Las protestas de los últimos días en Panamá contra la privatización del servicio de agua potable y un decreto que transfirió algunos feriados a los lunes se tornan cada vez más violentas y amenazan con extenderse a todo el país.
Miles de manifestantes se enfrentaron el jueves con la policía hasta altas horas de la noche en la capital y en la ciudad de Santiago, ubicada 250 kilómetros al oeste, luego de ser reprimidos con gases lacrimógenos y perdigones.
En la ciudad de Colón, sobre la costa del Caribe, obreros y estudiantes realizaron concentraciones y bloquearon las calles principales durante todo el día.
Las protestas, convocadas por el Comité de Defensa de la Soberanía y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, comenzaron el día 3 con una manifestación hasta el parlamento, donde unas 10.000 personas fueron reprimidas por la polícia antimotines.
El miércoles, el mismo cuerpo policial reprimió otra protesta estudiantil y violó el recinto de la estatal Universidad de Panamá. Eso contribuyó a encender aun más los ánimos y a extender el conflicto a otras ciudades.
La ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, declaró que la represión contra los estudiantes y la violación de la autonomía universitaria se justificaron porque el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, "perdió el control y no actuó con diligencia desde el principio".
Según la versión del rector, la policía entró al recinto universitario cuando él ya había llegado a un acuerdo con los manifestantes "para que cesaran los actos y se retiraran". García Paredes prepara una serie de demandas contra los responsables de la irrupción policial.
La ley que consagró la autonomía universitaria sólo admite que la policía ingrese al recinto en caso de desastre, como terremotos e incendios, "y únicamente para socorrer a las víctimas", subrayó el rector.
Salvo en esas circunstancias excepcionales, ninguna autoridad, ni siquiera el propio rector, tiene facultades para ordenar el ingreso de la fuerza pública a la Universidad de Panamá, afirmó el jurista Carlos Rafael Rodríguez.
El presidente Ernesto Pérez Balladares dijo el jueves a los directores de los principales diarios y canales de televisión que los estudiantes son "delincuentes que se refugian en el recinto" universitario.
A su juicio, los reclamos de los manifestantes no son sinceros, y el único objetivo de los grupos que protestan es propiciar "enfrentamientos y desestabilización" para afectar la realización de elecciones el año próximo.
La misma acusación, pero contra el propio Pérez Balladares, fue formulada por los portavoces de los principales partidos de la oposición luego de los episodios de represión y de la violación de la autonomía de la Universidad de Panamá
Los dirigentes opositores consideran que "el excesivo uso de la fuerza no tiene relación con el tamaño y la intensidad de las protestas".
El clima de intranquilidad creado por las acciones policiales podría inducir a Estados Unidos "a no cumplir con la entrega del canal" de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como está previsto en los tratados de 1977, dijo este viernes la presidenta del opositor Partido Arnulfista, Mireya Moscoso.
En el ambiente político circula el rumor de que Pérez Balladares busca un pretexto para suspender las garantías individuales y convocar a una asamblea nacional constituyente que prorrogue su mandato hasta el año 2001.
"Hay algo detrás de todo esto. Se dice ya en la calle que no habría elecciones el año próximo", declaró Moscoso.
Pérez Balladares sufrió una derrota en el referendo realizado el 30 de agosto, cuando 68 por ciento de los votantes rechazaron una reforma constitucional que habría permitido la reelección del presidente en 1999.
Mientras, autoridades, funcionarios y estudiantes de la Universidad Autónoma de la provincia occidental de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, se declararon "en estado de alerta" tras la represión sufrida por los manifestantes en la capital y en la ciudad de Santiago.
La asociación de empleados de esa universidad declaró que "el triste episodio del miércoles recuerda las escenas que vivió el país durante los momentos más tenebrosos de la dictadura (del depuesto general Manuel Noriega), así como el terror y la persecución existentes en la invasión estadounidense de 1989". (FIN/IPS/sh/mp-ff/ip/98