El gobierno y el parlamento de Paraguay oscilan entre un conflicto total y una salida negociada, mientras continúa sin ejecutarse la sentencia que obliga al Poder Ejecutivo a apresar a Lino Oviedo, el líder del oficialismo.
Oviedo ya dijo que no irá a prisión y prometió ordenar el corte de rutas y puentes internacionales desde la clandestinidad el próximo martes.
Si no renuncian cinco de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia que confirmaron esa sentencia, que responde a la rebelión que encabezó Oviedo en 1996, el ex comandante del Ejército amenazó con una primer obstrucción de caminos de ocho horas y otra, una semana más tarde, por tiempo indefinido.
El presidente Raúl Cubas se mostró dispuesto a dialogar con la oposición y el resto de su Partido Colorado, conducido por el vicepresidente Luis María Argaña, a quien responden los presidentes de ambas cámaras legislativas que procuran la destitución del primer mandatario.
El parlamento repudió en sesión extraordinaria el martes el decreto esgrimido por Cubas para no ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que le ordenaba devolver a su padrino político a la prisión militar para completar una pena de 10 años, sin posibilidades de ser indultado antes de que se cumplan cinco.
Los parlamentarios rechazan que se delegue la decisión a un tribunal castrense "incompetente" y sujeto a mandos oviedistas.
En caso de mantenerse este "abierto incumplimiento", el Congreso legislativo declaró que el Poder Ejecutivo se "transformaría en tiránico y dictatorial" por medio de una "ruptura institucional".
Al término de la sesión, que había sido suspendida la semana anterior "por falta de garantías", el presidente del Senado, Luis González Macchi, anunció que se retomará "el hilo del juicio político" al presidente Cubas, trámite que se empantanó por falta de votos, que ahora mejoran en el conteo opositor.
Por 49 diputados y 28 senadores se resolvió habilitar al presidente del Congreso para que tramite acciones judiciales contra los responsables del incumplimiento de la sentencia o amenazas de desacato.
Eso incluye al primer mandatario, a Oviedo y al viceministro del Interior, Atilio Monges, que respaldó la propuesta.
Los legisladores de la oviedista Unión Nacional de Colorados Eticos (Unace) se retiraron al comienzo de la sesión bicameral porque no se les reconoció un sistema de debate que permitiera el derecho a réplica.
En una sala separada exhortaron a Cubas "a convocar una mesa de diálogo, sin exclusiones, para llevar a la concordia".
Pero a la salida, el líder de la Unace en el parlamentario, senador Octavio Gómez, amenazó que va a imperar "la ley del Talión" de "ojo por ojo y diente por diente", y que si la oposición "quiere diálogo, van a tener diálogo" y "si tiran piedras, tendrán piedras".
Oviedo se despidió en público de su familia, preanunciando su regreso a la clandestinidad, como entre octubre y diciembre de 1997, cuando el ex presidente Juan Carlos Wasmosy lo mandó arrestar por declaraciones del militar a las que consideró ofensivas.
La oposición está dispuesta a analizar soluciones políticas que permitan a Oviedo quedar libre, siempre que el ex comandante del Ejército acepte volver antes a prisión, para no desacatar a la Justicia.
Oviedo desconfía que su regreso temporal a la detención castrense pueda ser permanente si Cubas es destituido y Argaña asume la presidencia. Por eso, su dirigencia propuso al gobierno un referéndum para decidir si será detenido o una apelación a la Corte Internacional de La Haya.
Domingo Laíno, presidente del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, defendió el martes la posibilidad de un diálogo, aunque el gobierno no lo haya procurado. (FIN/IPS/cm/mj/ip/98
