Las autoridades de México no logran acabar con las denuncias del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), un pequeño grupo de soldados insurbordinados que señalan arbitrariedades de la justicia militar y piden cambios en la política económica del gobierno
Policías, agentes judiciales y soldados cumplieron este lunes 10 días de persecución a los militares rebeldes, que el día 18 realizaron una marcha de protesta por las calles de la capital, lo que desató una intensa discusión entre políticos y analistas.
Las autoridades se proponen detener a algunos insubordinados e impedir que el CPCP realice nuevas manifestaciones públicas. Pero los miembros del grupo continúan enviando comunicados de prensa, se reúnen con periodistas y declaran su admiración por el líder de la guerrilla zapatista.
La marcha de los cerca de 70 miembros del CPCP rompió públicamente la disciplina y reserva de las Fuerzas Armadas y su tradicional subordinación al poder civil.
El gobierno y políticos oficialistas minimizaron la presencia e importancia del grupo, integrado por tenientes, capitanes y soldados con procesos judiciales pendientes. Pero la cúpula de las Fuerzas Armadas reaccionó con dureza, y advirtió que someterá a los insubordinados.
La Secretaría (ministerio) de Defensa anunció que los miembros del CPCP serán sancionados por indisciplina y mal ejemplo.
El CPCP, que recibió la solidaridad de la guerrilla zapatista, de un sector del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la Asamblea de Barrios de la capital, asegura defender los intereses de soldados maltratados por la justicia militar.
El grupo criticó a los jueces militares y a autoridades castrenses que, según dijo, imponen castigos y violan derechos humanos, y también cuestionó el modelo económico y acusó al gobierno de cometer injusticias.
El teniente coronel Hidelgardo Gómez, líder visible del CPCP, comentó a la prensa que él y sus seguidores andan hoy "a salto de mata" por haber denunciado irregularidades y casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
Gómez, quien se declara admirador del coronel Hugo Chávez, ex golpista y ahora presidente electo de Venezuela, dijo al diario Reforma que su inspiración para disentir del ejército federal nació del subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El militar insubordinado, que se desempeñaba como médico gineco- obstetra en las Fuerzas Armadas, opinó que Marcos es un personaje positivo para México y que tiene la razón de su lado. Además, acusó al gobierno de ordenar la masacre de indígenas en el sureño estado de Chiapas, donde está asentado el EZLN.
Para la mayoría de políticos y analistas, la presencia del CPCP es una alerta sobre supuestas arbitrariedades de la justicia militar, por lo que demandan la revisión de ese fuero. Pero ni aún los críticos son partidarios de subordinar la justicia militar al poder civil.
La senadora Amalia García, del PRD, pidió la investigación de las denuncias del CPCP. No obstante, advirtió que los militares no deben tener injerencia en el área política y que las Fuerzas Armadas merecen el respeto de sus miembros.
El analista Raúl Benítez, del diario La Jornada, señaló que los militares pueden tener razón al demandar una justicia objetiva e imparcial, pero no pueden "jugar con fuego en términos políticos (…) al abanderar causas populares".
Similar postura expresó el columnista Sergio Sarmiento, de Reforma, quien respalda los pedidos de justicia del CPCP, aunque considera inaceptable que los militares en activo participen en política.
La presencia del CPCP, cuyo líder Gómez asegura contar con el apoyo de varios generales "que sin embargo prefieren no decir su nombre", coronó una serie de noticias que en los últimos cuatro años pusieron a los militares mexicanos bajo los reflectores a los que siempre eludieron.
La irrupción de la guerrilla zapatista, que llevó a un despliegue de soldados sin precedentes en Chiapas, las acusaciones de narcotráfico contra generales y la afiliación de algunos militares retirados al PRD, colocaron en el primer plano a las Fuerzas Armadas.
El mismo efecto tuvieron un proceso penal abierto contra un oficial de alto rango que exigió crear una figura semejante al defensor del pueblo para asuntos militares, acusaciones contra soldados por violación de derechos humanos y el fracaso de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia. (FIN/IPS/dc/ff/ip/98
