesito comprarla. Tengo ropa y zapatos para varios años", replicó la fiscal. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/98
