La disputa que Argentina y Brasil mantienen por el comercio del azúcar da al Mercosur (Mercado Común del Sur) la oportunidad de demostrar su capacidad para enfrentar las crisis internas y demostrar al resto del mundo cómo resolverá sus diferencias.
Brasil denunció a Argentina ante la Comisión de Comercio del Mercosur, en octubre, por los aranceles que este país impone al ingreso de azúcar de cualquier procedencia, incluyendo la producida por sus socios en el bloque (Brasil, Paraguay y Uruguay).
A fines de noviembre, Brasil adelantó que también acusará a Argentina de "dumping" y triangulación en la venta de leche en polvo, y esas disputas influirán en el clima de la Cumbre del Mercosur, este miércoles y el jueves en Río de Janeiro.
Argentina se quejó ante el Grupo Mercado Común por las licencias previas de importación que las autoridades brasileñas imponen y en las que Buenos Aires advierte una intención restrictiva.
Los dos gobiernos llegaron a un acuerdo de tipo sanitario, que entrará en vigor el día 15, para que el comercio de productos de origen animal, entre ellos los lácteos, no tenga obstáculos. A pesar del arreglo, Brasil no eliminó la "autorización previa" de importaciones, requisito que exige a todos los países.
Los exportadores no someterán sus envíos a inspecciones anteriores al embarque, pero, en cambio, deberán solicitar las licencias previas que, a partir del acuerdo sanitario, pasarán a ser "automáticas".
Las dificultades derivadas del comercio de azúcar y lácteos se cuentan entre los temas pendientes de resolución en la agenda de la unión aduanera.
Aunque diferentes, se trata de conflictos con raíces comunes, fundamentalmente vinculadas con intereses sectoriales y políticas internas que sobreviven en los estados miembro en abierta contradicción con los principios de los acuerdos supranacionales que suscribieron.
La forma en que los enfrenten y resuelvan dirá mucho sobre la madurez institucional, el grado de integración y la capacidad del bloque para hacer frente a las presiones políticas.
La polémica en torno del azúcar no ha registrado progresos en la definición de un régimen para el sector durante los últimos cuatro años.
Según el mandato del Consejo Mercado Común del Mercosur, el régimen azucarero debía contemplar la liberalización gradual de ese producto dentro del bloque y la corrección de las distorsiones derivadas de las políticas nacionales.
En la última Cumbre del Mercosur, mantenida en el mes de julio en Ushuaia, se decidió crear una comisión integrada por un representante de cada país, para determinar si existen o no subsidios a la producción azucarera en Brasil.
"Con los números en la mano podremos hablar", sostuvo el ministro de Industria de Brasil, José Botafogo Goncalves, quien aseguró que en la Argentina el sector azucarero "hace lobby".
El subsecretario de Comercio Exterior de Argentina, Félix Peña, afirmó que a partir del 1 de enero del 2000, "el azúcar no estará exceptuado del régimen de liberalización comercial del Mercosur".
Argentina acusa a Brasil de subsidiar el complejo sucroalcoholero (programa de alcohol de caña de azúcar como combustible de motores) y, por lo tanto, de impedir el desarrollo de condiciones equitativas para la competencia entre los socios del bloque.
Las autoridades de Buenos Aires consideran que la negativa brasileña a desregular el sector sucroalcoholero impide comenzar un programa de desgravación arancelaria del azúcar.
Brasil, por su parte, sostiene que la existencia del complejo sucroalcoholero no afecta los precios en el mercado internacional y, en consecuencia, no acepta la exclusión del azúcar del libre comercio intrabloque.
En Argentina, la producción azucarera es clave en algunas economías regionales, en particular en las del noroeste, y el diferendo aviva las presiones del sector privado.
Las presiones internas llevaron al Congreso argentino a votar en 1997 la ley 24.822, posteriormente vetada por el presidente Carlos Menem. Aún así, la ley fue ratificada por las cámaras de diputados y senadores y entró en vigencia.
La ley establece la aplicación de aranceles iguales a las importaciones de azúcar intra y extra Mercosur y determina que esos aranceles no pueden ser reducidos mientras subsistan las asimetrías que genera el programa de alcohol de caña en Brasil.
Brasil se presentó ante la Comisión de Comercio del Mercosur para solicitar la derogación de la ley argentina, el libre ingreso de su azúcar en territorio argentino y una indemnización por los perjuicios causados.
Argentina realizó sus descargos a fines de noviembre y responsabilizó de la situación a Brasil, alegando que ese país aplica 12 medidas directas e indirectas de subvención para la producción azucarera.
A pesar de que el Congreso insiste en la defensa de la ley 24.822, Menem encomendó a algunos de sus funcionarios que analicen, junto a legisladores de las provincias productoras de azúcar, la posibilidad de modificarla.
El diputado brasileño Paulo Bornhausen, del Partido del Frente Liberal, presentó un proyecto de ley destinado a imponer un arancel de 23 por ciento a todos los productos argentinos que contengan azúcar.
En lo que se refiere a los lácteos, Argentina considera que Brasil recurre a una serie de pretextos para obstaculizar el ingreso de esos y otros productos.
A pesar del acuerdo alcanzado en materia sanitaria, los productores argentinos entienden que no es una solución de fondo al problema y creen que Brasil insistirá en sus restricciones con otro tipo de argumentos.
Hasta mediados de noviembre, 40 por ciento de las exportaciones argentinas a Brasil, por valor de unos 3.000 millones de dólares, estaban sujetas a las licencias previas no automáticas del Ministerio de Salud de Brasil.
Los embarques de lácteos argentinos resultaron demorados durante más de 30 días y el ministro de Economía Roque Fernández declaró que se trataba de "la situación comercial más grave" que había enfrentado en su gestión.
Las autoridades brasileñas aseguran que las licencias de autorización previa no constituyen una traba para el comercio con Argentina.
Brasil aplica esas medidas desde hace un año y, aunque en un comienzo sólo eran exigidas para los lácteos, luego fueron extendidas a otros productos.
Argentina vende a Brasil 125.000 toneladas de leche en polvo por año. Los industriales brasileños del sector denunciaron que ese producto ingresa con precios menores al costo, lo que constituye un caso de dumping.
Los productores brasileños creen que Argentina no sólo vende la leche que produce, sino que también triangula la que adquiere a precio muy bajo en otros mercados, como Nueva Zelanda.
Las partes consideran que podrán avanzar en las negociaciones y llegar a acuerdos que agilicen y hagan más transparente el comercio de productos lácteos a diferemcia de la polémica referida al azúcar, donde las posiciones son más rígidas.
Botafogo Goncalves se manifestó contra la creación de un tribunal arbitral para dirimir la cuestión de los lácteos. "No se trata de una medida discriminatoria ni restrictiva, y puede ser perfeccionada", dijo, en relación con la exigencia de licencias previas.
"El proceso no está concluido y puede ser llevado adelante hasta lograr un entendimiento y alcanzar un perfeccionamiento para beneficio del Mercosur", sostuvo el ministro brasileño. (FIN/IPS/va/nc-ff/if/98
